El gravamen al 1% de las remesas que entró en vigencia desde este uno de enero, fue incluido en la ley fiscal estadounidense «One Big Beautiful Bill Act» (Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa, por su traducción al español).

Esta ley fue aprobada por el Congreso estadounidense en 2025 y firmada por el presidente Donald Trump y se aplica a las transferencias realizadas en efectivo o instrumentos similares, como cheques de caja. 

Según la información divulgada, solo quedan exentas las operaciones hechas desde cuentas bancarias enEstados Unidos o con tarjetas de débito y crédito emitidas en ese país.

Aunque la tasa final fue reducida desde la propuesta original del 5 % hasta el 1 %, el impacto no es menor para economías altamente dependientes de estos flujos, destaca un análisis del Center for Global Development (CGD ) publicado en 2025 . 

El informe del CGD advierte que, por cada incremento del 1 % en el costo de enviar remesas, el monto transferido cae en promedio un 1.6 %, debido tanto a la reducción del dinero enviado como a la utilización de diversas plataformas o empresas que cobran por estos envíos. 

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De acuerdo al análisis de CGD de los países de Centroamérica, El Salvador sería el más afectado en términos proporcionales, con una pérdida estimada de $198 millones anuales, equivalente al 0.6 % de su Ingreso Nacional Bruto (INB). 

El nuevo impuesto deberá ser pagado por el remitente y se suma a las comisiones que ya cobran las empresas de transferencia, que rondan en promedio el 6%. 

Quienes envían montos pequeños, entre $250 y $300 mensuales, serán los más afectados.

El impuesto se aplica ahora a todos los remitentes, incluidos ciudadanos estadounidenses, tras varias modificaciones al proyecto original que inicialmente solo gravaba a no ciudadanos.

En términos absolutos, México lideraría las pérdidas con más de $1,500 millones al año, seguido de India, Guatemala y República Dominicana.

Alta dependencia de las remesas

El impacto del nuevo impuesto se explica por el peso que las remesas tienen en la economía salvadoreña. 

Solo hasta noviembre de 2025, el país recibió $ $9,021.7 millones en remesas, con un crecimiento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior, monto que representó alrededor del 24.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Estados Unidos fue el origen del 91.62 % de esos envíos, muy por encima de Canadá, que apenas aportó el 0.98 %.

Además, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples indica que 26.4 % de los hogares salvadoreños recibe remesas, lo que las convierte en una fuente clave para el consumo diario, el pago de servicios básicos y la reducción de la pobreza.

El Overseas Development Institute (ODI) citado por la página de Univisión coincide en que el impuesto afectará con mayor fuerza a los países centroamericanos, al reducir los ingresos familiares, contraer la demanda interna y generar presiones cambiarias. 

«Las remesas tienden a tener un mayor impacto en la reducción de la pobreza que otros flujos financieros», advierte el organismo.

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César Ríos, experto en temas migratorios, destacó recientemente  que los migrantes han estado enviando más remesas en los últimos meses.

Los reportes del BCR indican que en 2025 se reportan 16 envíos en todo el año, con montos más altos, lo que puede hacer inferir que los compatriotas han incluso enviado ahorros- en remesas, por temor a una deportación. 

Ríos indicó que 2026 estará determinado por dos cosas concretas, se van a disminuir los montos de envío de este tipo de divisas y el impuesto del 1% a las remesas, influirá en estos envíos.

De acuerdo al analista, las remesas van a presentar un descenso paulatino de ingresos, lo que va a afectar la capacidad de compra de la población mas pobre que recibe estos ingresos y esto a su vez, tendrá un impacto en el Producto Interno Bruto del país, dijo.

Especialistas advierten que el gravamen podría empujar parte de las remesas hacia canales informales, como envíos a través de terceros, paqueteros o incluso criptomonedas, lo que reduciría la trazabilidad de los flujos y abriría espacios a actividades ilícitas.

Además, el ODI y el CGD señalan que la medida podría tener un efecto contrario al objetivo migratorio del gobierno estadounidense.

Al disminuir los ingresos de las familias receptoras, podría aumentar la presión para migrar, en lugar de reducirla.

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«Si las remesas dejan de fluir, las familias tendrán que buscar otras alternativas de ingresos, lo que podría traducirse en una mayor migración a largo plazo», advirtió Helen Dempster, experta en migración del CGD.

Un golpe adicional al bolsillo 

Al gravamen a los ingresos enviados desde el exterior se suma a otros factores que incrementan la vulnerabilidad externa de El Salvador, como el aumento de deportaciones y los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. 

Un análisis del Grupo Cibest difundido en agosto de 2025 sitúa a El Salvador como el segundo más vulnerable de la región, solo detrás de México, ante las nuevas medidas adoptadas por la administración Trump.

Con la entrada en vigencia del impuesto, El Salvador inicia 2026 con un nuevo desafío para su principal fuente de divisas, en un contexto en el que las remesas siguen siendo un pilar clave para la estabilidad económica y social del país.