El bono demográfico en los países describe esa etapa en la que la población en edad de trabajar (PET) supera ampliamente a la población dependiente, es decir, a ese grupo poblacional ocupado por niños menores de 15 años y adultos mayores de 65, creando condiciones favorables para aumentar aspectos como la productividad, el ahorro y la sostenibilidad de los sistemas sociales. Sin embargo, esa etapa no es permanente y, para el caso salvadoreño, comienza a mostrar señales claras de agotamiento debido a distintos cambios demográficos.

De acuerdo con la investigación Estructura poblacional y bono demográfico en El Salvador, publicada en la Revista Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador (UES) en 2023, estos cambios en las características de la población incluyen la reducción sostenida de la mortalidad, la cual pasó de 18 a 8.4 por cada mil habitantes entre 1960 y 2020, así como la disminución acelerada de la fecundidad, que pasó de 6.6 hijos por mujer a 1.8 en el mismo período.

Asimismo, la investigación apunta que ha habido aumento de la esperanza de vida, que alcanzó 75 años en mujeres y 66 años en hombres. Estos factores, que actualmente podrían significar un empuje al crecimiento económico del país por representar una población disponible para trabajar más amplia, también denotan el inicio de un proceso demográfico en el que la población dependiente irá incrementando.

Según el mismo estudio, la población de 0 a 4 años en El Salvador pasó de representar el 11.7% en el año 2000 a apenas el 5.9% en 2022, mientras que las personas mayores de 65 años aumentaron del 6.79% al 11.23% en ese mismo período, al mismo tiempo que la edad promedio nacional subió de 26.68 años a 33.48 años entre los años 2000 y 2022. En conjunto, estos datos podrían confirmar una transición demográfica, es decir, la sociedad irá avanzando progresivamente hacia un promedio de edad mayor. “La pirámide poblacional se está invirtiendo”, apunta el estudio.

Para ser más precisos, según el estudio de la UES, mientras que en el año 200 había hasta 425,599 personas mayores de 65 años, en el 2022 se registraron hasta 649,645, lo que quiere decir que unas 224,046 personas salieron de su edad productiva y se incorporaron al grupo etario de la población dependiente.

Esta transición demográfica también es abordada por la economista e investigadora Iliana Álvarez, quien en la investigación Bono demográfico para la construcción de la sociedad del cuidado: un análisis desde la economía de la educación apunta que estos cambios en las características de la población representan una oportunidad para “para maximizar el crecimiento y desarrollo económico y social. Sin embargo, para que este bono sea verdaderamente aprovechado, es necesario realizar inversiones en áreas clave como salud, educación y vivienda, con el objetivo de mejorar la calidad de la fuerza laboral y su capacidad productiva”.

224,046 PERSONAS

Salieron de la edad “productiva” y entraron al grupo de la población dependiente desde el año 2000

El bono demográfico entra en su fase final

La investigación de Álvarez Escobar advierte que el bono demográfico constituye “una etapa en la que la proporción de personas en edad de trabajar supera a las dependientes, creando una oportunidad para el desarrollo económico”. No obstante, añade que esa oportunidad tiene límites temporales, por lo que en El Salvador el máximo aprovechamiento de este bono demográfico se ubicaría alrededor de 2030 y podría cerrarse hacia 2050, año en el que, según las tendencias actuales, la población dependiente será mayor que la población productiva.

Aun así, como sugieren los análisis académicos, el país no ha podido aprovechar esta ventana demográfica, pues, aunque el bono demográfico suele asociarse a mayores tasas de crecimiento económico, el estudio de la UES indica que entre 2000 y 2022 el PIB creció en promedio 1.98% anual, lo que evidencia un impacto poco significativo del bono sobre la producción nacional. Esto se suma a otros problemas estructurales, tales como el bajo dinamismo económico o la baja generación de empleo formal.

Por su parte, y desde una perspectiva regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que estos cambios en la estructura demográfica modifican directamente las presiones fiscales para los países, ya que el aumento de adultos mayores eleva las demandas de protección social.

“El envejecimiento poblacional se ha asociado frecuentemente con perspectivas desfavorables para el crecimiento económico y los espacios fiscales. Entre las principales razones que se esgrimen están la reducción de la oferta laboral y la productividad, así como el aumento del gasto público en pensiones y salud, que pone en peligro la sostenibilidad de su financiamiento”, señala la CEPAL en su informe titulado Impactos económicos del envejecimiento en América Latina y el Caribe, publicado en 2025.

Las pensiones bajo presión

Si relacionamos las diferentes aristas del bono demográfico y el envejecimiento poblacional, podemos inferir que este cambio tiene implicaciones directas para el sistema de pensiones en el país, sobre todo, porque es la fuerza productiva actual la que mantiene a flote las cuentas previsionales, ya que muchas de las personas ya jubiladas siguen recibiendo pensión debido a que sus ahorros individuales se han agotado y deben subsidiarse a través de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS).

Ante esto, el economista Otto Boris Rodríguez señala que el bono demográfico sigue siendo relevante para la sostenibilidad previsional, pero confirma que en El Salvador “tiende a diluirse, ya que la tasa de natalidad tiende a la baja”, por lo que, en consecuencia, el envejecimiento implica que habrá menos trabajadores financiando a una población jubilada cada vez mayor, alterando el equilibrio financiero del ya estresado sistema previsional salvadoreño.

Además, Rodríguez advierte que el envejecimiento poblacional también tiene efectos económicos más amplios, ya que este segmento “se va volviendo menos versátil, reduciendo su productividad y también su capacidad de adaptarse a un entorno tecnológico cada vez más cambiante”, lo que puede limitar el crecimiento económico futuro y, por extensión, la capacidad del sistema para sostenerse mediante mayores contribuciones laborales, lo que se suma a la ya mencionada informalidad, es decir, ese grupo poblacional que, pese a mantenerse económicamente activo no cotiza al sistema ni goza de otros beneficios sociales.

1.98% ANUAL

Es lo que creció, el promedio, la economía del país entre 2000 y 2022

De hecho, el estudio de la UES coincide en este punto y advierte que esta transición demográfica representa “un riesgo a futuro, por el envejecimiento de la población y la presión que esto representará para los sistemas previsionales y sociales”, por lo que el desafío deja de ser únicamente institucional y pasa a convertirse en un problema estructural vinculado a la demografía, el mercado laboral y la productividad económica.

En ese contexto, “una reforma de pensiones difícilmente podrá resolver por sí sola los efectos del cambio poblacional”, advierte Rodríguez, quien también apunta que la posible reforma al Sistema de Pensiones que ha solicitado el FMI, y de la cual aún no hay una propuesta, podría enfocarse en corregir problemas inmediatos relacionados con las finanzas públicas, pero explica que si no se abordan las tendencias demográficas de fond, la reforma podría terminar funcionando únicamente como un “balón de oxígeno” temporal para las finanzas públicas, sin modificar las presiones estructurales que emergerán en las próximas décadas.

Estas proyecciones sobre el fin del bono demográfico podría derivar en que el Estado, en las próximas décadas, se vea obligado a adoptar medidas para garantizar (de nuevo) la sostenibilidad del sistema. Rodríguez considera que, aunque la reforma que ya se espera podría contener aumentos a la edad de jubilación, podría haber en el futuro más reformas enfocadas en esa línea (incluyendo el aumento en las cotizaciones) para “intentar corregir nuevamente el sistema” pero, añade, “una de las pocas opciones que pueden dar oxígeno es la paulatina incorporación del sector informal bajo algún esquema de incentivos”.

“El envejecimiento poblacional se ha asociado frecuentemente con perspectivas desfavorables para el crecimiento económico y los espacios fiscales. Entre las principales razones que se esgrimen están la reducción de la oferta laboral y la productividad, así como el aumento del gasto público en pensiones y salud, que pone en peligro la sostenibilidad de su financiamiento”. – CEPAL