Los datos más recientes confirman que la informalidad continúa siendo uno de los rasgos estructurales del mercado laboral salvadoreño.

Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) 2024, alrededor de 815,005 personas trabajan en el sector informal, de un total superior a 1.8 millones de salvadoreños en edad productiva. Esto equivale a más del 45.7 % del total de ocupados en el país.

Estimaciones de otras fuentes elevan aún más esta proporción. El Mapa socioeconómico: Guía para los nuevos 44 municipios de El Salvador, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), calcula que siete de cada diez personas ocupadas tienen un empleo informal.

El propio estudio advierte que este tipo de ocupación, además de carecer de seguridad social, suele estar asociado a menores ingresos y mayor vulnerabilidad económica.

Las brechas territoriales son marcadas. En Morazán Norte y San Miguel Norte, ambos en la región oriental, la informalidad alcanza el 94 % de la población ocupada, lo que significa que prácticamente todo el empleo se genera fuera del sector formal.

En contraste, departamentos como La Libertad Este (50 %) y San Salvador Centro (51 %) registran niveles más bajos, aunque aun así la mitad de sus trabajadores se encuentra en condiciones informales.

El Observatorio Mype de la Fundación para el Desarrollo Integral (FUSAI) señala que cerca del 99 % del parque empresarial del país está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, aunque aclara que no todas operan necesariamente en la informalidad.

Sin embargo, los datos laborales muestran que la informalidad se concentra con fuerza en un tipo específico de ocupación.

De acuerdo con la EHPM, 798,652 personas trabajan por cuenta propia dentro del sector informal, convirtiendo a este segmento en el principal termómetro de la precariedad laboral. Se trata de trabajadores expuestos a ingresos inestables, ausencia de protección social y mayor riesgo de caer en pobreza.

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El problema se agrava por las condiciones en las que desarrollan su actividad. Según el documento «Análisis de la informalidad en El Salvador», elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR), entre el 75 % y el 79 % de estos trabajadores por cuenta propia no cuenta con un local, lo que significa que generan ingresos desde el hogar, la calle o espacios no aptos para la actividad comercial formal.

Este grupo concentra casi ocho de cada diez empleos informales del país, confirmando que la mayor precariedad se localiza en actividades económicas sin infraestructura mínima ni respaldo institucional.

Además, el ingreso promedio oscila entre los 365 y los 389 dólares mensuales, sobre todo para quienes están dentro del rubro del comercio, para los de servicio doméstico es aun menor.

Además, la informalidad persiste incluso entre quienes sí cuentan con un local. El documento del BCR advierte que más del 60 % de los trabajadores por cuenta propia con establecimiento físico continúa operando de manera informal, lo que evidencia que la formalización no depende únicamente de poseer un local, sino de factores como ingresos insuficientes, costos regulatorios y limitado acceso al financiamiento.

Por actividad económica, los mayores niveles de informalidad se concentran en el comercio, la construcción, el transporte y el servicio doméstico.

Este último supera el 70 %, mientras que la construcción oscila entre 58 % y 65 %, y el comercio entre 55 % y 61 %. En el extremo opuesto se encuentran la administración pública, con niveles cercanos al 1 %, y los servicios financieros, donde la informalidad varía entre 12 % y 25 %.

Estos sectores agrupan a trabajadores con mayor nivel educativo y mejores condiciones laborales, reforzando la relación entre capital humano y empleo formal.

Informalidad y pobreza 

El perfil del trabajador informal —detalla el BCR— «se concentra en actividades de bajo valor agregado, alta rotación y escasas oportunidades de movilidad laboral».

Por ramas de actividad, el comercio, hoteles y restaurantes concentra el mayor número de ocupados, con 926,503 personas, seguido por la industria manufacturera (404,598) y la agricultura, ganadería y pesca (399,813).

Aunque estos sectores son clave para absorber mano de obra, también concentran una elevada proporción de empleo informal y trabajadores con baja escolaridad. A ellos se suman los servicios comunales, sociales, de salud y los hogares con servicio doméstico, que reúnen a más de 348,000 ocupados, en esquemas de menor estabilidad.

Las cifras confirman que el desafío del mercado laboral no es únicamente crear empleo, sino mejorar su calidad.

«Mientras persistan trabajadores en la informalidad y con bajos niveles educativos, el país enfrentará límites estructurales para elevar ingresos, reducir pobreza y fortalecer su base productiva», advierte el análisis.

Reducir la informalidad se ha colocado en la agenda del gobierno. Desde su instalación en agosto pasado, el Consejo Superior del Trabajo ha definido este objetivo como una prioridad de corto plazo.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que ya se cuenta con un estudio preliminar —una radiografía del sector— que permitirá diseñar rutas para avanzar hacia la formalización de miles de trabajadores.

Escolaridad, otro reto

El bajo nivel educativo sigue siendo otro de los principales tropiezos para la formalización. De los 2.93 millones de ocupados, más de 850,000 no superan los seis años de estudio, lo que limita severamente sus posibilidades de acceder a empleos estables y bien remunerados.

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En estos niveles predominan el trabajo por cuenta propia, el empleo temporal y los servicios domésticos.

La relación entre informalidad y pobreza es directa. De 1.82 millones de personas ocupadas, 365,088 viven en condición de pobreza. De ellas, más de seis de cada diez trabajan en el sector informal. Este sector agrupa a 815,005 ocupados, de los cuales 226,641 son pobres, incluyendo 54,895 en pobreza extrema.

En contraste, el sector formal concentra 1,006,440 trabajadores, pero solo 138,447 se encuentran en condición de pobreza. Además, 867,993 trabajadores formales no son pobres, casi el doble de los informales en esa condición (588,364), lo que evidencia la brecha en ingresos, estabilidad y acceso a protección social.

Finalmente, la EHPM revela que los trabajadores con 10 a 12 años de estudio y 13 años o más, que superan los 1.34 millones de personas, participan mayoritariamente como asalariados permanentes, con mayor inserción en actividades formales y acceso a ingresos estables.

Esta brecha educativa, concluye el BCR, no solo afecta a los trabajadores, sino que condiciona la productividad, la capacidad de atraer inversión y el crecimiento económico del país.