La escalada del conflicto en Medio Oriente y el aumento reciente en el precio del petróleo han encendido las alertas en distintos sectores económicos, pero hasta ahora no existe una justificación para que los comercios incrementen los precios de los alimentos o de otros bienes en El Salvador, según el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez.

Según Pérez, por el momento cualquier alza en productos que se atribuya desde ya a la guerra en Irán sería un caso de especulación, y apunta que “en estos momentos no hay causa para que podamos estar hablando de un incremento de precio de los alimentos”.

Esta  advertencia surge en un momento en que el mercado internacional del petróleo registra fuertes fluctuaciones, mientras que representantes del sector transporte prevén que el país podría enfrentar un nuevo aumento en el precio de los combustibles pues, según las estimaciones de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), el diésel podría experimentar un incremento de hasta $0.52 por galón, un aumento que estaría vigente durante las próximas dos semanas. El nuevo anuncio de precios lo hará la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas este día.

El posible aumento genera preocupación porque el diésel es el combustible que utiliza el transporte de carga, por lo que un alza podría traducirse en mayores costos de movilización de mercancías, especialmente en el comercio regional centroamericano. No obstante, Pérez sostiene que, incluso en ese escenario, todavía es demasiado temprano para trasladar ese impacto a los precios finales de los productos.

“Las alzas que hemos visto en materia de combustibles en la región centroamericana rondan entre el 1% y el 3%. Por tanto, eso no justifica por ningún motivo que se presente un incremento de precio”, explica.

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Hasta la mañana de ayer, domingo 15 de marzo, el barril de petróleo se cotizaba alrededor de los $98.7, según datos del portal Investing.com, aunque su precio ha mostrado variaciones significativas en los últimos días (bajó desde los $119 registrados el pasado lunes), lo que, según el CDC, impide hablar todavía de una tendencia clara, es decir, que el precio tendría que mantenerse, aunque alto, estable para definir un impacto más significativo en los bienes de consumo.

“Tendríamos que esperar una tendencia. Si estos precios se mantienen elevados durante más tiempo, entonces sí podrían afectar los costos logísticos y la cadena de suministro, pero en este momento es muy prematuro decir que ya podemos estar hablando de incrementos”, señala Pérez, quien también apunta que “ya hemos tenido precios más altos en meses anteriores, arriba de los $4, y cuando cruzamos los datos con los precios de la canasta básica no hemos visto incrementos sustanciales”.

Por lo anterior, el director ejecutivo del CDC insiste en que cualquier incremento de precios que se atribuya directamente al conflicto sería injustificado pues, “sería pura especulación”.

Ante esa posible subida de precios, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, señaló la semana pasada que la institución se mantiene monitoreando el comportamiento de los precios para evitar prácticas abusivas o especulación que utilicen como excusa el conflicto internacional.

Por ello, Pérez considera como fundamental que todas las instituciones que tienen que ver con la vigilancia de mercado estén pendientes y, sobre todo, que se le dé seguimiento a los precios, pues “ahí es donde uno analiza dónde pueden haber alzas y de dónde provienen”, subraya, a la vez que consideró importante que la ciudadanía reporte a través de redes sociales esos posibles aumentos.

Por otro lado, recientemente distintas gremiales empresariales señalaron que los efectos del conflicto sobre la economía salvadoreña podrían ser moderados si la crisis no se prolonga demasiado, sin embargo, aún no hay señales de que vaya a terminar pronto, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer en una entrevista con NBC News que “Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, una afirmación que sugiere que el conflicto podría prolongarse.

Sobre el acaparamiento de maíz

Por otro lado, un producto que sí ha registrado algunos aumentos (injustificados) recientemente es el maíz, un grano básico que según los representantes de varias gremiales de productores agrícolas está siendo acaparado por algunos comerciantes, sobre todo, para poder especular con el precio y venderlo a un precio más alto.

Según Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas (CAMPO), el problema no se debe a escasez de producto sino a prácticas especulativas, pues “los comerciantes tienen la mayor cantidad de producto acopiado y ahorita le están subiendo al maíz. Entonces, la elevación de precio no se da por escasez de producto, sino que ellos ya lo tienen acaparado y están especulando con el precio”, afirma.

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La Defensoría del Consumidor, por su parte, confirmó esta situación y señaló el pasado 12 de marzo que también ha detectado aumentos inusuales. De acuerdo con su presidente, Ricardo Salazar, algunos comercios han llegado a ofrecer el quintal de maíz por encima de los $25, a pesar de que no existen problemas de importación ni de demanda que justifiquen ese incremento.

Según el Informe Semanal de Precios en Mercados y Tiendas Mayoristas que publica dicha institución, hasta el 26 de enero el quintal de maíz se cotizaba en $21 en la zona central del país, por lo que el aumento identificado ronda los $5 por quintal.

En este sentido, el funcionario advirtió que “el acaparamiento es un delito, y la sanción es de tres a cuatro años de prisión, y si ocurre en un caso de emergencia o calamidad, la pena aumenta de cuatro a seis años”, advirtió.

Aunque el CDC aún no cuenta con datos propios sobre estas denuncias, Pérez subraya que “el problema del acaparamiento es que quienes están en el negocio de los bienes lo hacen esperando situaciones críticas para luego sacar al mercado esos productos y revenderlos a un precio más alto”, explica.

No obstante, también señala que este tipo de prácticas puede detectarse con relativa facilidad si existe vigilancia del mercado, por lo que apunta: “El que acapara y compra a cierto precio tendría que demostrar con factura dónde lo compró y por qué lo está vendiendo mucho más caro. Por eso es importante esta vigilancia de mercado”.

Debido a lo anterior, lo que se suma a la incertidumbre de lo que podría provocar el conflicto internacional, el CDC considera que la prioridad debe ser proteger el poder adquisitivo de la población y evitar que la coyuntura sea utilizada como excusa para incrementar precios, sobre todo, en una economía familiar que en los últimos años ha tenido que enfrentar severas alzas en el costo de la vida, principalmente de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).