Cuatro exempleados de un supermercado enfrentan un proceso judicial por hurto agravado y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública y serían investigados en libertad por decisión del Juzgado Octavo de Paz de San Salvador.

A Fermín Campos, Tomás Antonio Bautista Espinoza, José Fermín Aguilar Díaz y Manuel Wilfredo Barrera Pérez les fueron decretadas medidas alternas a la detención a cambio de no salir del país, no cambiar de domicilio, firmar cada 15 días en el juzgado que conoce el caso.

Además, cada uno debe pagar una caución económica de siete mil dólares, que servirán para garantizar que seguirán presentes durante el proceso judicial.

Los hechos por los que son procesados los cuatro hombres ocurrieron entre el 18 de julio y el 12 de octubre de 2022, en una sucursal de un supermercado ubicada en el paseo General Escalón, en San Salvador.

Los acusados ocupaban cargos de jefe de carnes, auxiliar de carnes, supervisor de carnes y motorista, y de acuerdo al reporte judicial, habrían solicitado productos cárnicos a otras sucursales que, aunque fueron registrados en el sistema de ingreso de mercadería, nunca fueron recibidos en la bodega físicamente.

La acusación establece que fueron once hurtos que totalizaron 4,400 libras de diferentes cortes de carne y que el valor de lo hurtado ascendía a 27,463.75 dólares.

Condenan a exempleados de cafetería

Tres extrabajadores de una cadena de cafeterías fueron sentenciados en juicio por los delitos de administración fraudulenta y apropiación o retención indebida.

Juan José Rivera Rivas sumó una pena de nueve años de cárcel por ambos delitos, mientras que José Giovanny Avilés y Carlos Amílcar Mazariego Montalvo recibieron condenas de cuatro años de cárcel por administración fraudulenta.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla giró órdenes de arresto contra los dos últimos, según el reporte judicial sobre el proceso.  La Fiscalía acusó a siete personas en total pero las otras cuatro fueron absueltas de toda responsabilidad.

De acuerdo con la acusación fiscal, a los imputados les atribuyeron el hurto de $268,000 de la empresa, sin embargo, en este proceso el juez no pudo determinar el monto real de lo hurtado, pero sí confirmó que existió el delito.