Ubicada en un paraje aislado de la provincia costera de Santa Elena, la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador -una de las grandes infraestructuras prometidas por el presidente Daniel Noboa que aspira a replicar el ‘modelo Bukele’- recibió este lunes los primeros 300 presos, un grupo calificado de alta peligrosidad, entre los que se encuentra el exvicepresidente correísta Jorge Glas.
El traslado de prisioneros se produjo apenas un día después de que 31 presos fueran asesinados en un enfrentamiento entre integrantes de dos bandas criminales rivales dentro de la cárcel de Machala. El Gobierno atribuyó la masacre a este movimiento carcelario, rechazado por los prisioneros.
La llegada de presos a esta cárcel se dio además en el inicio de la decisiva semana donde Noboa se juega su capital político con un referéndum que ha convocado para establecer una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, entre otras reformas como la instauración de bases militares extranjeras.
Este recinto penitenciario, con capacidad para 736 reclusos, era una de las grandes promesas de Noboa al llegar al poder en 2023, junto a otra de similares características que no llegó todavía a cristalizar.
La construcción comenzó en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares (unos 45 millones de euros) y las obras estuvieron a cargo de la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del español Grupo Puentes, que controla la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.
Bautizada por Noboa como la Cárcel del Encuentro en referencia al lema del Gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), al que reemplazó el actual mandatario, esta cárcel se encuentra en un paraje inhóspito de la provincia costera de Santa Elena, una de las más afectadas por la criminalidad y violencia que asola al país desde hace años.
Noboa da la «bienvenida» a Glas
Horas después de que se anunciara el traslado de reos, el presidente confirmó la presencia del exvicepresidente correísta en las nuevas instalaciones a pesar de las últimas medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que solicitaban al Estado ecuatoriano garantizar la salud física y mental del expolítico.
«Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales», escribió Noboa en redes sociales junto a unas fotografías de Glas, que hasta ahora se encontraba en la cárcel de La Roca, vestido con los habituales trajes naranjas de los reos.
Sobre Glas pesan actualmente tres condenas por delitos de corrupción, y desde abril de 2024 volvió prisión después de que Noboa ordenase asaltar la Embajada de México en Quito para recapturarlo y sacarlo a la fuerza, una vez que el exvicepresidente había recibido asilo del Gobierno mexicano, al considerarlo un perseguido político.
Más de 600 muertos por violencia carcelaria
Esta cárcel fue impulsada por Noboa como respuesta a la crisis de violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales como Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos, entre otros.
El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos.
Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro. pic.twitter.com/fu3OJQ7fhC
Según detalló el ministro del Interior, John Reimberg, la prisión cuenta con «todas las medidas tecnológicas» para que «no pueda ingresar ningún artefacto ajeno a lo que debe existir dentro de este centro carcelario», además de disponer de «todo lo necesario para la atención médica» y así evitar que los presos tengan que salir hacia hospitales.
Se prevé, también, que el Gobierno contrate a policías y a militares retirados para que se encarguen de su seguridad, en lugar de los agentes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la oficina del Ejecutivo encargada de administrar y custodiar las prisiones.
Las gran mayoría de prisiones de Ecuador están militarizadas desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró el «conflicto armado interno» para combatir la violencia en el país, que vive la peor crisis de su historia reciente al punto de situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.
