Un juez federal de Tennessee ordenó el lunes a funcionarios de la Administración del presidente, Donald Trump, abstenerse de realizar declaraciones que puedan perjudicar el proceso penal contra Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño al que intentan deportar hacia un país africano.
La orden del juez de distrito Waverly Crenshaw fue dirigida a los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS) y advirtió en su resolución que los empleados que no cumplan con esta instrucción podrían ser sancionados por hacer afirmaciones que tengan «una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente» el caso.
En su opinión, Crenshaw calificó de «preocupantes» las declaraciones extrajudiciales realizadas por altos funcionarios, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al señalar que muchas de ellas «han sido exageradas o simplemente inexactas».
El magistrado citó especialmente los comentarios que vinculaban a Ábrego García con la MS-13.
El juez subrayó que esas afirmaciones violan una norma local que limita los comentarios públicos de los empleados gubernamentales sobre casos penales en curso. Por ello, ordenó a la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee notificar formalmente a los funcionarios del DOJ y del DHS sobre la obligación de respetar esa regla.
En una orden separada, Crenshaw pidió además al Gobierno entregar bajo sello judicial los documentos que expliquen su cambio de postura respecto al acusado: pasar de la intención inicial de «deportar sin procesar» a la de «procesar y luego deportar» a Ábrego García, a quien las autoridades buscan enviar a Liberia.
