La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego por desconocidos que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.
El Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pende de un hilo después de que la mayoría de las fuerzas políticas que respaldaron su permanencia en el cargo durante más de dos años señalaran que este mismo jueves se debe debatir y votar un pedido de vacancia (destitución) por su presunta «incapacidad moral permanente» para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.
Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/Kazuhiro Nogi/Pool
La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego por desconocidos que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.
Este ataque, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor, encendió las protestas como un reguero de pólvora y generó el rechazo ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.
Las tres mociones plantean declarar la incapacidad moral de la mandataria para combatir la creciente inseguridad a manos del crimen organizado, cuando restan apenas seis meses para la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, donde se elegirá al sucesor o sucesora de Boluarte, la presidenta más impopular de Latinoamérica con un 3 % de aprobación, según varias encuestas.
Ante la presión popular, los partidos, en su mayoría conservadores, que aseguraron la permanencia de la gobernante en el cargo, se reunieron de urgencia y paulatinamente fueron comunicando su apoyo a la destitución, que fue planteada en primer lugar por el partido ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Desde el partido Fuerza Popular, de la líder política Keiko Fujimori, hasta Alianza Para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, informaron su decisión de apoyar el fin del mandato de Boluarte.
López Aliaga, Fujimori y Acuña figuran, además, del empresario José Luna, del partido derechista Podemos Perú, como aspirantes a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026.
Se sumaron también otras bancadas de derecha como Acción Popular (AP) y Avanza País, y las bancadas de izquierda e independientes, que presentaron sus propias mociones de destitución de la gobernante, que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, del que era su vicepresidenta.
Al momento de explicar su decisión, los portavoces de las bancadas usaron términos como «inutilidad» e «incapacidad» del Gobierno, así como la necesidad de actuar «por el bien del país» para implementar un cambio de timón que permita imponer acciones férreas para combatir el avance de la criminalidad.
De acuerdo con proyecciones de analistas y medios locales, el apoyo a la destitución es tan abrumador que puede alcanzar a más de 120 de los 130 legisladores del Congreso unicameral de Perú.
El procedimiento parlamentario indica que las agrupaciones primero tienen que ponerse de acuerdo en los términos de la moción final que se presentará, tras lo cual este planteamiento deberá ser votado para determinar si se acepta a debate.
De proceder esta medida, el presidente del Congreso, el conservador José Jerí, deberá convocar a Boluarte para que se presente, o envíe a su defensa legal, ante el pleno, en un plazo máximo de tres días.
Tras ese procedimiento, que puede acelerarse si cuenta con la votación de 104 legisladores, se iniciará el debate y votará para decidir si se aprueba la destitución, que requiere de 87 votos parlamentarios.
De concretarse esta acción, Boluarte se convertirá en la quinta presidenta peruana desde 2016 que dejará el cargo sin cumplir su período de gobierno, desde Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).
El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, anunció este jueves que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte aceptará la decisión que tome el Congreso sobre los pedidos de vacancia (destitución) que se han presentado contra la mandataria por una presunta «permanente incapacidad moral».
«Nos someteremos al control político que la Constitución y el Congreso manda», señaló Arana al término del debate parlamentario en el pleno, tras haber sido invitado a presentar las acciones del gobierno para enfrentar el desborde de la criminalidad en el país.
Arana manifestó, sin embargo, su «preocupación» porque, según dijo, cada uno de los 53 legisladores que participaron en el debate posterior a su presentación presentó un argumento distinto para solicitar la destitución de Boluarte.
El presidente del Consejo de Ministros añadió que el incremento del crimen organizado «no se resuelve con una vacancia», pero reiteró que las autoridades del Ejecutivo no se «aferran al cargo».
«Hoy, con hidalguía y orgullo, podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidente Dina Boluarte», añadió en su despedida del pleno, que se apresta a tomar una decisión sobre las cuatro mociones de vacancia que se han presentado.
El presidente del Consejo de Ministros aseguró que el país no puede retroceder, puesto que estos dos años y medio representan «la muestra plausible que desde un Gobierno se pueden atacar las brechas sociales y que se puede trabajar honestamente».
Arana explicó ante el pleno las medidas que ha tomado el Ejecutivo ante el aumento de la criminalidad y afirmó que se han tomado en serio esta lucha, peses a las críticas del Legislativo.
«No ha existido por parte de nuestro gobierno inacción y ausencia de respuesta inmediata al clamor de la ciudadanía», indicó.
La congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, que apoya las hasta cuatro mociones de vacancia (destitución) presentadas este jueves contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó a las embajadas de Brasil y Ecuador que no le concedan asilo en caso de que lo solicite.
«Ante los rumores de que Dina Boluarte estaría buscando pedir asilo político en las embajadas de Brasil o Ecuador, hago un llamado a ambos gobiernos hermanos a no prestarse a esta maniobra. No se trata de persecución, sino de justicia», señaló Chirinos en un mensaje publicado en las redes sociales.
«Boluarte debe responder ante el pueblo peruano por su incapacidad, su indolencia y las muertes que pesan sobre su Gobierno», añadió la congresista, cuyo partido Avanza País ha sido parte del grupo de fuerzas conservadoras que la ha sostenido en el poder desde que llegó a la Presidencia a finales de 2022.
El encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) aseguró este jueves que «la vacancia (destitución) o renuncia» de la actual mandataria Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora por haberlo sustituido en el cargo, tras haberse desempeñado como su vicepresidenta, «siempre ha sido una exigencia popular».
Un mensaje publicado en la cuenta de Castillo en la red social X, aseguró que la decisión de la mayoría de las bancadas parlamentarias que apoya el pedido de destitución de Boluarte demuestra su «hipocresía», tras haberla llevado al poder.
«Viendo de que el final y la justicia terminarán por cercarlos, quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura», acotó.
El exmandatario se dirigió además, a «todos los pueblos del Perú» para asegurarles que no renunciará «a seguir luchando».
«La movilización social es, históricamente, la fuente de la victoria para recuperar y restituir el gobierno del pueblo que se me encomendó», concluyó.
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