El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) –creado en 1993- y la Escuela Nacional de Agricultura «Roberto Quiñonez» (ENA) –creada en 1956- fueron concebidos como los pilares del desarrollo agrícola salvadoreño. Sin embargo, durante décadas sufrieron abandono estatal, rezago académico y deterioro de su infraestructura, a pesar de su importancia estratégica en la formación de técnicos y la generación de conocimiento para la producción de alimentos.

El presupuesto de la ENA para el 2025 asciende a US$ 3,276,390, de este monto US$ 1,423,835 está destinado para Enseñanza e Investigación Agropecuaria; mientras que el del CENTA es de US$ 8,231,322, de los cuales US$ 1,241,120 se destinan a investigación.

Tanto la ENA como el CENTA tienen un presupuesto para investigación mayor –más del doble- que el de la Universidad de El Salvador UES US$ 591,555; sin embargo, el impacto científico de la ENA y CENTA es mucho menor al de la UES en Scopus, patentes y otros indicadores de Ciencia y Tecnología.

En ciertos momentos de la historia institucional, la infraestructura de la ENA se vio descuidada, y los laboratorios inoperantes del CENTA se convirtieron en un símbolo del descuido institucional. «La infraestructura estaba en condiciones deplorables; los estudiantes dormían en malas condiciones y con goteras en el techo. Así no se puede formar a los futuros profesionales de la agricultura», recordó en 2021 el entonces ministro de Agricultura, David Martínez, al anunciar la reconstrucción parcial de las instalaciones.

El panorama en el CENTA no era mejor. Investigadores denunciaban que el organismo, clave en la producción de semilla mejorada y en la investigación agrícola, pasó años sin presupuesto suficiente ni apoyo técnico. «El CENTA quedó reducido a oficinas burocráticas, cuando debería ser el cerebro científico del agro», criticó un ex investigador consultado por este medio.

Entre 2014 y 2019 se intentó convertir al CENTA y a la ENA en un parque tecnológico agroindustrial. En el año 2021 el gobierno lanzó el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, que incluía la modernización de la ENA y el fortalecimiento del CENTA. Se habían recuperado 225 manzanas de tierras usurpadas, invertido en dormitorios y aulas nuevas, y creado proyectos de innovación tecnológica con financiamiento internacional. Más tarde, en 2023, el Ministerio de Agricultura anunció su intención de fusionar la ENA y el CENTA en un nuevo «Instituto de Ciencias Agrícolas del Valle de Zapotitán».

La propuesta, sin embargo, nunca se presentó formalmente a la Asamblea Legislativa, generando incertidumbre entre académicos y técnicos.

Además, se establecieron convenios con universidades de Europa y organismos como la FAO para impulsar la agricultura digital. El proyecto MERIAN (Fortalecimiento de capacidades de CENTA y ENA para la investigación, extensión y educación digital agrícola), financiado por la Unión Europea, buscaba llevar capacitación digital y asistencia técnica a más de 150,000 productores.

Un estudiante de tercer año de la ENA lo resumió así: «Pasamos de no tener ni internet estable a contar con fibra óptica, cámaras digitales para prácticas y acceso a drones. Es un cambio radical, aunque todavía falta mucho para competir con universidades agrícolas de la región».

«La fusión puede sonar moderna, pero también es riesgosa si se hace sin una visión clara de financiamiento y autonomía. El peligro es que se convierta en una institución más controlada políticamente y no en un verdadero centro de innovación», advirtió un exdirector del CENTA.

El desafío de recuperar la confianza: Pese a las inversiones recientes, la desconfianza persiste entre agricultores y expertos. El país sigue importando buena parte de los alimentos básicos y la productividad agrícola no despega al ritmo esperado. «Podrán pintar edificios nuevos, pero si no se invierte en ciencia aplicada, semillas resistentes y técnicos de campo, el abandono se repetirá», señaló una investigadora en desarrollo rural.

Hoy, el CENTA y la ENA se encuentran en una encrucijada. De su revitalización depende no solo la formación de nuevos profesionales, sino la posibilidad de enfrentar el cambio climático, la crisis alimentaria y la dependencia de importaciones.

El reto es enorme: transformar décadas de abandono en un modelo de investigación y formación que realmente aporte a la soberanía alimentaria del país. Y aunque los anuncios oficiales muestran avances, las preguntas persisten: ¿podrá El Salvador rescatar a tiempo a sus instituciones agrícolas más estratégicas?, ¿tendrán el financiamiento requerido?, ¿es la agricultura una prioridad en un contexto de transformación digital?