La Cámara de Diputados de Paraguay instaló este jueves una sesión extraordinaria en la que se debatirá, como único punto, la propuesta de juicio político contra el mandatario Santiago Peña, a raíz de la intervención del privado Ueno bank, al que ha sido vinculado el jefe de Estado y cuyo cierre ha desatado una crisis financiera y política en el país.

Durante, el debate, que arrancó a las 10:38 hora local, se analizará la acusación presentada por un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo contra el gobernante, después de que el cierre de la entidad afectara a unos 2.94 millones de clientes, entre ellos varias instituciones del Estado.

Diputados opositores presentaron ante el Congreso un pedido de juicio de destitución contra el presidente de Paraguay y su vice por la crisis que envuelve a uno de los mayores bancos del país y que condujo al congelamiento de los depósitos de alrededor de tres millones de personas.

Antes del inicio de la sesión, el oficialista Partido Colorado respaldó el juicio político, «a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República», publicó en X el titular de esa formación política y mentor de Peña, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018).

«Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República», publicó Cartes.

La acusación advierte de un supuesto conflicto de intereses, una presunta cooptación del Estado y el desmantelamiento del marco legal sobre puertas giratorias. Entre los argumentos menciona los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.

Además, menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor «83 días después de ese nombramiento».

Sin agenda pública desde hace 72 horas, cuando estalló el escándalo por la intervención de Ueno bank, el presidente Peña ha limitado sus apariciones públicas a mensajes en redes, mientras aguarda el desenlace del proceso de juicio político.

En los últimos días, Peña ha publicado mensajes y videos en sus redes sociales, en los que se ha referido a la crisis bancaria y a las actuaciones de su Gobierno, pero no ha ofrecido declaraciones presenciales a la prensa.

El miércoles en la noche, cientos de manifestantes volvieron a protestar por segundo día en Asunción a los gritos de «devuelvan nuestra plata» y «juicio a Santi Peña», observó la AFP.

Más temprano, clientes formaron largas filas fuera de los locales de Ueno Bank en busca de sus depósitos.

«Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar», dijo a la AFP Teresa Montiel, una médica de 50 años que se acercó a la protesta con una pancarta con la inscripción «unidos somos más fuertes».

Durante la movilización, se registraron enfrentamientos con la policía, que intentó dispersar a los manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, aunque muchos continuaron con la protesta.

La crisis estalló después de que el Banco Central Paraguayo (BCP) decidió el martes intervenir Ueno Bank por insuficiencia de capital, tras lo cual fueron suspendidos sus servicios.

Casi la mitad de los 6,4 millones de paraguayos tienen cuenta en Ueno Bank. El escándalo llevó a la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo.

El diputado Mauricio Espínola, oficialista disidente, dijo a la AFP que el pedido de juicio contra el presidente Santiago Peña logró las firmas suficientes para ser tratado en la Cámara de Diputados. 

La convocatoria para tratar el juicio «se hace mañana jueves a las 10 de la mañana (13H00 GMT)», añadió.

Peña, que asumió en 2023 un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank, de las que se desvinculó en 2025.

El texto de la acusación presentada ante la Cámara de Diputados pide tramitar el juicio político «por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo».

Peña es acusado, entre otros cargos, de «conflicto de intereses» y enfrenta cuestionamientos por el aumento de su patrimonio.

El gobierno anunció que devolverá a los afectados una parte de sus depósitos.

Una mayoría incierta

Los diputados opositores necesitan reunir apoyos del oficialista Partido Colorado para conseguir la aprobación del documento contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.

De aprobarse, el Senado llevará adelante el juicio que puede destituir a los mandatarios si se alcanzan 30 votos de 45 senadores, aunque esta posibilidad es incierta.

El Partido Colorado, al que pertenece Peña, tiene mayoría propia en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo su presidente, el exmandatario Horacio Cartes está distanciado del gobierno.

La oposición acusa a Peña de tomar «decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank» y concentrar allí fondos previsionales en el marco de un posible conflicto de intereses por sus pasados vínculos con la entidad.

Este miércoles, Peña promulgó una ley, aprobada velozmente por el Congreso, que «permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde».

La norma estipula que los pagos se realicen en los próximos cinco días. 

Además, el Congreso aceptó a uno de los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo para recomponer el directorio del Banco Central, que según la Constitución opera como un organismo autónomo del Ejecutivo.

El martes BCP presentó una denuncia contra Ueno Bank ante la justicia, que derivó en la detención el mismo día de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

El Banco Central aseguró que quienes tengan depósitos congelados en la entidad «recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes», unos 1.675 dólares.

«Perdí los ahorros de toda mi vida, solo tengo 8.000 guaraníes (casi un dólar). Todos deben ir presos», dijo el martes a la AFP, entre lágrimas, Marcelino Vergara, de 68 años.

En 2012, el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido en un juicio político en el Congreso, a raíz de una masacre de 11 campesinos y seis policías, ocurrida a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción.

El exobispo había llegado al poder en 2008, con lo que terminaron 61 años de hegemonía del Partido Colorado.