Con información adicional de agencia EFE

Los asesinos de policías y jueces serán castigados en Honduras con cadena perpetua, según una serie de reformas aprobadas por el Congreso este martes que también convierten los tatuajes en evidencia para incriminar a pandilleros, informó el Legislativo.

Las reformas antiterroristas, impulsadas el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que lidera el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura, fueron aprobadas a última hora de este martes por 118 de los 128 diputados que integran el Parlamento, y contempla modificaciones al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

En Honduras operan las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, a las que se relaciona con el narcotráfico y la alta tasa de homicidios en el país (24 por cada 100.000 habitantes), cuatro veces más que el promedio global.

Tras las reformas aprobadas por mayoría, los asesinos de jueces, fiscales o policías podrán ser sentenciados a prisión perpetua, en lugar de los 30 años que preveía la legislación anterior como máxima condena.

El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, dijo que la iniciativa busca fortalecer las herramientas legales para combatir las maras, pandillas y otras estructuras criminales declaradas «asociaciones terroristas», así como recuperar la seguridad pública.

Aunque la reforma fue consensuada para ser aprobada por unanimidad, nueve diputados del partido exgobernante Libre (izquierda) se abstuvieron de votar en el hemiciclo.

«Según la Corte Suprema de Justicia estas reformas violentan garantías constitucionales y derechos humanos. (Las fuerzas de seguridad) Ya tenían las herramientas legales para poder combatir el crimen organizado, todas estas reformas no eran necesarias», dijo la diputada Clara López, quien se abstuvo.

También quedan autorizados los allanamientos a inmuebles sin orden judicial, si las autoridades consideran que «en su interior se ocultan miembros» de una pandilla.

Una de las normas más polémicas faculta al Estado a presentar tatuajes «característicos de maras o pandillas» como evidencia del delito de «asociación terrorista», que conllevará una condena de 30 a 40 años de cárcel.

Un «peritaje» hecho por la policía determinará si un tatuaje es alusivo o no a grupos criminales, de acuerdo con la ley.

Los pandilleros centroamericanos suelen tatuarse los nombres de sus bandas incluso en el rostro.

No obstante, en países como El Salvador organizaciones de derechos humanos denuncian que personas inocentes han sido arrestadas solo por la sospecha que despiertan sus grabados, aun cuando no aludan a bandas criminales.

Además, se establecen en el paquete penas de entre 30 y 40 años de prisión para quienes elaboren, difundan o coloquen grafitis y mensajes relacionados con amenazas, intimidación o control territorial de estas organizaciones criminales.

El paquete también establece la prisión preventiva obligatoria para los imputados por asociación terrorista, y amplía de 24 a 48 horas el plazo para poner a disposición judicial a detenidos por asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión.

En relación con los centros penitenciarios, la normativa prevé la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria para custodiar los módulos de máxima seguridad, realizar traslados de alto riesgo y responder ante motines y fugas.

También establece «la identificación biométrica obligatoria» en estos módulos y nuevas restricciones para los reclusos sometidos a regímenes especiales.

Las nuevas medidas disponen que el Poder Ejecutivo deberá adecuar los reglamentos penitenciarios en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la normativa, que se producirá con su publicación en el diario oficial La Gaceta.

El gobierno de Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, ha endurecido la legislación para enfrentar al crimen organizado, lo que incluye la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas, el aislamiento de presos y la eliminación de medidas sustitutivas de la prisión para criminales.

Las principales pandillas que operan en Honduras son la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18, presentes en el país desde hace más de tres décadas y con unos 40,000 afiliados.

Según las autoridades, las pandillas están vinculadas a la extorsión, el narcotráfico y a la mayoría de los asesinatos, que según las cifras oficiales sumaron unos 2,629 en el 2025 en Honduras, un país de unos once millones de habitantes.