“Ningún pandillero va a salir libre. ¡Nunca!”, sentenció el presidente salvadoreño Nayib Bukele al referirse nuevamente a los planes para conceder beneficios penales pero sólo a un segmento de excolaboradores de las pandillas.

El mandatario volvió a tocar el tema al recibir a su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández, quien hizo una visita oficial a El Salvador para conocer el sistema de seguridad y la megaprisión Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).

Fotos: cortesía de Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.

El gobernante aclaró que hay planes para conceder beneficios carcelarios y hasta la libertad a un segmento de reos que fueron colaboradores de las maras, unos cinco mil reclusos, pero de ninguna manera los recibirán los pandilleros ni sus dirigentes.

El mandatario sostuvo este viernes que esta revisión se haría entre los 10,629 detenidos acusados de ser colaboradores de las pandillas, es decir, que no pertenecen a estas estructuras criminales.

«Entonces, de esos 10,000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales», indicó Bukele.

Según un gráfico que presentó el jefe de Estado con una pirámide invertida sobre la distribución de la población carcelaria relacionada con las pandillas en El Salvador, del total de 96,457 reos, señaló que 42.125 son homeboys (miembros plenos de las pandillas), 25,910 son «miembros no brincados» que aspiran a llegar a lo más alto de la escala pandillera, 17,793 son «paros» o colaboradores voluntarios habituales y 10.629 serían colaboradores casuales.

Foto: EFE

«La diferencia entre un paro (colaborar voluntario) y un simple colaborador momentáneo, o de casualidad, o especial, era que el paro era un colaborador constante y continuo: alguien que todos los días, o tres veces a la semana, hacía un favor a la mara, permanente. Él nunca iba a ser pandillero, nunca iba a ser miembro, nunca lo iban a brincar, pero él sabía lo que hacía y lo hacía de una forma constante, continua y permanente», explicó Bukele.

“Nosotros teníamos un cáncer que había tomado cerca del 85 %; en el caso de Costa Rica es mucho menor. Llegamos a ser el país más peligroso del mundo. No tienen que llegar hasta eso; la quimioterapia requerida es mucho menor a la que necesitamos nosotros”, explicó Bukele a la mandataria y su comitiva.

“Nuestro sistema carcelario tiene 120,956 privados de libertad, en todas las cárceles, incluyendo el CECOT. Dividimos a la población de acuerdo a su peligrosidad y su pertenencia o no a pandillas”, detalló.

“De los 120,956 (privados de libertad), 96,457 están presos por pertenencia o temas ligados a pandillas. Los demás son reos comunes; de esos están los miembros de pandillas llamados homeboys, los miembros en toda su extensión de pandillas. Hay 42,125; luego tenemos los que no son, pero pertenecen a las estructuras”, agregó.

El gobernante salvadoreño recordó que el jueves anterior Costa Rica inauguró una megaprisión siguiendo el modelo del CECOT, que tiene capacidad para 40,000 reclusos.

“Hace un par de días inauguraron (en Costa Rica) el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO); hoy fueron a conocer el funcionamiento del CECOT. Costa Rica tiene una ventaja y es que no han llegado ni por cerca a lo que llegó El Salvador”, advirtió.

Para el combate de las pandillas, Bukele destacó que la importancia de reformas como el delito pertenecer a una estructura criminal.

Por su parte, la presidenta Fernández agradeció, «de parte del pueblo costarricense», al gobierno salvadoreño por compartir sus experiencias.

«Gracias por recibirnos en esta tierra hermosa, con la que compartimos más que una alianza estratégica; compartimos una amistad, el compromiso de devolverles la paz a nuestros pueblos”, afirmó la gobernante costarricense.

Fernández defendió su política de «mano dura» contra el crimen inspirada en su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuestionado por abusos cometidos durante su guerra antipandillas».

La mandataria afirmó que combatir el crimen con «mano dura» no implica «renunciar a los derechos humanos que nuestro país históricamente ha defendido y lo seguiremos haciendo».

La mandataria dijo que su estrategia contempla mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos y cooperación con Estados Unidos y El Salvador.

Fernández elogió las reformas legales implementadas por Bukele para castigar la pertenencia a esas estructuras criminales y añadió que una iniciativa similar en Costa Rica está «cerca» de convertirse en ley.

Por su parte, Bukele aludió a las dificultades políticas que enfrenta su homóloga para impulsar esos cambios y dijo que existe «mucha oposición» a sus propuestas de reformas legales y de colaboración entre los órganos del Estado.

La mandataria acusó al Poder Judicial costarricense de permitir la liberación de delincuentes, una problemática que describió como «un elefante metido en una cristalería».

Sin embargo, opositores y activistas costarricenses cuestionan que el país, reconocido internacionalmente por su tradición de respeto a los derechos humanos, adopte políticas similares a las de El Salvador.

Expertos de Naciones Unidas han advertido que los abusos cometidos durante la ofensiva antipandillas en El Salvador podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La organización salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de los 93.000 detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde 2022 son inocentes y ha denunciado más de 500 muertes bajo custodia estatal.

La visita de Fernández incluyó la firma de un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional.