La decisión la tomó el Juzgado Segundo de Instrucción luego de valorar los elementos de la estafa de la supuesta amiga. Foto EDH/Cortesía
Lo que comenzó como el supuesto reencuentro virtual con una vieja amiga terminó en una pesadilla financiera para una mujer originaria de El Salvador, quien entregó más de $14,000 en transferencias bancarias tras caer en el engaño del envío de una maleta desde el extranjero, de acuerdo a información consignada por Centros Judiciales de El Salvador.
El caso llegó a la fase judicial, donde el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador realizó la audiencia preliminar contra la imputada ausente Marta P. E., de 58 años, a quien se le acusa por el delito de estafa.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima se contactó por medio de redes sociales con una persona que creyó que era una amiga de su juventud.
Días después, esta persona le escribió a su teléfono personal para pedirle el favor de recibir una maleta en el país.
Para ganarse la confianza de la víctima, le envió fotografías del supuesto contenido del equipaje, en el que se apreciaban celulares y tabletas.
Posteriormente, la supuesta amiga le solicitó sus datos personales bajo el argumento de que las autoridades aduanales los requerían para registrar el envío.
Sin embargo, el engaño avanzó cuando la remitente le aseguró que tenía inconvenientes para que la aduana liberara el equipaje, solicitándole prestados $3,600 para solventar la situación, dinero que la afectada accedió a entregar.
Abonos continuos y presiones de presunta «aduana»
La estafa no finalizó ahí. Posteriormente, la víctima comenzó a recibir mensajes de texto desde otro número telefónico extranjero, en los que los remitentes se hacían pasar por funcionarios o personal oficial de la aduana.
En dichos mensajes, le advertían que debía cancelar sumas de dinero adicionales para concretar la entrega de la maleta.
Inclusive, amenazaron con iniciar procedimientos legales en su contra si no realizaba los pagos requeridos.
Ante el temor de repercusiones legales y creyendo auxiliar a su conocida, la afectada depositó sumas continuas en cuentas bancarias registradas a nombre de Marta P. E., hasta alcanzar un monto global de $14,160.
Durante la audiencia preliminar, la juzgadora analizó los elementos probatorios presentados en la oferta fiscal y dictaminó que existen indicios suficientes para ordenar la apertura a juicio.
Debido a que la procesada no se presentó a la diligencia judicial, el Juzgado Segundo de Instrucción la declaró rebelde y libró una orden de captura en su contra para que responda por el delito que se le imputa.
