Asamblea declaró emergencia nacional por la sequía que afecta al país
La medida tendrá una vigencia de seis meses y busca facilitar la movilización de recursos para atender los efectos del déficit de lluvias sobre la población, los cultivos y la seguridad alimentaria
El agricultor examina una mazorca de maíz jilote en su milpa de San Esteban Catarina, El Salvador. La sequía afecta el crecimiento y la calidad del maíz, poniendo en peligro la subsistencia de los agricultores de la zona. Foto EL DIARIO DE HOY/ Jessica Orellana
La Asamblea Legislativa declaró estado de emergencia nacional en todo El Salvador por los efectos de la sequía meteorológica y agrícola, una medida que tendrá una vigencia de seis meses y que permitirá al Gobierno, según el oficialismo, reforzar las acciones para atender las consecuencias del déficit de lluvias.
La aprobación se produjo este miércoles con 59 votos a favor y uno en contra durante la sesión plenaria. La medida responde a una solicitud del Ejecutivo y ocurre mientras el país mantiene vigente una alerta roja por sequía declarada por la Dirección General de Protección Civil desde el pasado 25 de agosto.
La declaratoria tiene como uno de sus principales objetivos facilitar la movilización de recursos y la coordinación entre las instituciones públicas para atender las zonas y sectores que resulten afectados por la falta de agua.
Al respecto, Francisco Lira, diputado del partido ARENA, mencionó: «nada cuesta colegas hacer la tarea que nos pide el pueblo salvadoreño. El 20 de agosto presenté esta iniciativa de ley que ustedes dijeron que no», y luego leyó la propuesta para un plan de emergencia ante la sequía prolongada que ya existía.
Mientras que Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, respondió que «decretar un estado de emergencia requiere de un análisis y no nace de una especulación, nace de una situación concreta, una declaración de alerta roja por sequía meteorológica y agrícola asociada al fenómeno climático denominado Súper Niño. y también de una evaluación de riesgo sobre afectaciones acumulativas».
Por su parte, Claudia Ortiz, de VAMOS, dijo que «su gobierno ha dejado que se convierta en emergencia», y recordó que organismos internacionales ya habían advertido que la sequía sería muy fuerte este año por el cambio climático y el fenómeno del Súper Niño.
«Es que ya sabíamos desde abril de este año que íbamos a ser impactados por el fenómeno del Súper Niño. ¿O que no ven las noticias ustedes? Y que íbamos a tener graves sequías en El Salvador. Entonces esto no es que de repente apareció esta situación y ahorita hay que declarar emergencia. Ya se sabía. Y su gobierno, su Ministerio de Agricultura no tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado», añadió.
«Tanto papel es como el que presentaron ustedes hoy, tanto papel es como el que presentamos el 20 de agosto, es lo mismo, la gran diferencia es que nosotros presentamos estas iniciativas de Ley antes de tener el problema, no cuando ya tenemos la sequía encima y cuando nuestros agricultores han vivido el peor mes en sus cosechas y ustedes le siguen apostando a una política de importación y no de apoyo real al agro», sostuvo Lira.
Protección Civil mantiene alerta roja
La declaratoria de emergencia nacional se suma a la alerta roja por sequía meteorológica y agrícola para todo el territorio nacional emitida por Protección Civil el 25 de agosto.
En ese documento oficial, la institución señaló que el denominado “Súper El Niño” está asociado con condiciones climáticas extremas y advierte sobre sus posibles efectos en la población, los sistemas productivos y los medios de vida.
Protección Civil ordenó activar las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil y mantener un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas, agroclimáticas e hidrológicas.
Entre los indicadores que las autoridades deben vigilar están la cantidad y distribución de las lluvias, los períodos secos, la humedad del suelo, los caudales y niveles de agua, así como las condiciones de los cultivos y sistemas productivos agropecuarios.
La institución también estableció que debe darse seguimiento a la seguridad alimentaria y a las condiciones socioeconómicas de las comunidades que dependen principalmente de la agricultura.
¿Qué podrá hacer el Gobierno?
La declaratoria de alerta roja de Protección Civil contempla una serie de medidas que ahora adquieren mayor relevancia con el estado de emergencia nacional.
Entre ellas se encuentra el fortalecimiento de las reservas y sistemas de almacenamiento de agua, especialmente para garantizar el consumo humano y atender a las comunidades que presenten mayor riesgo de desabastecimiento.
También se contempla promover el uso racional del recurso hídrico, reducir pérdidas en los sistemas de distribución y priorizar los usos esenciales del agua.
En el sector agropecuario, las autoridades deberán fortalecer la asistencia técnica para reducir los efectos del déficit hídrico sobre cultivos, ganado y otros sistemas productivos. El documento también plantea medidas de protección y adaptación de cultivos, conservación de suelos y utilización de alternativas productivas adaptadas a las condiciones climáticas.
Otro de los mecanismos previstos por Protección Civil son transferencias monetarias temporales y focalizadas para familias en condiciones de mayor vulnerabilidad, previo análisis de sus necesidades y del impacto que la sequía haya tenido sobre sus medios de vida.
La declaratoria también ordena fortalecer la coordinación entre las instituciones del Gobierno, las autoridades territoriales, las comunidades, el sector privado y los organismos de cooperación.
El impacto agrícola está bajo vigilancia
Uno de los principales focos de atención de las autoridades es la producción agropecuaria.
La alerta roja establece que deben identificarse oportunamente los signos de estrés hídrico, las pérdidas y las necesidades de atención de los cultivos. La misma vigilancia debe aplicarse al ganado y a otros sistemas productivos que puedan verse afectados por la reducción de la disponibilidad de agua.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es la institución responsable de generar y proporcionar información estadística oficial sobre la producción y los precios de la actividad agropecuaria nacional. Su División de Estadísticas Agropecuarias recopila estos datos para la formulación de políticas y la toma de decisiones en el sector.
Por ahora, los documentos oficiales consultados establecen el riesgo y las medidas de atención, pero no presentan una cifra nacional consolidada de toneladas de maíz, frijol u otros granos básicos perdidas específicamente por la sequía de 2026. Por ello, no es recomendable atribuir a las autoridades cifras de pérdidas que todavía no hayan sido publicadas oficialmente.
La prioridad establecida por Protección Civil es mantener el monitoreo de la producción y anticipar posibles afectaciones a la seguridad alimentaria.
También preocupa el abastecimiento de agua
El problema no se limita al campo. La declaratoria de alerta roja establece que las instituciones deben vigilar la disponibilidad de agua destinada al consumo humano, el uso agropecuario y otras necesidades prioritarias.
Las autoridades también deberán reforzar las acciones de promoción de higiene y manejo seguro del agua, así como la captación, tratamiento, almacenamiento y conservación del recurso.
Protección Civil ordenó además mantener vigilancia sobre posibles efectos sanitarios relacionados con la reducción de la disponibilidad y calidad del agua, incluyendo enfermedades de origen hídrico y alimentario.
De esta forma, la emergencia contempla una respuesta que abarca no solo la producción agrícola, sino también el acceso al agua, la salud, los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades más expuestas.
Una emergencia que tendrá seguimiento
La declaratoria de alerta roja establece que la situación debe ser evaluada de manera permanente. Las autoridades podrán modificar, ampliar, prorrogar o dejar sin efecto las medidas de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas y el nivel de afectación.
La declaratoria de emergencia nacional aprobada por la Asamblea tendrá una duración de seis meses, período durante el cual las instituciones deberán ejecutar las acciones destinadas a reducir los impactos de la sequía.
El escenario será monitoreado mediante información meteorológica, agroclimática, hidrológica y sanitaria, con el objetivo de identificar un eventual agravamiento del déficit hídrico y ajustar las medidas de respuesta.
