A pesar de que el acuerdo que entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establecía como fecha límite el 10 de febrero de este año para la presentación de una propuesta de reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones, algo que formaba parte de los compromisos suscritos, el gobierno tiene hasta el próximo año para presentarla, luego de haber logrado una modificación en el calendario del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por hasta $1,400 millones.

Esto significa que el gobierno logró postergar las modificaciones a la ley hasta dentro de un año, siendo junio la fecha límite para presentar la propuesta y septiembre el límite para que la nueva ley se apruebe, según puede leerse en el informe del organismo, en el cual también se incluye un memorando del gobierno salvadoreño en el que se compromete con las nuevas fechas.

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Pero, ¿cuáles son las razones para haber modificado el calendario y que el FMI aceptara diferir el cumplimiento de estos criterios dentro del SAF?

Básicamente, el FMI explica en el informe que el cambio de fecha es «para alinearla mejor con las recomendaciones de la asistencia técnica del FMI», y que dicha propuesta pueda prepararse con el apoyo de la asistencia técnica que brinda el organismo, al mismo tiempo que se alinee con otras medidas relacionadas con las obligaciones que el Estado mantiene con el sistema de pensiones. El nuevo calendario, según el informe, permitirá que estos asuntos sean presentados como parte de una misma propuesta y no de manera separada.

Esta explicación, que sería la razón oficial de la postergación de la medida, se basa en argumentos técnicos encaminados hacia el cumplimiento del SAF, algo que tiene estrecha relación con el ordenamiento de las cuentas públicas que el organismo, precisamente, busca lograr en el país.

Sin embargo, la explicación difiere de lo señalado en meses anteriores por economistas y entidades financieras como EMFI y Fitch Ratings, los cuales atribuían los retrasos al período electoral que se avecina para febrero del próximo año.

Puntualmente, los argumentos de estas entidades coinciden en que la razón para no presentar una propuesta de reforma estaba relacionada con evitar un coste político entre la población, sobre todo, porque la reforma a la ley implicaría modificaciones a aspectos claves como la edad de jubilación o la cantidad de años cotizados.

De manera específica, la firma EMFI señaló en febrero de este año que “la cercanía del ciclo electoral de 2027 introduce claros incentivos para posponer o suavizar medidas impopulares, particularmente aquellas que afectan directamente a los trabajadores”.

Asimismo, EMFI también apuntó entonces que “el calendario político condicionará decisivamente el ritmo y el alcance de la reforma del sistema de pensiones en 2026” y consideró que el Gobierno podría presentar inicialmente una propuesta que cumpliera con los requisitos del FMI, pero con cambios graduales y períodos de transición más largos.

La firma incluso resumió su lectura en una frase más directa: “el verdadero obstáculo, sin embargo, no será el diseño técnico (de la propuesta), sino el momento político”. Su análisis fue publicado el 28 de febrero, cuando el plazo original de febrero ya había vencido y todavía no se conocía la nueva fecha que ahora establece el acuerdo con el FMI.

Una valoración similar hizo meses después el economista Carlos Acevedo, quien calificó la reforma como una “medicina bien amarga” por los posibles cambios que podría incluir y sostuvo que existía la hipótesis de que el gobierno habría dialogado con el propio FMI para evitar el castigo en las urnas.

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Estas valoraciones, sin embargo, fueron hechas antes de que se conociera el nuevo calendario del acuerdo y no son una explicación oficial del retraso, sin embargo, las nuevas fechas sí coinciden con momentos posteriores a las elecciones de febrero del próximo año.

Según el experto Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, un posible aumento a la edad de jubilación o a los años trabajados podría afectar a más de 600,000 trabajadores en el país, una cifra suficiente para considerar un posible efecto político si se hubiera presentado una propuesta antes de las elecciones generales que se avecinan.