La deuda pública del país, por lo general, suele expresarse en millones de dólares o como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), pero detrás de esas cifras hay efectos que pueden llegar directamente a los hogares salvadoreños a través de varios flancos: desde los servicios que estas familias reciben del Estado hasta las posibilidades de conseguir un empleo o un préstamo.

Precisamente por eso, el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera, sostiene en su libro Las ocho trampas del desarrollo, el cual está próximo a publicarse, que la deuda no es un problema que se limite solo las cuentas del gobierno, sino que “llega a la mesa, la salud, la educación y el bolsillo de cada hogar salvadoreño”, apunta.

Para poner en contexto, en El Salvador, la deuda pública llegó a $35,038 millones en agosto, según los datos más recientes del BCR, una cifra que representa un aumento de hasta $1,231 millones con respecto al cierre de 2025, lo que da cuenta de cómo este saldo en rojo ha seguido aumentando en lo que va del año.

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A este nivel de endeudamiento se suma la proyección que Moody’s Ratings hizo recientemente, y en la cual calcula que la deuda del país podría cerrar este año en un nivel equivalente al 93.4% del PIB, es decir, de todo lo que produce la economía en un año. La cifra ayuda a dimensionar por qué el peso de la deuda puede terminar afectando otros gastos del gobierno, especialmente cuando cada vez se necesita más dinero para cumplir con los pagos.

En este sentido, una de las primeras formas en que este problema llega a las familias está precisamente en el dinero que el Gobierno debe utilizar cada año para pagar los intereses de la deuda. Según el estudio incluido en el libro, ese gasto pasó de $1,336.6 millones en 2019 a $1,756 millones en 2025, lo cual equivale a un aumento del 31.4%.

Debido a que ese dinero se utiliza para pagar a quienes le han prestado al Estado, por lo tanto, ya no puede utilizarse para otras necesidades. El documento señala que ese gasto compite directamente con el dinero que podría destinarse a la construcción de escuelas, hospitales e infraestructura, por lo que que una familia puede terminar sintiendo el peso de la deuda por el lado calidad o disponibilidad de los servicios públicos.

Asimismo, el análisis arroja que tener menos dinero disponible también limita la capacidad del gobierno para ayudar a las familias cuando enfrentan una situación difícil, ya que, por ejemplo, si una persona pierde su empleo o un hogar sufre una caída importante en sus ingresos, el Estado debería contar con recursos para aumentar las ayudas económicas, pero el estudio señala que estas ayudas, de hecho, representan menos del 1% del ingreso de las familias más pobres en El Salvador, una cifra que se queda muy por debajo si se compara con el promedio regional de 8% en Centroamérica y del 13% en América Latina.

Básicamente, lo anterior se traduce en que las familias con menores ingresos tienen menos respaldo para enfrentar una emergencia porque disponen de menos ayuda pública y, al mismo tiempo, suelen tener menos ahorros para cubrir por su cuenta una pérdida de ingresos o un gasto inesperado, lo cual las deja en una situación de todavía más vulnerabilidad.

Además de estos puntos, el estudio de Cabrera señala que la falta de recursos limita también otras áreas de interés para la economía de las familias, como lo es la inversión en infraestructura, la educación e innovación, rubros que pueden contribuir a generar empleos, algo que podría paliar la pérdida de hasta 52,000 puestos de trabajo que, según el análisis, se perdieron entre 2023 y 2024.

En este punto, subraya que, entre los hogares pobres, el porcentaje de personas que se encuentran en subempleo o con inestabilidad laboral pasó del 60% al 65.6%. Por eso, el documento resume esta relación con una frase contundente: “La deuda insostenible de hoy se traduce en desempleo y precariedad laboral mañana”.

Otra de los efectos negativos del alto endeudamiento del país se encuentra en la disponibilidad de dinero para que las familias accedan a créditos, ya sea hipotecarios o productivos (microempresas), ya que, según el estudio, los títulos de deuda pública en poder de los bancos ya superan el valor de todo su patrimonio, una situación que puede provocar que haya menos capacidad de financiamiento para las empresas y familias, y que el dinero disponible se concentre mayormente en el Estado.

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Para los hogares, esto puede traducirse en mayores dificultades para conseguir un préstamo para comprar una vivienda, ampliar un pequeño negocio o invertir en una actividad económica, especialmente si los intereses aumentan o los bancos se vuelven más cuidadosos al momento de prestar.

Además, el nivel de deuda actual puede dejar menos margen para responder ante problemas futuros. El estudio advierte que, si el endeudamiento continúa creciendo sin cambios, la deuda podría superar el 100% del PIB entre 2027 y 2028 bajo condiciones difíciles. En ese escenario, el gobierno podría verse obligado a aumentar impuestos o reducir de manera importante algunos gastos, mientras que las dificultades para conseguir nuevos préstamos también podrían encarecer el crédito para las familias y los pequeños negocios.

No obstante, el gobierno señaló recientemente, en el marco de la presentación del proyecto de ley del Presupuesto 2027 que, al menos durante el próximo año, no creará nuevos impuestos ni aumentará los que ya existen, aunque esto dependerá del estado de las cuentas públicas, las cuales deberán asumir un compromiso extra de hasta $2,400 millones en concepto de los intereses de la deuda de pensiones que están pendientes desde el año 2023.