Entre los temas que se plantean por la desaparición de Estados por el cambio climático está el del desplazamiento de sus poblaciones y el de su estatus en nuevos territorios y, en este contexto, el acuerdo bilateral de movilidad por el cambio climático, la Unión de Falepeli, entre Australia y Tuvalu, es un paso que reviste la mayor importancia.

Ahora bien, tanto Australia como Nueva Zelanda tienen otros programas que benefician a ciudadanos de los Estados insulares del Pacífico que, como señala Lara Kraft en su artículo titulado Neo-colonial pathways to safety? Climate displacement and Australia and New Zealand’s migration policies (¿Vías neocoloniales hacia la seguridad? El desplazamiento climático y las políticas migratorias de Australia y Nueva Zelanda), a pesar de que a menudo se perciben y presentan como respuestas “de facto” al desplazamiento climático, ninguno menciona el cambio climático en sus objetivos, normas de elegibilidad o comunicaciones oficiales y, de esta manera, el tratado de la Unión Falepili es el único instrumento que menciona explícitamente los impactos climáticos.

De todas maneras, estos programas de Australia y Nueva Zelanda incluyen el programa PEV- Pacific Engagement Visa (Visa de Compromiso del Pacífico) que permite a 3,000 ciudadanos de Estados insulares del Pacífico (Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Kiribati, Palau, Papua Nueva Guinea, República de las Islas Marshall, Samoa, Islas Salomón, Timor Leste, Tonga, Tuvalu y Vanuatu), participar en un sorteo de visas de residencia permanente.

También debe mencionarse el programa PALM -Pacific Australia Labour Mobility (Movilidad Laboral para Australia y el Pacífico), que permite a empresas australianas contratar trabajadores de Fiyi, Kiribati, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Timor Leste, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Por su parte, Nueva Zelanda tiene el programa Pacific Access Category Visa (Categoría de acceso al Pacífico), un visado de residencia para ciudadanos de Tonga, Fiyi, Tuvalu y Kiribati. Funciona por sorteo y, en 2026, 250 ciudadanos de Tonga, 250 de Fiyi, 75 de Kiribati y 75 de Tuvalu podrán beneficiarse de él.

Estos programas, por un lado, permiten a Australia y Nueva Zelanda hacer frente a su escasez de mano de obra, y por otro a los trabajadores participantes obtener ingresos, enviar remesas a sus familias y adquirir conocimiento y nuevas habilidades.

Los Estados Unidos también tienen un programa para ciudadanos de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos. Se trata del programa COFA –Compacts of Free Association (Pactos de Libre Asociación), que permite a ciudadanos de esos Estados insulares vivir, trabajar y estudiar en los Estados Unidos. Ahora bien, como se afirma en la página del Congreso de los Estados Unidos, estos pactos tienen otro objetivo: permitir a los Estados asociados desempeñar un papel en el apoyo a la presencia de seguridad de Estados Unidos en la región de las islas del Pacífico, en un momento de creciente competencia estratégica entre los Estados Unidos y sus aliados, por un lado, y la República Popular China, por el otro.

En todo caso, los Estados insulares del Pacífico han adoptado medidas propias para afrontar el riesgo real de su desaparición por la elevación de los mares, y una muy importante es la RNI –Rising Nations Initiative (Iniciativa de Naciones Emergentes) que impulsa el Centro Global para Movilidad Climática (CGMC), con el apoyo de varios países miembros de las Naciones Unidas.

Los objetivos de esta iniciativa son: “1) reafirmar el principio de continuidad de la condición de Estado como fundamento del derecho internacional; 2) salvaguardar el patrimonio cultural de las comunidades afectadas; 3) fomentar la adaptación comunitaria al aumento del nivel del mar, y 4) facilitar vías de movilidad seguras y dignas, protegiendo los derechos de las poblaciones reubicadas y desplazadas”.

Esta iniciativa impulsa: (1) “El Programa de Patrimonio apoya la preservación de la cultura y el patrimonio en los países de los atolones del Pacífico que se encuentran amenazados, brindando apoyo práctico en la recopilación, digitalización y conservación, en beneficio de las comunidades locales mediante la creación de un repositorio de patrimonio y cultura”. (2) “El Estado-nación digital contribuye a la construcción de un nuevo ecosistema digital, basado en una conectividad significativa, que permitirá fortalecer las estructuras de gobernanza, administración y conectividad, consolidando así el vínculo entre las personas y el país, así como entre los ciudadanos y el gobierno, en medio de los desafíos disruptivos de la crisis climática”. (3) “El programa Conocimiento y Futuro promueve una mayor colaboración y alianzas para profundizar la base de conocimientos, con el fin de respaldar planes de adaptación eficaces y fomentar una mejor planificación estratégica y una formulación de políticas informada para los países de los atolones del Pacífico”. (4) “El Programa de Juventud ha creado un Foro de Jóvenes de Naciones Emergentes para empoderar a los jóvenes del Pacífico, en particular a los de Tuvalu y otros Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Pacífico, para que participen plenamente en los debates mundiales sobre las iniciativas relacionadas con las Naciones Emergentes y contribuyan a la campaña de promoción”.

En todo caso, como afirma Ama Francis en su escrito Free-Movement Agreements & Climate Induced Migration: A Caribbean Case Study (Acuerdos de libre circulación y migración inducida por el clima: un estudio de caso del Caribe), la migración inducida por el clima muestra el rostro humano del cambio climático, ya que aumenta la frecuencia y la gravedad de los desastres, y aumenta el número de personas desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos. Ya no hay lugar a dudas de que los efectos adversos del cambio climático están agravando los patrones de movilidad humana y lo harán en mayor medida y, de acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), desde 2008, aproximadamente 265 millones de personas han sido desplazadas debido a amenazas naturales y, solo en 2018, más de 17 millones de personas fueron desplazadas internamente a causa de desastres.

En ese escrito, la autora estudia el caso de países en el Mar Caribe, pues no solo son los Estados insulares en el Océano Pacífico los que están altamente amenazados por el cambio climático. En el Caribe, recuerda, las tormentas, cada vez más intensas y frecuentes, también plantean un desafío existencial. Un solo fenómeno meteorológico extremo puede causar cuantiosos daños económicos y revertir importantes avances en materia de desarrollo y perturbar sistemáticamente las redes de infraestructura y el suministro de servicios esenciales como agua corriente y electricidad. Así, por ejemplo, el huracán María provocó daños y pérdidas totales en Dominica equivalentes a más del 226 % del PIB y causó la interrupción del servicio eléctrico debido a los graves daños sufridos por la red de transmisión y distribución.

Para la autora, en la medida en que avanza el cambio climático, aumentará la frecuencia de altos niveles de devastación económica y de infraestructura y, si bien el aumento del nivel del mar en el Pacífico ha llegado a definir la amenaza existencial que el cambio climático supone para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), una temperatura media mundial superior a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales también representa un riesgo considerable para las islas del Caribe.

Esa es la realidad, confrontada a la resurgente acción de los negacionistas que solo logran que se pierda tiempo cuando ya consta que tiempo es precisamente lo que menos hay en la carrera por evitar el punto de no retorno. Así las cosas, el desplazamiento humano por el cambio climático ya está aquí y, lamentablemente, no hará más que aumentar.

Abogado y diplomático salvadoreño.