Uno ve a alguien poderoso hacer algo que parece indebido. Piensa en denunciarlo. Y antes de buscar el formulario se hace la pregunta que ningún formulario incluye: ¿cuánto poder tiene esta persona?

¿Conoce al jefe de quien recibe la denuncia, al jefe del jefe y al señor que inaugura las placas? La justicia puede tener ventanilla, formulario y horario de atención. La confianza, en cambio, no siempre llega hasta la puerta.

Pero quien se acerca a una institución no llega únicamente con los hechos bajo el brazo. Llega también con la sospecha, a veces fundada y a veces heredada de tantas decepciones, de que las reglas se vuelven más flexibles cuando el señalado es importante.

A la gente común le encanta creer que las instituciones funcionan. Es una afición razonable, como creer que el banco contestará el correo o que el trámite anunciado para quince minutos terminará antes de que cambie el gobierno. Pero basta que el señalado tenga apellido conocido, cargo importante o una agenda telefónica con más contactos que un call center para que la fe cívica empiece a sudar.

Entonces aparece una pregunta muy sencilla, aunque nada inocente: ¿vale la pena denunciar? La persona corriente no está haciendo un seminario sobre teoría del Estado. Está calculando. Si habla, quizá la llamen exagerada, resentida, malagradecida, mentirosa o enemiga de quién sabe qué causa. Si insiste, tal vez la conviertan en el problema: ya no se hablará de lo que hizo el poderoso, sino del tono, la vida, los errores y hasta la ortografía de quien se atrevió a señalarlo. El acusado conserva su cargo; la denunciante recibe una auditoría de carácter.

Ese mecanismo es eficiente. No requiere una llamada amenazante ni una puerta azotada. A veces basta con que todos sepan quién es quién. El poder también trabaja por insinuación: la pausa rara en una conversación, el “mejor dejalo así”, la advertencia envuelta en consejo. Nadie ordena callar. Qué alivio: así el silencio parece una decisión personal.

Y vaya decisión. Una persona común puede tener razón y aun así no tener ganas de convertirse en personaje secundario de una guerra que no puede pagar, ni monetaria ni emocionalmente. Puede desconfiar del proceso, temer una represalia o simplemente no querer que su familia aprenda a revisar quién está estacionado frente a la casa. No hace falta que la injusticia se pruebe para que el miedo exista; basta con que denunciar parezca más arriesgado que aguantar.

Por eso la impunidad no empieza únicamente cuando una investigación se archiva o un tribunal dicta una resolución decepcionante. También empieza antes, cuando la gente aprende a reconocer qué nombres conviene pronunciar bajito. Empieza cuando la persona que podría señalar una irregularidad concluye que el costo de hablar será suyo y la protección, una promesa escrita en una página web que no carga.

En público solemos repetir que nadie está por encima de la ley. La frase queda estupenda en discursos, murales y publicaciones con tipografía solemne. El problema llega cuando alguien pregunta si también se aplica al que tiene amigos, prestigio, dinero o acceso directo a la sala donde se decide qué asunto merece atención. Ahí la consigna deja de ser decoración y se convierte en examen.

El miedo puede exagerar la amenaza, y eso ya es bastante eficaz. En El Salvador, la difamación se castiga con multa, no cárcel; la ley tampoco sanciona la crítica política ni las opiniones protegidas por la libertad de expresión, si no buscan calumniar, injuriar o atacar la intimidad. Aun así, basta que alguien suelte “te voy a demandar por difamación” para que uno imagine patrullas, esposas y una celda. La amenaza no necesita describir bien el Código Penal para lograr que alguien se calle.

La ciudadanía no debería necesitar valor de protagonista de película para pedir explicaciones. Si el procedimiento depende de que una persona común esté dispuesta a arriesgar su tranquilidad mientras la poderosa conserva intacta la suya, tenemos un sistema que cobra la entrada justo a quien menos puede pagarla.

Y cuando la gente empieza a preguntarse si vale la pena decir la verdad, la pregunta importante ya no es por qué alguien se quedó callado. Es quién consiguió que callarse pareciera la opción más sensata.

Alejandra Gavidia
Consultora política y Miss Universo El Salvador 2021