A petición del FMI, la nueva Ley de Pensiones podría contener un aumento a la edad de jubilación o la cantidad de años trabajados, según economistas.
A petición del FMI, la nueva Ley de Pensiones podría contener un aumento a la edad de jubilación o la cantidad de años trabajados, según economistas.

El Gobierno deberá presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al sistema de pensiones a más tardar en junio de 2027 y buscar que sea aprobada antes de que termine septiembre de ese mismo año, según el nuevo calendario incluido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La fecha para presentar la iniciativa sustituye al plazo anterior del 10 de febrero de 2026.
La reforma forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno dentro del programa de financiamiento de $1,400 millones con el FMI. El organismo había establecido previamente una fecha para que el Ejecutivo presentara la propuesta, pero ese compromiso no se cumplió y el gobierno solicitó modificar el calendario. El nuevo plazo fue aceptado dentro de la actualización del acuerdo.
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El cambio que se prepara será de tipo paramétrico, es decir, que no necesariamente implica que habrá un sistema nuevo, sino nuevas condiciones para los trabajadores que cotizan en el sistema actual. Por ejemplo, economistas y expertos han señalado anteriormente que entre los aspectos que podrían cambiar están la edad para jubilarse, los años que una persona debe cotizar, los aportes que realizan trabajadores y empleadores y el monto de los beneficios.
Por ahora, el acuerdo con el FMI no establece cuáles de esos parámetros deberán modificarse ni en qué medida. La definición, en tanto, quedará en manos del gobierno cuando presente la propuesta a la Asamblea Legislativa el próximo año, por lo que todavía no es posible saber cómo cambiarían dichas condiciones para los trabajadores y los futuros pensionados.

Algo que cabe señalar es que el nuevo plazo llega después de que el gobierno incumpliera la fecha que se había fijado originalmente para presentar la propuesta de reforma, que estaba pautada para el 10 de febrero de este año. El retraso fue uno de los compromisos pendientes que llevaron a que el programa con el FMI acumulara varios meses de atraso, junto con otros temas relacionados con las actividades con Bitcoin. Posteriormente, el Gobierno pidió al organismo que aceptara el cambio de fechas y que dejara sin efecto el incumplimiento relacionado con estos compromisos.
En este sentido, el FMI considera necesaria la reforma porque el sistema de pensiones enfrenta problemas financieros que se han acumulado durante los últimos años. El organismo señala que el Estado debe hacer frente a obligaciones cada vez mayores relacionadas con las pensiones y que el sistema necesita cambios para reducir la dependencia financiera que tiene el gobierno de los fondos de los trabajadores y hacerlo sostenible en el largo plazo.
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Todo esto ocurre mientras la deuda previsional continúa en aumento, lo cual se suma a que, según el informe del FMI, el gobierno deberá reconocer unos $2,300 millones en intereses acumulados que no fueron pagados durante el período de gracia que termina en abril de 2027. El organismo advierte que este reconocimiento tendrá un impacto sobre la deuda pública y los gastos por intereses, lo que aumenta la presión para resolver el problema de fondo del sistema previsional.
Asimismo, la nueva fecha va en la línea de lo que señalaron anteriormente firmas como Fitch Ratings y S&P Global, así como algunos economistas, acerca de que el gobierno buscaba postergar la reforma del sistema de pensiones para evitar un costo político. Según expertos, cambiar la edad de jubilación podría a afectar a entre 600,000 y 800,000 trabajadores en el país.
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