Los intentos de estafas a través de mensajes de texto se han intensificado durante el 2026. Imagen de referencia / elaborada con herramientas de IA.
El incremento de las estafas cibernéticas y el uso indebido de datos personales en El Salvador representan un riesgo que va más allá de las pérdidas financieras. Más allá de los perjuicios económicos directos, las víctimas corren el riesgo de ser vinculadas procesalmente a estructuras delictivas y terminar en prisión si no actúan con rapidez.
El abogado penalista y especialista en garantías constitucionales, Alexander Escolán, advierte que en la actualidad existen dos modalidades principales en este tipo de delitos.
La primera es la estafa directa a la persona. La segunda ocurre cuando las bandas criminales utilizan la información personal de un tercero —como su número de Documento Único de Identidad (DUI), número telefónico o número de cuenta bancaria— para cometer fraudes contra otros.
En esta segunda modalidad, los afectados suelen no darse cuenta a tiempo de que su información ha sido suplantada o manipulada.
Mensaje que reciben las personas con el posible fraude. Estafas similares ya se han reportado en El Salvador, utilizando el nombre de otras instituciones gubernamentales. Foto EDH/Cortesía
El riesgo de ser procesado bajo el Régimen de Excepción
El peligro legal de que una cuenta bancaria o un número de DUI sea utilizado en un esquema de fraude radica en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Cuando las autoridades intervienen una red de estafadores cibernéticos, las cuentas donde se movió el dinero ilícito son catalogadas de inmediato dentro de la investigación.
Según el especialista, si la persona afectada no registra formalmente la suplantación o la transacción anómala, el sistema judicial la asume de forma preliminar como parte de la banda.
«Cuando la Fiscalía investigue y determine que hay una banda de gente dedicada a esta, si tu información se llevó a cabo, en la Fiscalía lo primero que dicen es: ‘Vos estás metido dentro de la banda’. Y vas a pasar detenido», señala Escolán.
El profesional cita el caso real de una clienta que recibió un depósito no solicitado de $20,000 un domingo por la tarde.
En cuestión de tres minutos, a través de tres transferencias distintas, le sustrajeron $15,000.
Aunque la usuaria acudió el lunes a denunciar el hecho, meses después la Policía Nacional Civil y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento en su vivienda en horas de la madrugada.
Debido a que el operativo se dio en el marco del Régimen de Excepción, la persona permaneció 15 días en detención antes de que un juez le otorgara medidas sustitutivas tras presentar la constancia de su denuncia previa.
El proceso para demostrar que era una víctima y no parte de la estructura duró seis meses.
«Si la información suya es utilizada de alguna manera, vaya y ponga la denuncia. Porque si no, usted se puede ir en la colada de ser un delincuente más», enfatiza el abogado.
El trámite clave: La denuncia con copia certificada
Ante cualquier irregularidad —desde llamadas de desconocidos pidiendo dinero a nombre de un conocido hasta la detección de transacciones no reconocidas o «efectos hormiga»—, la recomendación legal inmediata es interponer la denuncia ante la unidad de delitos informáticos de la FGR.
El paso crucial no es solo interponer el recurso, sino exigir una copia certificada de la denuncia.
Este documento se convierte en el único respaldo jurídico preventivo para acreditar la condición de víctima en caso de un operativo policial.
«Que si la denuncia es operativa o no es operativa, eso es otro tema. Pero lo que sí es necesario es que esa denuncia quede registrada, porque si no se registra, usted va a tener más cuesta arriba el probar que usted no forma parte de una estructura», explica Escolán.
La filtración de datos y el marco de la banca
Respecto a cómo las estructuras criminales acceden a la información, el jurista explica que existe una vulnerabilidad derivada de los «contratos de adhesión». En compras de almacenes, servicios de telefonía, aplicaciones o préstamos bancarios, los usuarios suelen aceptar términos y condiciones extensos sin leer la letra pequeña, autorizando que sus datos comerciales circulen o sean compartidos.
Asimismo, sobre la responsabilidad de las instituciones financieras ante los hackeos o fraude en cuentas de ahorro o tarjetas, el especialista expone una perspectiva jurídica basada en el Código de Comercio.
«En el caso de los bancos, hay un artículo en el Código de Comercio, el 1086, donde dice que cuando usted va al banco y pone un depósito, el dinero deja de ser suyo. (…) Lo que le queda a usted es un derecho de cobro», explica el jurista.
Bajo esta interpretación legal, si un ciberdelincuente vulnera el sistema o la cuenta de un usuario dentro de la institución, la afectación técnica ocurre sobre el dinero custodiado por la entidad bancaria. Sin embargo, la práctica habitual en el país es desligarse y remitir al afectado a interponer la denuncia por su cuenta.
«Entrar dentro del sistema penal en este país es bien fácil, salir es bien complicado», concluye Escolán, reiterando el llamado a revisar constantemente las cuentas, no compartir claves ni abrir enlaces dudosos, y acudir de inmediato a la FGR ante cualquier anomalía con la información personal.
