Según el peritaje realizado por el Instituto de Medicina Legal, el agredido sufrió fracturas en la muñeca y los dedos de la mano derecha, además de múltiples mordeduras.
Según el peritaje realizado por el Instituto de Medicina Legal, el agredido sufrió fracturas en la muñeca y los dedos de la mano derecha, además de múltiples mordeduras.

Mientras se desarrolla el proceso en su contra, el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana concedió la libertad condicional a la dueña de un perro pitbull que atacó a un transeúnte, informaron fuentes judiciales.
La oficina de prensa de Centros Judiciales de El Salvador informó que el tribunal abrió una fase de investigación sumaria por 60 días hábiles en el caso de la acusada, identificada sólo como Lesbia Joselin Mayela G. T., quien debe responder por el delito de lesiones culposas (no intencionales), en perjuicio de Óscar G., de 55 años.
La condición impuesta a la imputada consiste en la obligación de presentarse cada 15 días a firmar en la sede judicial.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2026, cuando la víctima transitaba hacia su trabajo sobre la 11.ª Avenida Sur, entre la 9.ª y 11.ª Calle Oriente, en Santa Ana. En ese momento, el can corrió hacia él y lo atacó, provocándole mordeduras en la mano derecha, el pecho, la espalda y el brazo izquierdo.
La propietaria del perro llegó al lugar e intentó someterlo, pero no lo logró.
Después de varios minutos de forcejeo, la víctima logró liberarse del animal, mientras algunos vecinos intentaban auxiliarla y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana.
Según el peritaje realizado por el Instituto de Medicina Legal, el agredido sufrió fracturas en la muñeca y los dedos de la mano derecha, además de múltiples mordeduras.
La propietaria del perro manifestó inicialmente que respondería por los daños ocasionados. Sin embargo, los intentos de la víctima por llegar a un acuerdo no fueron efectivos, por lo que interpuso la denuncia penal correspondiente, dice Centros Judiciales.
Ella se expone a una pena de prisión de 6 meses a 2 años y el pago de una indemnización si se demuestra que hubo negligencia o descuido de su parte y esto propició el ataque.
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