La propuesta de reforma de pensiones que el gobierno deberá presentar en 2027 todavía no se conoce en detalle, pero la posibilidad de que incluya cambios en la edad de jubilación, los años de cotización o los aportes de los trabajadores y empleadores podría tener efectos directos sobre los trabajadores jóvenes, según especialistas y organizaciones como la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.

Patricio Pineda, integrante y fundador de la Mesa, estima que alrededor de 600,000 personas podrían verse afectadas por una reforma que modifique los llamados parámetros del sistema, es decir, si se eleva la edad para jubilarse o el tiempo que los trabajadores deben cotizar para obtener una pensión.

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Pineda también sostiene que este grupo, al verse afectado, podría tener un peso en las elecciones generales de febrero de 2027, debido a que buena parte de los trabajadores que podrían resultar afectados todavía se encuentra lejos de la edad de jubilación.

“Las reformas paramétricas son un tema que nadie quiere abordar y prueba de ello es que el gobierno extendió hasta después de las elecciones la presentación de la propuesta de reforma, porque sabe perfectamente que, si mete ahorita una reforma donde te dicen: ‘Mirá, te tocan cinco años más; ya tenés los 60, bueno, te esperás a los 65’, inmediatamente lo vas a castigar en la urna”, afirmó ayer durante la entrevista matutina de Canal 21.

En este sentido, dicha posibilidad de que la reforma sea presentada hasta después de las elecciones ya había sido mencionada por economistas y por entidades financieras. Por ejemplo, los economistas Carlos Acevedo y Rafael Lemus señalaron anteriormente que una modificación de este tipo podría representar un costo político para el gobierno, debido a que será «una medicina amarga», mientras que Fitch Ratings y EMFI han relacionado el retraso de la reforma con el calendario electoral.

Estas entidades, sin embargo, no han estimado cuántas personas podrían verse afectadas por eventuales cambios, por lo que la cifra de alrededor de 600,000 corresponde a la estimación planteada por la Mesa.

Aun así, el estudio actuarial del sistema de pensiones publicado a finales de 2025 por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) muestra que, al cierre de 2024, había unas 2.1 millones de personas no jubiladas con una cuenta en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), pero solo 1.1 millones realizaron al menos una cotización durante ese año.

Asimismo, el mismo estudio señala que hasta un 60% de los afiliados de entre 25 y 35 años realizó alguna cotización en 2024, mientras que entre los trabajadores de 40 a 59 años la proporción rondó el 40%, lo que muestra una mayor participación de los trabajadores jóvenes entre quienes realizaron aportes al sistema y que, al mismo tiempo, da cuenta del tamaño de la población que se vería afectada por una eventual reforma.

No obstante, la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna no cree que el sistema deba mantenerse sin cambios, pues Pineda, de hecho, ha señalado que las pensiones sí necesitan una reforma, pero considera que esta debe abordar aspectos más amplios que los ajustes que ha recomendado el Fondo.

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Ante esto, la organización propone cambios en la estructura del sistema y en la forma en que se distribuyen los recursos, con el fin de que sea posible mejorar las pensiones sin trasladar todo el ajuste a los trabajadores mediante más años de trabajo o mayores aportes.

Pero, hasta la fecha, el contenido de la propuesta del gobierno todavía no ha sido presentado públicamente, por lo que cualquier modificación en la edad de jubilación, los años de cotización o las tasas de aporte sigue siendo un escenario planteado por especialistas y organizaciones, no una medida confirmada dentro de la reforma.