Como parte del acuerdo entre el país y el FMI, el gobierno reformará la Ley de Pensiones en 2027, sobre todo, aquellos aspectos paramétricos. ¿En qué consiste esto?
Como parte del acuerdo entre el país y el FMI, el gobierno reformará la Ley de Pensiones en 2027, sobre todo, aquellos aspectos paramétricos. ¿En qué consiste esto?

El gobierno deberá reformar el sistema de pensiones en 2027 como parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que confirmó que la modificación será de carácter «paramétrico», aunque todavía no se conocen públicamente los detalles de la propuesta que presentará el Ejecutivo.
En términos sencillos, una reforma paramétrica no significa necesariamente crear un sistema de pensiones nuevo, sino cambiar algunas de las reglas que determinan cuánto tiempo debe trabajar una persona, cuánto debe aportar y cuánto puede recibir cuando se jubile. Entre los posibles cambios que ha identificado economistas están la edad de jubilación, los años de cotización, los porcentajes de beneficio y los aportes que realizan trabajadores y empleadores.
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Por eso, aunque el FMI todavía no ha especificado cuáles serán los parámetros que deberán modificarse, el tema ha generado preocupación porque algunos de los escenarios planteados implicarían que los salvadoreños tengan que trabajar más años o aportar una mayor cantidad de dinero durante su vida laboral para sostener el sistema.
De hecho, economistas consultados anteriormente por El Diario de Hoy han señalado que la edad de jubilación podría aumentar hasta los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, lo que significaría trabajar hasta cinco años más que bajo las condiciones actuales, además de un eventual incremento en las cotizaciones. Estos cambios, sin embargo, son escenarios planteados por analistas y no forman parte todavía de una propuesta oficial del gobierno.
El contexto que empuja esta discusión es el creciente endeudamiento del Estado con los fondos de pensiones: por ejemplo, la deuda previsional alcanzó los $11,714.38 millones en julio, luego de aumentar $44.5 millones solamente durante ese mes y acumular un crecimiento de 38.7 % desde enero de 2023. A esto se suma que en abril de 2027 termina el período de gracia que permitió al gobierno no pagar capital ni intereses de esa deuda, por lo que la firma Standard & Poor’s estima que las obligaciones relacionadas con ese vencimiento podrían representar hasta unos $2,400 millones solo en intereses en 2027.

Es precisamente por este problema financiero que el economista de la UCA Mario Montesino advertía a principios de este año que los cambios tendrían como principal objetivo «reestablecer la sostenibilidad fiscal del gobierno», más que mejorar las condiciones actuales de los cotizantes.
Ahí está una de las principales diferencias entre una reforma paramétrica y la propuesta que, por ejemplo, plantea la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, la cual sostiene que el problema no debería resolverse simplemente haciendo que los trabajadores aporten más o permanezcan más tiempo en el mercado laboral, sino modificando de manera más amplia la forma en que se distribuyen los recursos y se calculan las pensiones.
Patricio Pineda, fundador de la Mesa, cuestiona precisamente que las reformas anteriores se hayan concentrado en pocos cambios, pues, según explica, «si solo se va a dedicar a modificar el parámetro de edad de retiro, tiempo de servicio y cotización al alza, lo que está haciendo usted es nutriendo en efecto al sistema de recursos, pero… la enfermedad simplemente es paliada, no es curada».
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La diferencia, entonces, está en quién termina asumiendo el costo del ajuste, pues una reforma paramétrica podría significar para los trabajadores más años de trabajo, mayores aportes o modificaciones en los beneficios, dependiendo de los parámetros que finalmente decida cambiar el gobierno, mientras que la Mesa propone combinar el ahorro individual con un «pilar» solidario para elevar el monto de las pensiones sin aumentar la edad de jubilación, los años trabajados o las cotizaciones.
Por eso, el economista Rafel Lemus explicó recientemente que la reforma podría venir después de las elecciones de 2027, algo que resumió en una sola frase: «Después de las Elecciones de 2027, se viene la medicina amarga», en referencia al costo que podrían tener para la población las medidas necesarias para hacer sostenible el sistema.
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