Hace unos días, Sergio Ramírez publicó en El País una carta dirigida al presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, recriminándole que su país no acompañó una resolución de la OEA por la declaración de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones en Nicaragua. La resolución del 19 de agosto convoca a los cancilleres para discutir la cancelación de elecciones y contó con el voto de todos los miembros, excepto México, que se abstuvo alegando que “la situación en Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica”, y Brasil que votó en contra. Según Ramírez, la posición de Brasil “se aparta radicalmente de sus posiciones infranqueables en favor de la democracia, que debe ser defendida tanto por gobiernos de izquierda como de derecha”. 

El Salvador figuró entre los países que apoyaron la resolución en contra de Nicaragua, iniciativa presentada por los Estados Unidos. Curiosamente, los medios de prensa no registran los razonamientos del representante salvadoreño en la OEA. Pareciera que los diplomáticos salvadoreños votan sin discutir, tal y como hacen los diputados de Nuevas Ideas en la asamblea legislativa. Abstenerse de participar en la discusión es una decisión entendible, pues el gobierno de Bukele ha modificado significativamente los procesos electorales en El Salvador con la obvia intención de perpetuarse en el poder. Hay una actitud hipócrita al cuestionar a Ortega, cuando Bukele ha hecho lo mismo que el dictador nicaragüense y en mucho menos tiempo.

Ahora bien, la ácida carta de Ramírez a Lula insiste en la importancia de las elecciones, “No le niegue usted a Nicaragua, presidente, el derecho a elegir libremente; ese mismo derecho que puede hacerlo a usted presidente de Brasil una vez más». Y sí, las elecciones son importantes para una democracia, y es claro que Nicaragua arrastra desde hace años una pérdida de institucionalidad electoral y democrática. Sin embargo, la sola existencia de elecciones periódicas no es garantía de nada. Es más, muchos gobiernos autoritarios, represivos y corruptos las hacen y se legitiman con ellas. Ejemplos sobran. En tal sentido, Ramírez se queda corto, muy corto.

Al hablar de elecciones es fundamental determinar bajo qué condiciones se hacen. Se debe considerar, por ejemplo, si se han hecho cambios a la legislación electoral. De ser así, estos debieron discutirse ampliamente y, sobre todo, no se deben cambiar las reglas de juego de improviso. En todo caso debiera considerarse si los cambios buscan hacer las elecciones más transparentes e incluyentes o favorecer al partido en el poder. En los últimos años, El Salvador ha hecho muchos cambios, no solo a su legislación electoral, sino a la constitución misma. Reducción del número de municipios, reducción del número de diputados, cambios en la fórmula para la asignación de diputaciones, eliminación de la deuda política a los partidos, representación legislativa a la diáspora, etc. El análisis más superficial muestra que todos esos cambios favorecen al partido de gobierno y menoscaban las posibilidades de los partidos de oposición.

Otro elemento importante es la independencia y confiabilidad de la instancia encargada de convocar, organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales, en nuestro caso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La pérdida de independencia del TSE ha sido ampliamente documentada y se refleja tanto en la elección de sus magistrados en la asamblea legislativa, como en los problemas que ha tenido en los últimos procesos electorales, amén de la creciente opacidad de su gestión. 

Pero igualmente importante es considerar con qué oposición política se montan los procesos electorales. Y esto implica dos cuestiones. La primera es si el diseño del proceso, el marco legal y el árbitro ofrecen condiciones para que los diferentes partidos y candidatos hagan su campaña electoral en condiciones similares. Digo similar, no iguales, porque es obvio que el partido en el poder compite bajo circunstancias diferentes. En todo caso, lo que no debiera suceder es que el partido en el poder use recursos públicos con fines electorales, por ejemplo, repartir paquetes alimenticios financiados con fondos públicos en los días previos a las elecciones, como hizo Nuevas Ideas en los últimos comicios.

La segunda cuestión atañe propiamente a la oposición. Hay partidos de oposición que elevan la calidad de los procesos electorales, ¿de qué modo? Elaborando propuestas electorales que reten el desempeño del partido en el poder. Hay partidos que critican, pero también proponen. Partidos que escogen responsablemente a sus candidatos; la popularidad no es el único requisito, también cuenta el perfil de la persona con respecto al cargo que pretende. Por el contrario, hay partidos que menoscaban la calidad de la democracia. Partidos que sobreviven no porque el electorado los aprecie, sino por su “habilidad” para hacer buenas migas con los que detentan el poder. En la posguerra se les dio en llamar “tercera fuerza” en tanto que tenían la posibilidad de desentrampar negociaciones en la asamblea legislativa, pocas veces de manera decente. 

En ciertos casos, la correlación de fuerzas políticas deja ver que, para que la oposición política tenga alguna posibilidad se requiere una amplia alianza. Eso fue justamente lo que sucedió en 1972. Para entonces, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) llevaba una década en el poder y tenía todo a su favor. El PDC había tomado fuerza, aprovechando la representación proporcional instaurada en 1963. Además, había ganado alcaldías importantes, incluyendo San Salvador. Pero compitiendo solo no llegaría muy lejos. A pesar de que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) tenía ciertas tendencias anticomunistas hizo alianza con la Unión Democrática Nacionalista (UDN), en realidad fachada del Partido Comunista (PCS) y con el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). Hay consenso histórico que la Unión Nacional Opositora (UNO) ganó las elecciones, pero el PCN recurrió al fraude.

Una alianza de ese tipo deja ver la existencia de una oposición política responsable, propositiva y de visión amplia, condiciones que hoy día brillan por su ausencia, lo cual favorece al partido de gobierno. Los partidos de la UNO tenían además un liderazgo que trascendió en la historia reciente del país. José Napoleón Duarte en el PDC, Guillermo Manuel Ungo en el MNR y Schafik Handal en el PCS. Sus ideas políticas eran diversas, pero dejaron a un lado sus diferencias en pro de los intereses del país. Nada que ver con los liderazgos de los partidos opositores actuales. Así las cosas. Las elecciones son importantes para la democracia. Pero las elecciones no bastan. 

Carlos Gregorio López Bernal

Historiador, Universidad de El Salvador