Tras determinar que la medida es “contraria a la ley” y excede la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio. una jueza federal de Manhattan anuló la prohibición de emisión de visados impuesta por la administración Trump a inmigrantes de 75 países, incluyendo varios de América Latina, informaron las cadenas CNN, Univisión y otros medios internacionales.

Univisión considera la decisión judicial un duro revés a la política migratoria de la Casa Blanca, que buscaba impedir la emisión de visados para residentes y reunificación familiar, así como por trabajo, a ciudadanos de tales naciones.

La norma, dictada el pasado enero, afectaba a casi el 40 % de las naciones del mundo —incluyendo a países latinoamericanos como Colombia, Brasil y Haití, además de Egipto, Somalia y Rusia—.

El Departamento de Estado justificó la suspensión argumentando que buscaba evitar la llegada de inmigrantes que pudieran convertirse en una «carga pública» e ingresar al sistema de asistencia social de Estados Unidos.

Sin embargo, la jueza Jeannette Vargas, del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, cuestionó fuertemente este argumento y dejó sin efecto cualquier denegación de visa respaldada exclusivamente en dicha instrucción, dijo la fuente informativa.

Las leyes estadounidenses mandan que la «carga pública», es decir, personas de hecho o potencialmente dependientes de las ayudas del gobierno, se vea caso por caso –considerando finanzas, la edad, la salud, las habilidades laborales y el entorno familiar del solicitante– y no de manera general.

Precisamente, la jueza Vargas concluyó que la administración Trump aplicó una regla generalizada. Según la investigación, los diplomáticos tenían la orden explícita de rechazar las solicitudes basándose únicamente en el país de origen del aspirante, sin importar si este contaba con los recursos necesarios para mantenerse por sí mismo.

El Departamento de Estado había instruido a sus embajadas a que denegaran visas en tales países, aunque los solicitantes demostraran suficiente solvencia económica.

La jueza cuestiona precisamente la predeterminación que hay para denegar los visados, lo cual viola una ley de 1965 que prohíbe de forma explícita la discriminación por nacionalidad en la emisión de visados, además de vulnerar la norma que impide al secretario de Estado interferir en el criterio independiente de los cónsules al evaluar casos individuales.

mbianos con solicitudes de visas de empleo, de los cuales al menos uno ya había recibido una notificación formal de denegación citando la restricción de la administración.

Los 75 países incluidos en la lista negra gubernamental abarcaban regiones del Caribe, África subsahariana, los Balcanes, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático, e incluían a socios estratégicos de Washington como Egipto, Jordania y Georgia.