Los solicitantes de la residencia permanente en los Estados Unidos deberán demostrar que no se beneficiarán de los programas oficiales de asistencia ni tienen familiares o dependientes considerados «carga pública» porque reciben ayudas del gobierno para su sobrevivencia, según una nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

De acuerdo con las nuevas directrices, los oficiales deberán verificar este factor y otros hechos caso por caso a partir del 18 de septiembre de 2026 para poder conceder la tarjeta de residencia permanente o «green card».

«El gobierno de Trump está haciendo cumplir la ley y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de tener que subsidiar a extranjeros que podrían llegar a depender de beneficios públicos», explicó en julio Zach Kahler, portavoz del USCIS.

Los oficiales deberán verificar si los solicitantes o sus familiares han recibido asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad y otros beneficios similares.

La cadena hispana Univisión informó que entre quienes pueden estar sujetos se encuentran cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses; hijos e hijas solteros de ciudadanos y sus hijos; cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes; hijos casados de ciudadanos y sus familiares; hermanos de ciudadanos; prometidos de ciudadanos; y distintos grupos de inmigrantes basados en empleo, inversión o preferencias migratorias.

También figuran entre las categorías sujetas determinados trabajadores religiosos, ciertos empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero, algunos empleados de la Zona del Canal de Panamá, graduados de facultades de medicina extranjeras, determinados empleados jubilados de organizaciones internacionales, miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, emisores internacionales, inmigrantes de visas de diversidad y ciertos testigos o informantes extranjeros.

Los funcionarios evaluarán edad, estado de salud, educación, habilidades y situación familiar, además de sus bienes, recursos y situación económica.

En caso de denegatorias y a discreción del funcionario, la nueva directriz prevé la imposición de fianzas o garantías de que el inmigrante no se convierta en una «carga pública».

Las nuevas disposiciones no afectan a refugiados, asilados, víctimas de trata de personas y menores inmigrantes que cuentan con protección especial