Con el voto de 29 países, entre ellos El Salvador, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión «urgente» de cancilleres que debata acciones frente al plan del régimen de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas.

El Consejo Permanente de la OEA adoptó la propuesta a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a la oposición de los comicios y establece un mandato presidencial de siete años «renovables».

Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

La reunión extraordinaria de cancilleres -en fecha aún no anunciada- fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el pasado 5 de agosto no se reunieron los apoyos necesarios.

Todo cambió después de un llamamiento que lideró Estados Unidos a «tomar acciones reales» frente al régimen de los copresidentes, sin especificar qué tipo de medidas.

«La repetición de condenas sin una acción institucional significativa enseña a Murillo y Ortega que pueden simplemente esperar a que nos cansemos», dijo Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

La OEA ha celebrado en los últimos años decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover rupturas o degradación de nexos diplomáticos o presión económica.

La decisión en la OEA fue aplaudida por la oposición en el exilio. El exprecandidato presidencial y expreso político, Juan Sebastián Chamorro, la calificó como una «apabullante victoria de la democracia en Nicaragua».

Presión internacional

Ortega gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y se mantiene en él acusado por sus críticos de elecciones fraudulentas y de instaurar una «dictadura dinástica».

En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo y, al señalarlos de «traición a la patria», los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.

El régimen de Ortega y Murillo, que no se ha referido hasta ahora a las acciones de la OEA, retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que una expulsión, como ocurrió con Cuba en 1962, no procede.

«Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente», sostuvo el embajador de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, que votó en contra, en referencia a eventuales sanciones que adopten miembros del foro.

Para el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Cherniak, la situación de Nicaragua es «urgente». «Todos nuestros países están preocupados por organizaciones criminales. ¿No es acaso un régimen que cancela la democracia una plataforma para organizaciones criminales?», expresó.

Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional acciones económicas concretas.

En vísperas de la aprobación de la reforma constitucional -prevista para septiembre-, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno.

Ortega camina con dificultad, padece lupus y problemas renales. La oposición en el exilio advierte que la eliminación de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo.

Grupo opositor cree que la OEA no permitirá «una monarquía familiar» en Nicaragua

La opositora Unidad Nacional nicaragüense dijo este miércoles que espera que los ministros de Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que fueron convocados de forma urgente a una reunión -todavía sin fecha- para abordar la situación de Nicaragua tras la amenaza de su presidente, Daniel Ortega, de cancelar las elecciones, no permitirán «una monarquía familiar en la región».

En una declaración, la Unidad Nacional aplaudió y respaldó la resolución del Consejo Permanente de la OEA que convocó a una reunión de consulta urgente de cancilleres, la cual fue aprobada con 29 votos de los países miembros.

«Es una muestra contundente que no se permitirá una monarquía familiar en la región», valoró ese grupo opositor, cuyos principales dirigentes se encuentran en el exilio.

«Esperamos que se apliquen todas las medidas políticas, económicas y diplomáticas para forzar una transición democrática en Nicaragua», añadió.

Por su lado, el movimiento político opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) agradeció a los 29 países que respaldaron la resolución de convocar a una reunión de consultas de cancilleres en la OEA.

«Este gesto de solidaridad internacional reafirma nuestro compromiso inquebrantable de seguir luchando por una Nicaragua con democracia, libertad y justicia», señaló en un mensaje.

La resolución -aprobada por 29 países, la abstención de México y el voto en contra de Brasil- propone «el nivel más alto de consulta diplomática al alcance» de la OEA, declaró el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien pidió al organismo mostrar «más que palabras en un papel».

Nicaragua está gobernada desde 2007 por Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.

El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Sin embargo, el pasado 19 de julio, Ortega sentenció durante un acto público, para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: «Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».