La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles una asignación de 7.25 millones de dólares para brindar servicios legales a unos 1,400 niños inmigrantes no acompañados en el estado, incluyendo a los más de 250 que están en un centro de detención, que enfrentan un proceso legal que puede llevarlos a la deportación.

La acción de Hochul surge después de que la Administración del presidente Donald Trump no renovara el contrato, que finalizó el 31 de julio, que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) mantenía con Acacia Center for Justice, una red de organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecía asistencia legal a estos menores.

En su lugar, otorgó el contrato de un año, de hasta 150 millones de dólares, a un pequeño bufete de Texas especializado en derecho ambiental y regulatorio, que cuenta con solo dos abogados dedicados a casos de inmigración. Este contrato entra en vigor el 15 de agosto.

Hochul hizo el anuncio junto al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y la fiscal general del estado, Letitia James, quienes reiteraron su rechazo a la agresiva política migratoria de Trump.

«Ningún niño en nuestro estado debería enfrentar el miedo y la incertidumbre del proceso migratorio sin defensores y apoyo legal», señaló la demócrata.

Recordó que durante casi dos décadas, el gobierno federal ha estado obligado por ley a proteger a los niños inmigrantes, y tanto las administraciones demócratas como las republicanas han cumplido con dicha ley.

Además, destacó que la asistencia legal es necesaria porque estos menores tienen mayor riesgo de ser víctimas de trata y abuso y señaló que la Oficina estatal para Nuevos Americanos (ONA) ya está firmando contratos con una coalición de proveedores de servicios legales, liderada por la Federación Hispana, para ayudar a los niños.

La fiscal general James y el alcalde Mamdani aseguraron por su parte que Nueva York «jamás permanecerá impasible» mientras menores se ven obligados a desenvolverse solos en el sistema de inmigración, que los deja vulnerables a la explotación y la deportación.