Inmigrantes deportados de EE.UU. a África mediante un acuerdo de tercer país seguro denuncian falta de servicios básicos y falta de claridad sobre su estatus
Inmigrantes deportados de EE.UU. a África mediante un acuerdo de tercer país seguro denuncian falta de servicios básicos y falta de claridad sobre su estatus

Bryan Sánchez, un ciudadano hondureño que contaba con permiso de trabajo y licencia para conducir camiones en Florida, fue detenido por agentes de migración de Estados Unidos (EE.UU.) el 12 de mayo de 2026 junto a un grupo de 30 personas, entre las que se encontraban cuatro ciudadanos cubanos y un ecuatoriano, de acuerdo a una publicación de Univisión.
Posterior a su arresto, Sánchez permaneció más de ocho semanas en Texas. El 31 de julio de 2026 fue deportado al continente africano en el marco del acuerdo de «tercer país seguro» impulsado por la administración del presidente Donald Trump.
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Desde su llegada al continente africano, los deportados permanecen alojados en habitaciones y han manifestado su preocupación por la falta de agua potable, las deficiencias en el suministro eléctrico y problemas digestivos derivados de la alimentación.
«Yo estaba normal con mi permiso de trabajo, mi licencia de camiones, estaba relajado trabajando y nunca pensé que iba a llegar a la casa a buscarme», declaró Sánchez sobre el momento de su detención.
Asimismo, relató que al consultar a las autoridades locales sobre la falta de agua y luz, únicamente les responden: «Esto es África».
A las deficiencias en los servicios de primera necesidad se suma la barrera del idioma y la incertidumbre legal.
Arístides Fernández García, uno de los cuatro ciudadanos cubanos trasladados, expresó su temor e incertidumbre sobre la situación:
«Al llegar acá, sigo todavía con miedo. Porque no nos han dicho nada. No nos han dado papeles. Nos pasaron por un aeropuerto en la parte de atrás, oscuro, no pasamos aduanas», sostuvo Fernández García.
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Los migrantes deportados afirman no haber recibido documentación oficial tras su arribo y desconocen las medidas que se adoptarán respecto a su situación legal y geográfica.
Por su parte, la Cancillería de Honduras informó en sus redes sociales que mantiene reserva sobre el tema y que no ofrecerá entrevistas por el momento, aunque aclaró que realiza las gestiones diplomáticas correspondientes.
Ante este contexto, los afectados han hecho un llamado a las autoridades de sus respectivos países y a miembros del Congreso de Estados Unidos para solicitar aclaraciones sobre su estatus legal y evaluar la posibilidad de ser retornados a sus naciones de origen.
Fuente: Univisión
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