La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua informó que ha iniciado los análisis necesarios para cumplir con las orientaciones de Daniel Ortega, quien ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.

En una declaración, el Parlamento, subordinado al Ejecutivo, indicó que a partir de las declaraciones de Ortega «sobre los procesos políticos propios de Nicaragua y los nicaragüenses, para asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza, está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales».

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

El Parlamento, controlado absolutamente por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), también subordinado al Ejecutivo, «para asegurar los pasos constitucionales, legales y formales, que fundamentan las reformas, para un Estado y caminos que garantizan las bases jurídicas de este aspecto trascendente de la institucionalidad».

Además, para que sustenten «las prácticas políticas, democráticas, soberanas y libres de nuestros procesos de elección nacional y local de autoridades».

«La soberanía de nuestro pueblo, y de nuestro país, es asunto propio de los nicaragüenses», remarcó la Asamblea Legislativa, que dijo está convocando para «cumplir los mandatos recibidos».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes a Ortega de haber mostrado su «verdadera naturaleza autoritaria» tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en Nicaragua.

«Las declaraciones de Daniel Ortega acerca de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria», afirmó Rubio en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han «abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular» y defendió que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus dirigentes mediante comicios democráticos.

«Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático», agregó Rubio.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense expresó en la víspera «su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes» en Nicaragua.

La oposición nicaragüense ha pedido a la comunidad internacional «que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad» y le pidieron «que actúe ya, respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta hacia la democracia».

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.

Desde 2017 ejerce el poder junto a Murillo, su esposa y anteriormente vicepresidenta, quien fue designada copresidenta del país en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus atribuciones y consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones.