Las estadísticas demuestran un fenómeno social y jurídico peculiar en El Salvador: la adopción de personas mayores de edad supera significativamente a la de hijos de cónyuges. 

De acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), durante el año 2025 se registraron 28 adopciones de adultos en contraste con sólo ocho casos de hijos de cónyuges. 

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Esta tendencia se mantiene en El Salvador en el presente año 2026, periodo en el que ya se contabilizan siete adopciones de personas mayores de edad frente a una sola de hijo de cónyuge. 

Las cifras reflejan que este mecanismo legal es una vía real y utilizada para formalizar vínculos afectivos preexistentes en El Salvador.

Esta realidad fue analizada a profundidad por el especialista Alex Mejía durante una ponencia auspiciada por la Escuela de Capacitación Judicial «Doctor Arturo Zeledón Castrillo» del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). 

En su intervención, titulada “Adopción de personas adultas con vínculos familiares”, en el marco de la videoconferencia de la «Videoteca CNJ», Mejía destacó que este instituto jurídico busca brindar estabilidad a relaciones humanas arraigadas. 

«Adoptar a un adulto básicamente es consagrar los lazos afectivos a la verdad del corazón», enfatizó el ponente, marcando la diferencia sustancial de este proceso con respecto a los trámites en los que se involucra a la niñez y la adolescencia.

¿Dónde se realiza el procedimiento en El Salvador y cuánto dura?

De acuerdo con la ponencia expuesta en la Videoteca CNJ, el trámite es de naturaleza exclusivamente judicial y se promueve a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, dado que inicialmente se asume que es un proceso donde no existe conflicto. 

Los competentes para conocer de estas solicitudes son los Juzgados de Familia del domicilio de la persona adoptada.

Respecto a la duración del procedimiento, el marco legal de El Salvador establece plazos sumamente perentorios que convierten esta diligencia en un trámite rápido y expedito, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos:

• Admisión o prevención: Una vez presentada la solicitud, si el juez determina que hace falta algún elemento, formulará una prevención. La Ley Especial de Adopciones otorga un plazo de 5 días hábiles para subsanar cualquier observación (a diferencia de los 3 días que estipula la Ley Procesal de Familia).
• Señalamiento de audiencia: Si la solicitud es admitida o las prevenciones son subsanadas correctamente, el juzgado debe programar y realizar la audiencia respectiva dentro de los 30 días siguientes a la admisión.
• Resolución: En la misma audiencia se emite la resolución judicial que materializa la adopción de forma definitiva.

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Condiciones esenciales y restricciones del proceso

A diferencia de la creencia común de que la adopción aplica únicamente para menores de edad, la Ley Especial de Adopciones (LEA), vigente desde abril de 2017, ampara y regula este procedimiento para los mayores de 18 años. 

Sin embargo, la normativa salvadoreña trata este recurso bajo un enfoque excepcional y riguroso. 

La principal restricción radica en que no se puede adoptar a un adulto con el que no existan antecedentes reales de afectividad. 

«No va a venir usted a iniciar algo de hoy para mañana sin haber habido un antecedente de afectividad entre el adoptante y el adoptado», advirtió Mejía.

Para que la adopción sea procedente, la ley exige de forma general que el adoptado deba haber convivido con el adoptante por un periodo mínimo de cinco años antes de cumplir la mayoría de edad. 

No obstante, existen flexibilizaciones temporales (donde solo se exige un año de convivencia) para modalidades especiales:

1. La adopción de la hija o hijo del cónyuge o de convivientes declarados judicialmente.
2. La adopción entre parientes cercanos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, lo cual incluye la adopción entre hermanos (habilitada tras la derogación de la prohibición del artículo 20 de la LEA).

Otras restricciones importantes mencionadas en la ponencia incluyen la prohibición implícita de que una persona declarada legalmente incapaz o discapacitada ejerza el rol de adoptante, ya que no cumple con el requisito de ser legalmente capaz. 

Sin embargo, un adulto incapaz sí puede ser adoptado por otra persona; en este caso especial, el consentimiento no lo da el adoptado, sino que lo brinda el Procurador General de la República (o sus defensores públicos delegados). 

Asimismo, si el trámite es de carácter conjunto, la ley restringe esta opción exclusivamente a cónyuges no separados o a parejas que hayan sido declaradas judicialmente como convivientes.

Requisitos legales obligatorios en El Salvador

El marco normativo establece que los interesados deben reunir presupuestos fundamentales para iniciar el trámite:

• Capacidad legal y edad mínima: El adoptante debe ser legalmente capaz y mayor de 25 años (el hecho de estar en una unión de hecho declarada a los 20 años no exime este requisito de edad).
• Diferencia de edad: Debe existir una diferencia mínima de 15 años entre el adoptante y el adoptado, y la misma no podrá exceder los 45 años de diferencia, salvo en las excepciones familiares ya descritas.
• Consentimiento mutuo: Es el eje central; ambas partes deben expresar su voluntad de forma libre y transparente ante el juez.
• Documentación básica: La ley de forma primordial sólo exige las certificaciones de las partidas de nacimiento de los adoptantes y del adoptado. Sin embargo, Mejía puntualizó que, a criterio judicial y para garantizar la transparencia, los jueces suelen requerir de forma complementaria antecedentes penales, policiales o constancias médicas.

Riesgos de conflicto, nulidad o rechazo

Aunque se tramita por jurisdicción voluntaria, el proceso puede convertirse en un juicio contencioso si el juez advierte fraude, simulación o si terceros (como otros hijos biológicos del adoptante) se oponen alegando que la adopción persigue fines indebidos, tales como afectar herencias, derechos sucesorios o buscar beneficios migratorios indebidos (obtención de residencias extranjeras) mediante el cambio de apellidos e identidad. De igual forma, si se comprueba dolo, violencia o falsedad documental, el proceso puede quedar sin efecto por nulidad.

Efectos definitivos

Una vez que el juez dicta la sentencia favorable, la resolución es definitiva e irrevocable. El juzgado libra un oficio al Registro del Estado Familiar correspondiente para cancelar la partida de nacimiento original (sin expresar los motivos de la cancelación) y asentar una partida completamente nueva en el lugar donde se llevó a cabo el trámite judicial.

A partir de ese momento, se extinguen los vínculos jurídicos con la familia consanguínea anterior. 

El adoptado adquiere los apellidos del adoptante, derechos sucesorios automáticos, patrimonio, una nueva nacionalidad (si aplica) y los mismos deberes de apoyo, solidaridad y colaboración equiparables a los de un hijo biológico.