«Grave crisis de derechos humanos» y opacidad en cifras oficiales, señala informe
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA destaca que el país acumula más de 90,000 capturas y 471 muertes bajo custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción
Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) dijo a inicios de octubre, cuando fue entrevistada para ser reelecta al frente de la PDDH, que no tenía reportes de ningún caso de tortura en las cárceles salvadoreñas.
FOTO EDH / Lissette Monterrosa
El Salvador se encuentra sumergido en una «grave crisis de derechos humanos» debido a la profundización de patrones de abusos, detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y el desmantelamiento de los controles democráticos.
Así lo revela el Informe Anual 2025: El estado de los derechos humanos en El Salvador, presentado esta semana por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
De acuerdo con el documento, el año 2025 estuvo marcado por la consolidación de un régimen político caracterizado por la concentración del poder, la opacidad y la falta de transparencia en las instituciones públicas.
El organismo detalla que persisten serios obstáculos para acceder a información de entidades como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Seguridad, las cuales suelen declarar bajo reserva los datos estadísticos.
En octubre de 2025, representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) llevaron nuevamente una serie de denuncias en las que describen tortura a capturados bajo el régimen de excepción, vigente desde 2022.
FOTO EDH / Lissette Monterrosa
Alerta por subregistro de homicidios
Uno de los hallazgos más críticos expuestos por el OUDH es la disparidad en las cifras de violencia letal. Mientras la Fiscalía reportó oficialmente 82 homicidios durante todo el año 2025, el Observatorio advierte que existe un «importante subregistro» que oculta la verdadera magnitud de la violencia en el país.
Según el informe, el dato oficial del Gobierno excluye intencionalmente otras categorías de muertes violentas, tales como los feminicidios (26 casos registrados por la organización ORMUSA), los fallecimientos al interior de los centros penales, los hallazgos de osamentas (al menos 12 localizadas en 2025) y las muertes derivadas del uso de la fuerza letal por parte de agentes del Estado.
«Esta exclusión produce una lectura parcial de la violencia letal y puede invisibilizar víctimas y patrones», reza el documento.
Régimen de excepción y derechos humanos
El balance cuantitativo de la implementación de las medidas de excepción en El Salvador —vigentes desde marzo de 2022— arroja cifras alarmantes de afectación a la población, sobre todo porque no se ha seguido el debido proceso y, entre los detenidos, diversas organizaciones han denunciado que hay inocentes.
90,844 capturas acumuladas desde el inicio del régimen hasta el cierre de 2025.
3,093 denuncias de detenciones arbitrarias registradas en el periodo de 2022 a 2025.
120 muertes bajo custodia estatal documentadas únicamente durante el año 2025.
471 fallecimientos en cárceles acumulados desde que inició la medida excepcional.
El OUDH destaca que el hacinamiento penitenciario y la falta de garantías judiciales agravan la situación de las personas recluidas.
El informe cita abusos severos documentados en cárceles como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), haciendo especial eco del caso de 252 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos en 2025, quienes, según denuncias internacionales, sufrieron incomunicación, golpizas y condiciones inhumanas que constituyen tortura, hechos que fueron reportados incluso por medios internacionales.
Cierre del espacio cívico y reformas exprés
El estudio de la UCA también pone el foco en el deterioro democrático e institucional. Señala que el 31 de agosto de 2025 se aprobaron reformas exprés a los artículos 75, 152 y 154 de la Constitución para habilitar la reelección presidencial indefinida, ampliar el periodo presidencial a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral, trastocando profundamente el sistema democrático salvadoreño.
A la par de estos cambios, el OUDH denunció una constante «anulación del espacio cívico» mediante la persecución y el acoso hacia periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas.
El informe recalca que la vigencia de normativas como la Ley de Agentes Extranjeros ha provocado, además, el cierre o traslado forzoso fuera del país de diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Recomendaciones al Estado en derechos humanos
Ante este panorama, el estudio del observatorio de la UCA urgió al Estado salvadoreño a transitar hacia una política integral de seguridad pública que devuelva las garantías constitucionales suspendidas y respete el debido proceso y los derechos humanos.
«Si bien se reconoce la reducción significativa de los homicidios, esta mejora no justifica la normalización de un régimen excepcional que vulnera sistemáticamente los derechos de la población», concluye el reporte.
