La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones, alimentados con descuentos a los salarios de los trabajadores públicos y privados, llegó a $11,567 millones en mayo, un 2.9 % más que lo registrado a finales de 2025, según datos del estatal Banco Central de Reserva (BCR) actualizados este miércoles.

Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de $11,241.13 millones de dólares en diciembre de 2025 a los $11,567.33 millones a mayo del año en curso, un incremento de $326.2 millones de dólares.

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En enero, el Gobierno tomó de estos fondos de pensiones $92.32 millones, en febrero fueron $46.76 millones y en marzo sumaron otros $96.11 millones, para abril fueron $44.1 millones y en mayo tomó $46.91 millones.

Si se compara la deuda acumulada a mayo de 2026 con la del mismo mes de 2025, cuando sumaba $10,789.19 millones, existe un incremento de $778.14 millones de dólares, equivalente al $7.21% de alza.

Estos recursos, que se estarían usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado por el Estado salvadoreño a finales de la década de 1990 para dar paso a lo privado y reformado en 2022, el Gobierno los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a comprar.

Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente $3,173.77 millones.

A esto se añaden $8,393.56 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.

Esta reforma, según ha dicho el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevó a que el 89 % de los activos bajo la administración de las AFP, que para 2024 llegaron a $14,900 millones, se mantengan «en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras».

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El FMI ha advertido que en El Salvador las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es «un fondo común para los afiliados de las AFP», que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.

Los salvadoreños están a la espera de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele presente una reforma al sistema de pensiones, comprometida con el FMI, cuyo plazo de entrega venció el 10 de febrero pasado y de la que no se ha brindado ningún tipo de información.