A última hora de la tarde del 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por uno de los eventos sísmicos más destructivos de su historia moderna. Se produjeron dos potentes sismos con apenas treinta y nueve segundos de diferencia: el primero, de magnitud 7,2, y el segundo, de magnitud 7,5 en la escala de Richter. Los epicentros se localizaron en la región de Yumare, en el estado Yaracuy, aproximadamente a 160 kilómetros al oeste de Caracas. La profundidad relativamente superficial de los hipocentros (entre 10 y 20 km), sumada a la naturaleza del doble sismo, provocó sacudidas violentas que se sintieron incluso en la capital y más allá. Los informes iniciales señalan al menos 164 fallecidos y más de 1.000 heridos, además del colapso de decenas de edificios, especialmente en los sectores caraqueños de Los Palos Grandes, Altamira y Chacao.

Lamentablemente, se teme que estas cifras aumenten en las próximas horas. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) advierte sobre un desastre de proporciones históricas que podría dejar miles de víctimas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró de inmediato el estado de emergencia nacional mientras se desarrollaban las labores de rescate en medio del caos, entre escombros y ante la previsión de réplicas.

Este evento no es meramente el resultado de fuerzas tectónicas implacables. También encarna trágicamente las consecuencias acumuladas de un sistema político basado en el clientelismo que, durante más de dos décadas, ha socavado los cimientos mismos de la resiliencia nacional frente a los riesgos naturales. Ha habido una carencia de políticas de prevención de riesgos y un fracaso a la hora de implementar las adaptaciones técnicas de construcción que constituyen una práctica habitual en otras naciones de alto riesgo, como Japón y Corea del Sur. Todos recordamos la devastación que el terremoto de enero de 2010 causó en Puerto Príncipe. La situación que afronta Caracas en 2026 es el capítulo más reciente de una larga serie de tragedias: sucesos que pueden ser geológicamente inevitables, pero que son técnica, sociológica y, en última instancia, políticamente previsibles.

La geología de Venezuela explica en gran medida su vulnerabilidad a los terremotos. Situada en el límite entre las placas del Caribe y de América del Sur, la zona norte del país se encuentra en una compleja área de contacto tectónico dominada por movimientos de desplazamiento lateral (o de rumbo). Importantes fallas activas, como los sistemas Boconó, San Sebastián y El Pilar, acumulan tensiones durante siglos o decenios antes de liberarlas violentamente. Grandes terremotos ya han marcado la historia del país: el sismo de 1812 (con una magnitud estimada de 7,7), que devastó Caracas y otras ciudades; el terremoto de 1967 en la capital (magnitud aproximada de 6,6), que causó cientos de muertes y reveló por primera vez la importancia de los efectos de amplificación del movimiento del suelo en el valle sedimentario de Caracas; y el terremoto de 1997 en Cariaco. Estos sucesos condujeron a la creación, en 1972, de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) y a la realización de estudios que cartografiaron con precisión las zonas de alto riesgo.

Sin embargo, el conocimiento científico no bastó para evitar la catástrofe de 2026. El doble sismo del 24 de junio presentó características particularmente letales. El primer temblor debilitó las estructuras, mientras que el segundo, de mayor intensidad, provocó el colapso de edificios que ya habían sufrido daños. La escasa profundidad de los hipocentros limitó la disipación de energía en el subsuelo, concentrando el impacto en la superficie.

Caracas, a pesar de encontrarse relativamente alejada de los epicentros, experimentó sacudidas amplificadas por la geología local. La capital se asienta en un valle relleno de sedimentos aluviales blandos y de gran espesor, producto de la erosión de las montañas circundantes. Estos suelos actúan como un amplificador natural de las ondas sísmicas, un fenómeno bien documentado durante el terremoto de 1967, cuando los barrios situados sobre los depósitos más gruesos, especialmente Los Palos Grandes y Altamira, fueron los más afectados.

Los estudios de «microzonificación» realizados entre 2005 y 2009 por FUNVISIS, en colaboración con instituciones internacionales, confirmaron estas vulnerabilidades y propusieron recomendaciones específicas para adaptar las prácticas y normas de construcción. A pesar de este conocimiento acumulado, los daños fueron extensos. Colapsaron tanto edificios modernos como antiguos, dejando a los residentes atrapados bajo los escombros. Videos en tiempo real mostraron escenas de pánico, con personas huyendo hacia las calles mientras nubes de polvo se elevaban sobre los barrios afectados. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía también sufrió daños, lo que interrumpió el tráfico aéreo.

La cifra provisional de víctimas, que actualmente se sitúa en 164 fallecidos y más de 1.000 heridos, probablemente represente solo una parte de la realidad, ya que muchas zonas siguen siendo de difícil acceso y continúan las labores de búsqueda entre los escombros. De hecho, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) había emitido alertas tempranas sobre el elevado riesgo de víctimas debido a la densidad de población y a la vulnerabilidad de las estructuras en la zona afectada.

Los factores geológicos por sí solos no explican la magnitud de la tragedia. Durante años, Venezuela ha padecido una vulnerabilidad estructural agravada por decisiones políticas y un estilo de gobernanza marcado por el clientelismo. Este sistema —basado en la distribución de recursos, empleos y favores a cambio de lealtad política— ha moldeado profundamente al país desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y, posteriormente, bajo el mandato de Nicolás Maduro hasta enero de 2026. Una economía rentista dependiente del petróleo financió una vasta red de clientelismo, que incluía programas como los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), destinados a distribuir alimentos entre las poblaciones más pobres. En la práctica, estos mecanismos se convirtieron en herramientas de control político y corrupción a gran escala, desviando miles de millones de dólares para beneficiar a élites leales en lugar de invertirlos en infraestructuras sostenibles o en la prevención de riesgos. Esta cultura clientelar ha tenido consecuencias directas en la capacidad del país para resistir terremotos.

Existen normas de construcción sismorresistente desde la década de 1970, las cuales fueron reforzadas tras el terremoto de 1967. Estudios detallados de FUNVISIS recomendaban reforzar los edificios existentes, adaptar las nuevas construcciones a las condiciones del suelo local e implementar planes de emergencia comunitarios. Sin embargo, a lo largo de los años de crisis, estas recomendaciones han sido mayoritariamente ignoradas.

La corrupción sistémica permitió que los contratos de construcción se adjudicaran en función de vínculos políticos, en lugar de basarse en la calidad o en el cumplimiento de las normas de seguridad sísmica. Empresas estrechamente ligadas al poder gobernante construyeron o renovaron estructuras sin cumplir los requisitos técnicos, utilizando materiales de calidad inferior u omitiendo los refuerzos necesarios. En un contexto de hiperinflación y colapso económico, las poblaciones de bajos ingresos —a menudo dependientes del sistema de clientelismo político— se vieron obligadas a instalarse en asentamientos informales o viviendas precarias carentes de cualquier protección sísmica.

El clientelismo político también contribuyó a un éxodo masivo de profesionales cualificados. A lo largo de los años, miles de ingenieros, arquitectos, geólogos y especialistas en gestión de riesgos abandonaron Venezuela para escapar de la represión, la inestabilidad y la falta de perspectivas profesionales. Esta fuga de cerebros privó al país de la experiencia técnica esencial para implementar las recomendaciones científicas existentes. Instituciones como FUNVISIS, a pesar de su destacada labor, vieron recortados sus recursos y comprometida su independencia debido a la injerencia política.

El gobierno central priorizó el mantenimiento del poder, la financiación de milicias leales al régimen y la ejecución de proyectos de prestigio por encima de la reducción del riesgo de desastres. Los fondos que podrían haberse destinado a renovar edificios públicos o a capacitar equipos de respuesta ante emergencias fueron desviados, perpetuando así un ciclo de vulnerabilidad.

El impacto social de esta combinación de geología y clientelismo político es particularmente cruel. Los barrios más afectados de Caracas suelen albergar a poblaciones de bajos ingresos históricamente vinculadas al chavismo a través de programas sociales. Estas mismas poblaciones, dependientes del sistema clientelar para su supervivencia diaria, quedaron más expuestas cuando colapsaron las estructuras destinadas a protegerlas.

La tragedia del 24 de junio de 2026 será recordada como un posible punto de inflexión para Venezuela. Reveló tanto el poder destructivo de la naturaleza como las profundas debilidades de un sistema político que no supo proteger a sus ciudadanos. La reconstrucción debe ir más allá de la mera edificación de estructuras; también debe restaurar la confianza en las instituciones y reconstruir una cultura de prevención y resiliencia.

Si el país logra aprender de esta tragedia, rompiendo con las prácticas clientelistas del pasado y situando la ciencia y el interés público en el centro de la toma de decisiones, entonces las vidas perdidas no habrán sido en vano. De lo contrario, futuros terremotos, inevitables en esta región de gran actividad tectónica, corren el riesgo de provocar nuevamente un sufrimiento innecesario.

Venezuela, rica en historia, recursos y gente, merece un destino mejor que aquel agravado por decisiones políticas erróneas.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.