Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una serie de restricciones impuestas a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionales de 39 países.

El gobierno de Trump impuso tales bloqueos a los inmigrantes tras el tiroteo del año pasado contra miembros de la Guardia Nacional perpetrado por un inmigrante afgano. Pero el juez de distrito John McConnell afirmó que las restricciones son ilegales.

«Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente obtener decisiones definitivas relativas, entre otras cosas, a sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia permanente o naturalización», subrayó el juez. 

Citó una publicación de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. 

En diciembre, Noem afirmó en X haber recomendado al presidente Donald Trump «una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado» Estados Unidos «con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo». 

Esa recomendación se aplicó de inmediato, y las solicitudes de tarjetas de residencia -la famosa «green card»- o de naturalización quedaron suspendidas para personas de 19 de los países más pobres del mundo. 

Doce de esos países ya enfrentaban una prohibición de entrada en territorio estadounidense desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

A ellos se sumaban otros siete (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela) sometidos desde la misma fecha a restricciones en la expedición de visados. 

Veinte países fueron añadidos posteriormente a la lista en diciembre de 2025. 

El juez reprocha en particular al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) «justificar sus actos por preocupaciones de ‘seguridad nacional’ que en realidad son pretextos para disimular prejuicios antiinmigrantes». 

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una prioridad absoluta, aludiendo a una «invasión» del país por parte de «delincuentes procedentes del extranjero». 

Pero su programa de deportaciones masivas ha sido frustrado o frenado por múltiples decisiones judiciales.