Durante varios meses Estados Unidos ha aplicado una política de «máxima presión» contra Cuba. Tras el decreto presidencial del 29 de enero de 2026, que declaró a la Isla una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense; el endurecimiento de las sanciones económicas del 1 de mayo; y la posterior acusación contra Raúl Castro, expresidente cubano y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre 1959 y 2008, ha surgido una nueva ola de medidas que aísla aún más a Cuba y a su régimen desde el punto de vista económico.

Las sanciones estadounidenses anunciadas el 4 de junio de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dirigidas directamente contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, su yerno Manuel Anido Cuesta y otros miembros de la familia Castro, como Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, también alcanzan a entidades como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Estas medidas representan una escalada significativa de la presión ejercida por la administración Trump sobre el régimen cubano. Implican la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos —e incluso potencialmente a terceros mediante sanciones secundarias— mantener relaciones con las personas y entidades sancionadas.

Cuba atraviesa desde hace décadas una crisis estructural, agravada por el prolongado embargo estadounidense vigente desde 1962, las dificultades económicas de aliados tradicionales como Rusia, la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y las incertidumbres geopolíticas internacionales. La dependencia de las importaciones de petróleo —principalmente procedentes de Venezuela y México— ha sido históricamente una de las principales debilidades de la economía cubana. La intervención estadounidense en Venezuela en enero de 2026, que condujo a la caída de Nicolás Maduro, interrumpió un flujo vital de hidrocarburos subsidiados.

La Orden Ejecutiva 14380, emitida en enero de 2026, declaró una emergencia nacional y autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba. Posteriormente, la Orden Ejecutiva 14404, de mayo de 2026, amplió esas medidas mediante sanciones secundarias dirigidas contra sectores clave de la economía cubana —energía, defensa y finanzas, entre otros—, así como contra entidades como GAESA, el conglomerado militar que controla una parte sustancial de la economía nacional, estimada entre el 40 % y el 70 %. Se concedió un período de transición hasta el 5 de junio de 2026 para determinadas operaciones, pero la presión económica ha alcanzado ahora su punto máximo.

Las nuevas sanciones anunciadas el 4 de junio apuntan explícitamente a la cúpula política y militar cubana, acusada de represión, apoyo a grupos radicales y actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha manifestado su deseo de convertir a Cuba en un país «bien gobernado», al tiempo que ha señalado que la isla atraviesa una situación extremadamente precaria.

Cuba se encuentra inmersa en la peor crisis energética y económica de su historia reciente, una situación que muchos comparan con el llamado «Período Especial» de la década de 1990.

Los cubanos sobreviven gracias al ingenio, el trueque y el apoyo económico de familiares en el exterior. Sin embargo, el cansancio social es evidente: se registran protestas esporádicas, cacerolazos, bloqueos de carreteras e incendios de basura en medio de la oscuridad provocada por los apagones. El gobierno responde mediante una combinación de represión selectiva y medidas de contención, restableciendo temporalmente el suministro eléctrico en determinados barrios para reducir las tensiones.

Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez han condenado las sanciones, calificándolas de «despreciables», «genocidas» e intervencionistas.

El presidente cubano denuncia una política de «agresión y perversidad» destinada a asfixiar al pueblo cubano, al tiempo que reafirma la resistencia nacional bajo el lema «La Patria se defiende». El régimen moviliza a organizaciones de masas como la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) para organizar manifestaciones de apoyo y preparar a la población para los «peores escenarios posibles».

Los apagones duran entre 18 y 22 horas diarias en numerosas regiones del país, incluida La Habana. Las centrales termoeléctricas sufren una grave escasez de combustible —diésel y fueloil pesado—, lo que ha provocado repetidos colapsos de la red eléctrica nacional, especialmente durante marzo de 2026. Las consecuencias afectan a prácticamente todos los sectores de la economía:

• Alimentación y agua: grave escasez de alimentos, inflación acelerada y dificultades para cosechar y transportar productos agrícolas. Los sistemas de bombeo de agua, dependientes del diésel, funcionan de manera irregular, lo que genera problemas sanitarios. La basura se acumula en las calles debido a la falta de vehículos operativos.

• Salud: los hospitales operan con fuertes limitaciones, persiste la escasez de medicamentos y los programas de vacunación y atención materna sufren interrupciones.

• Transporte e industria: reducción drástica del transporte público, cierre de fábricas y fuerte impacto sobre el turismo, sector que ya habría registrado una caída superior al 55 %. Varias cadenas hoteleras internacionales, como Meliá e Iberostar, abandonan la isla debido a las sanciones vinculadas a GAESA. Asimismo, los servicios de pago con Visa y Mastercard están siendo suspendidos gradualmente.

• Economía: el Producto Interno Bruto (PIB) registra una fuerte contracción —estimada en un 6 % desde comienzos de año y en un 23 % desde 2020—, mientras que el peso cubano continúa depreciándose y el salario promedio ronda los 14 dólares mensuales.

Paralelamente, se llevaron a cabo negociaciones discretas con Washington, confirmadas en marzo de 2026, que habrían contribuido a la liberación de más de 2.000 presos políticos en abril. Asimismo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Cuba el 14 de mayo durante la visita del presidente estadounidense a China, lo que refleja la preocupación de Washington por la evolución de la situación cubana.

Las nuevas sanciones personales contra Miguel Díaz-Canel y sus colaboradores poseen una importante carga simbólica. Forman parte de una estrategia orientada a deslegitimar a las autoridades cubanas. Sin embargo, el principal impacto continúa siendo el creciente aislamiento económico derivado de las restricciones contra GAESA y del bloqueo energético.

El 5 de junio de 2026 marca el final del período de transición concedido a determinadas operaciones vinculadas a GAESA, lo que podría acelerar la retirada de empresas extranjeras de la isla.

¿Qué podría ocurrir ahora? Existen varios escenarios posibles:

• Colapso acelerado: una escasez extrema podría desencadenar protestas masivas, fracturas dentro del aparato estatal o una nueva ola migratoria de gran magnitud.
• Negociaciones: Cuba podría aceptar reformas económicas y políticas —incluidas medidas relacionadas con los derechos humanos— a cambio de un alivio gradual de las sanciones.
• Resistencia prolongada: el régimen logra mantenerse mediante la represión, el control ideológico y una limitada ayuda exterior, prolongando las dificultades de la población.
• Intervención: Donald Trump ha mencionado posibles acciones posteriores a la guerra con Irán; sin embargo, cualquier escenario militar continuaría siendo altamente arriesgado y controvertido.

Al 5 de junio de 2026, Cuba se encuentra en modo de supervivencia. El régimen enfrenta una presión sin precedentes, pero mantiene su determinación de resistir. Las sanciones contra Miguel Díaz-Canel simbolizan un aislamiento internacional cada vez mayor, aunque la crisis profunda ya está en marcha. El desenlace dependerá de la capacidad de la isla para obtener fuentes alternativas de combustible, de la magnitud de las protestas populares y de la disposición de Estados Unidos a combinar la presión económica con eventuales vías de apertura diplomática.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.