Los demócratas en el Senado rechazaron en bloque la iniciativa aprobada por la Cámara Alta para destinar 70.000 millones de dólares para financiar las operaciones migratorias federales hasta el final del mandato del presidente, Donald Trump, lo que supone una victoria clave que ahora deberá ser refrendada por la Cámara de Representantes.

Los legisladores demócratas, sin embargo, rechazaron el proyecto al considerar que carece de salvaguardas para limitar los poderes de los agentes migratorios y temen que derive en más abusos contra solicitantes de asilo y comunidades inmigrantes.

Los demócratas también aprovecharon para intentar redirigir el dinero de la aplicación de las leyes migratorias hacia vivienda y otras áreas sociales.

Ante la cercanía de las elecciones de medio término, marcadas por la inflación, los demócratas argumentaron que los republicanos estaban priorizando la agenda de deportaciones de Trump por encima del costo de la vida.

En una votación celebrada de madrugada, la Cámara Alta dio luz verde al paquete con 52 votos a favor y 47 en contra, sin ningún apoyo del Partido Demócrata y con un solo senador republicano rompiendo la disciplina de voto.

La medida canaliza los fondos hacia el Departamento de Seguridad Nacional, principalmente para reforzar las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las operaciones migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante los próximos tres años, hasta el final del actual mandato de Trump en enero de 2029.

Uno de los puntos más polémicos es la ausencia de una cláusula para prohibir el fondo de 1.800 millones de dólares con el que Trump quería compensar a sus aliados que tuvieron procesos judiciales durante la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025).

Tampoco incluye fondos para financiar la seguridad del futuro y controvertido salón de baile que Trump ha insistido en construir en la Casa Blanca.

El nuevo paquete se suma a los más de 150.000 millones de dólares en fondos para fuerzas de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional aprobados por el Congreso en julio de 2025 como parte de la gran ley de recortes fiscal impulsada también por el presidente, lo que consolida a ICE y a CBP como dos de las agencias federales mejor financiadas del país.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, también bajo control republicano.

Si esta Cámara lo aprueba sin cambios sustanciales, el texto será enviado a la Casa Blanca para la firma del presidente. 

Rebelión de republicanos contra paquete

El texto se demoró durante semanas por la rebelión de algunos senadores contra el paquete de compensación «antipolitización» de 1.800 millones de dólares propuesto por el Departamento de Justicia.

Los críticos lo consideraron un «fondo opaco» que podría permitir que personas condenadas por el asalto de 2021 al Capitolio recibieran dinero de los contribuyentes.

El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo a los legisladores esta semana que el gobierno no seguiría adelante con el fondo.

Pero Trump lo siguió defendiendo como un proyecto «hermoso» y dijo que tendría que «preguntar a los abogados» si estaba muerto o simplemente en pausa.

Esa ambigüedad llevó a algunos republicanos a intentar dejar por escrito la eliminación del fondo en la ley.

«No hay forma de explicar el fondo de 1.776 (mil millones)», dijo a los periodistas el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte.

Aunque las votaciones sobre las enmiendas hicieron poco para descarrilar la agenda de Trump, pusieron de relieve un problema recurrente para los republicanos: incluso controlando el Congreso, deben gestionar la resistencia interna al costo político asociado a algunas prioridades del presidente.

Varios senadores se desmarcaron de medidas dirigidas al fondo «antipolitización», a la futura financiación del salón de baile y al intento de Trump de colocar a un funcionario de vivienda leal al presidente como jefe de la inteligencia estadounidense.