Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han alcanzado un punto de tensión sin precedentes desde la Crisis de los Misiles de octubre de 1962. La administración de Donald Trump, que regresó al poder en enero de 2025, impuso un bloqueo petrolero vigente desde el 29 de enero de 2026 mediante una orden ejecutiva que declaraba a Cuba una «amenaza extraordinaria e inusual» para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este bloqueo, reforzado tras la intervención militar estadounidense en Venezuela —que culminó con la captura de Nicolás Maduro durante la noche del 2 al 3 de enero de 2026—, ha sumido a la isla en una dramática crisis energética y humanitaria: apagones de entre 20 y 22 horas diarias, paralización de hospitales, transporte y agricultura, así como una escasez generalizada de alimentos y medicamentos.

El presidente Donald Trump y su secretario de Estado cubanoestadounidense, Marco Rubio, acusan al régimen de Miguel Díaz-Canel de albergar bases de espionaje rusas y chinas, apoyar a grupos como Hamás y Hezbolá, y representar una amenaza directa para la seguridad de Florida y los intereses estadounidenses en el Caribe. Cuba, por su parte, denuncia un «bloqueo genocida» destinado a provocar un cambio de régimen y llama a la resistencia.

Los vuelos de reconocimiento estadounidenses se intensifican, mientras circulan rumores sobre la posible adquisición por parte de Cuba de drones destinados a operaciones asimétricas contra Guantánamo o Key West. Para la administración estadounidense, encontrar un pretexto que justifique una eventual intervención resulta fundamental, tanto desde el punto de vista jurídico como estratégico.

¿Estamos al borde de una intervención militar estadounidense? Esa es la pregunta que domina hoy los debates en Washington, La Habana y numerosas capitales del mundo. El gobierno estadounidense insiste en la «máxima presión» económica y en la vía de la negociación, pero el despliegue naval en el Caribe y cierta retórica política («Cuba es la siguiente», «toma de control amistosa») alimentan las especulaciones.

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos no son nuevas. Se remontan a la Revolución Cubana de 1959, cuando Fidel Castro derrocó al dictador Fulgencio Batista, apoyado por Washington. La nacionalización masiva de empresas estadounidenses —refinerías, plantaciones azucareras y hoteles— sin compensación adecuada marcó el inicio de una profunda confrontación ideológica. En 1960, Estados Unidos impuso un embargo comercial parcial, que se amplió en 1962 hasta convertirse en un embargo casi total, después de que Cuba se alineara con la Unión Soviética.

El momento culminante sigue siendo la Crisis de los Misiles de octubre de 1962: la URSS instaló misiles nucleares en Cuba, a apenas 145 kilómetros de Florida. El presidente John F. Kennedy impuso entonces un bloqueo naval —denominado oficialmente «cuarentena»— y el mundo estuvo al borde del apocalipsis nuclear. El acuerdo secreto entre Kennedy y Nikita Jrushchov —retirada de los misiles soviéticos a cambio de la promesa estadounidense de no invadir Cuba y del retiro de misiles estadounidenses en Turquía— evitó lo peor, pero consolidó a Cuba como bastión antiestadounidense en el hemisferio occidental.

El embargo, codificado por la Ley de Comercio con el Enemigo (1962), la Ley de Democracia Cubana (1992) y, sobre todo, la Ley Helms-Burton (1996), aprobada tras el derribo por parte de la fuerza aérea cubana de dos avionetas civiles estadounidenses pertenecientes a la organización anticastrista «Hermanos al Rescate», se convirtió en la principal herramienta de presión contra La Habana.

La Ley Helms-Burton, de carácter extraterritorial, amplió las sanciones al penalizar a empresas extranjeras que mantuvieran relaciones comerciales con Cuba, especialmente en relación con propiedades confiscadas entre 1959 y 1960. La ONU vota casi cada año una resolución condenando este embargo —la última, en 2025, con un resultado de 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones— y estima las pérdidas acumuladas para Cuba entre 130.000 y 150.000 millones de dólares.

La caída de la URSS en 1991 sumió a Cuba en el llamado «Período Especial»: hambruna, apagones generalizados y una caída del 35 % del PIB. Fidel Castro logró mantener el régimen mediante una combinación de represión, retórica nacionalista y reformas limitadas, entre ellas una apertura parcial al turismo y a la inversión extranjera.

El rescate llegó en la década de 2000 gracias a la Venezuela de Hugo Chávez y al acuerdo PetroCaribe: petróleo subsidiado a cambio de médicos, maestros y servicios de inteligencia cubanos. Esta alianza se volvió vital hasta 2026.

Durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) se produjo un histórico deshielo: restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015 y flexibilización de las restricciones a los viajes, las remesas y los intercambios culturales. Sin embargo, durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump revirtió esa política mediante una estrategia de «máxima presión»: endurecimiento del embargo, activación del Título III de la Ley Helms-Burton y restricciones a los viajes y a las transacciones con entidades militares cubanas como GAESA.

El segundo mandato de Trump marcó el retorno de tácticas más agresivas, culminando con la intervención en Venezuela. Este contexto histórico revela una constante: Cuba ha sobrevivido durante décadas gracias a su resiliencia, su aparato ideológico y sus alianzas externas. Pero en 2026, la combinación de un bloqueo petrolero efectivo y el debilitamiento regional alteró profundamente el equilibrio.

El punto de inflexión llegó con la operación estadounidense en Venezuela a comienzos de enero de 2026: las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, pusieron fin al régimen chavista y tomaron el control de activos petroleros estratégicos.

El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando el estado de emergencia nacional. Cuba fue acusada de mantener alianzas hostiles con Rusia, China e Irán; de participar en actividades de espionaje mediante instalaciones como Lourdes y Bejucal; de reprimir a su población; y de apoyar a grupos terroristas.

A partir de entonces comenzó el bloqueo petrolero: aranceles punitivos contra cualquier país que suministrara petróleo a Cuba —incluidas amenazas contra México/Pemex y Rusia—; intensificación de sanciones contra GAESA, conglomerado que controla entre el 60 % y el 70 % de la economía cubana; acusación formal contra Raúl Castro, el 21 de mayo de 2026, por su presunta implicación en el caso «Hermanos al Rescate» de 1996; aumento de la vigilancia y de los vuelos de reconocimiento; y una oferta de ayuda humanitaria condicionada, valorada en 100 millones de dólares y presentada en mayo.

Cuba respondió liberando a más de 2.000 presos políticos en marzo, manteniendo negociaciones secretas —confirmadas en abril— y reforzando su discurso de resistencia con el lema: «Cuba no tiene miedo». Pese a las presiones, un petrolero ruso logró llegar a la isla. En mayo, el ministro cubano de Energía anunció que el país estaba quedándose sin diésel ni fueloil.

Los apagones extremos paralizan ahora el país. Para Trump y Rubio, Cuba no representa simplemente un régimen comunista obsoleto, sino una plataforma de confrontación estratégica: espionaje contra instalaciones estadounidenses en Florida y proyección de influencia hostil en el Caribe.

El objetivo oficial de Washington es una «transición pacífica» hacia la democracia y una economía de mercado antes de finales de 2026, o incluso una «toma de control amistosa». Mientras tanto, el Pentágono despliega tropas y recursos navales —entre ellos el USS Nimitz— para responder rápidamente ante escenarios de colapso durante el verano.

La prioridad declarada sigue siendo el estrangulamiento económico antes que una invasión directa, demasiado costosa y arriesgada. Sin embargo, la acusación contra Raúl Castro y los preparativos militares sugieren que todas las opciones permanecen abiertas.

El mundo contiene la respiración.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.