Con 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una ley especial que permitirá transferir dos inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), con el objetivo de legalizarlos y entregarlos a familias de la comunidad Barrio La Aduana, en el distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste.

La normativa establece un procedimiento que permitirá que, una vez traspasados los terrenos desde el Ministerio de Hacienda, estos sean regularizados y adjudicados de forma gratuita a las familias que los han ocupado durante años.

Contexto

El principal inmueble, ubicado en la intersección de la 1.ª avenida Sur, 3.ª calle Poniente y avenida Osegueda, tiene una extensión de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales más de 7,400 ya están habitados. Además, se incluye un segundo terreno de 1,573 metros cuadrados, situado al final de la avenida Francisco Osegueda, que fue declarado en desuso por la alcaldía en 2023 para facilitar su asignación.

El proceso para la transferencia de estos terrenos inició en julio de 2023, cuando el Consejo de Ministros autorizó el traspaso a FONAVIPO, decisión que fue ratificada en mayo de 2025 antes de ser remitida a la Asamblea Legislativa para su aprobación final.

De acuerdo con lo establecido, serán beneficiadas las familias que han ocupado los terrenos de manera continua durante al menos 10 años, quienes además podrán acceder a programas de apoyo o créditos para mejorar sus viviendas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El Ministerio de Hacienda asumirá las deudas municipales pendientes del inmueble principal hasta la entrada en vigencia de la ley, mientras que FONAVIPO continuará con los trámites necesarios para completar la transferencia a los beneficiarios.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, en coordinación con FONAVIPO, realizará un censo para identificar a las familias beneficiadas, así como la lotificación de los terrenos. A través de la Dirección de Legalización de la Propiedad, también se ejecutarán las mediciones, delimitación de lotes y los procesos ante el Centro Nacional de Registros (CNR).

El proceso, al ser declarado de interés social, estará exento del pago de impuestos, derechos registrales y otros costos, lo que facilitará la entrega de las escrituras.

Condiciones particulares

Como parte de las condiciones, las familias no podrán vender, alquilar ni transferir las propiedades durante un período de 20 años, salvo en casos autorizados a favor de FONAVIPO.

Durante la discusión, el diputado de Nuevas Ideas, Ángel Lobos, calificó la aprobación como un momento histórico para la comunidad, al señalar que durante años las familias no lograron obtener certeza jurídica sobre sus terrenos.

En la misma línea, el legislador Caleb Navarro destacó que la comunidad ha permanecido por cerca de 70 años en la zona sin lograr la legalización de sus propiedades, situación que ahora comienza a resolverse con la aprobación de la ley y añadió que diputados del FMLN y ARENA no hicieron nada al respecto.

Con esta medida, las autoridades buscan brindar seguridad jurídica a decenas de familias y avanzar en el proceso de regularización de tierras en el país.

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