El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) elevó este jueves una nueva alerta sobre la situación de la libertad de prensa en El Salvador, al presentar una declaración formal ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, un órgano bipartidista del Congreso de Estados Unidos. En el documento, la organización internacional advierte sobre una “erosión sistemática” del ejercicio periodístico en el país en el contexto del prolongado régimen de excepción.

La declaración fue expuesta durante una audiencia titulada “El Estado de Excepción en El Salvador: Año Cinco”, celebrada en el Capitolio estadounidense. El documento fue presentado por Dánae Vílchez, investigadora para América Latina del CPJ, quien delineó un panorama que, según la organización, refleja un deterioro sostenido de las condiciones para el periodismo independiente.

De acuerdo con el CPJ, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha utilizado de manera progresiva las herramientas del estado de excepción para restringir libertades civiles, incluyendo la libertad de prensa.

Aunque dichas medidas fueron implementadas inicialmente como respuesta a la violencia de las pandillas, el organismo sostiene que su aplicación continua ha permitido la consolidación de mecanismos que afectan directamente a los medios de comunicación.

El informe señala que este fenómeno no es aislado, sino que forma parte de una tendencia regional en América Latina, donde distintos gobiernos —independientemente de su orientación ideológica— han adoptado prácticas similares para controlar o debilitar a la prensa crítica.

Un patrón regional de presión a la prensa
El CPJ contextualiza la situación salvadoreña dentro de un escenario más amplio, comparándola con dinámicas observadas en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. En estos casos, se señala a Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, respectivamente, como impulsores de modelos de gobernanza que incluyen restricciones al periodismo independiente.

Asimismo, el informe menciona el caso de Guatemala, donde, pese a la elección del presidente Bernardo Arévalo, persisten prácticas de acoso judicial contra periodistas, heredadas de administraciones anteriores.

Como ejemplo de esta tendencia, el CPJ recuerda que actualmente al menos tres periodistas permanecen detenidos o bajo arresto domiciliario en la región: José Rubén Zamora, en Guatemala; Elsbeth D’Anda, en Nicaragua y Yeris Curbelo Aguilera, en Cuba.

Las principales consecuencias
Uno de los puntos centrales del informe es el impacto que estas condiciones han tenido sobre los periodistas salvadoreños. Según datos recopilados por el CPJ, al menos 40 profesionales de la comunicación han optado por el exilio en los últimos años debido a la presión estatal.

El documento sostiene que este desplazamiento ha sido impulsado, en parte, por la aprobación de normativas como la Ley de Agentes Extranjeros, que —según el organismo— limita el financiamiento de medios independientes. A ello se suman represalias vinculadas a investigaciones periodísticas sensibles.

Entre los casos citados se encuentra el de periodistas del medio digital El Faro, quienes abandonaron el país tras la publicación de reportajes sobre presuntas negociaciones entre el gobierno y estructuras criminales. Según el CPJ, estos comunicadores buscaron refugio en países como Costa Rica, Guatemala y México ante el riesgo de órdenes de captura.

Para quienes permanecen en El Salvador, el informe describe un escenario marcado por la autocensura. Los periodistas, señala, evitan firmar sus notas o abordar temas relacionados con seguridad, corrupción o pandillas ante el temor de enfrentar consecuencias legales.

Detenciones y casos emblemáticos
El CPJ también documenta casos específicos que, a su juicio, evidencian el uso del aparato estatal para intimidar o castigar el ejercicio periodístico.

Uno de ellos es el de Víctor Barahona, comunicador que fue detenido durante más de 11 meses en 2022 bajo acusaciones de colaboración con pandillas. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), durante su detención habría sido sometido a tortura psicológica. Fue liberado en mayo de 2023 sin explicaciones oficiales.

Otro caso es el de Benjamín Amaya, padre de la periodista Carolina Amaya, quien fue arrestado en 2023 por supuesta asociación ilícita. De acuerdo con el testimonio citado en el informe, la detención estaría relacionada con investigaciones ambientales publicadas por el medio Mala Yerba sobre la contaminación del lago de Coatepeque.

Presión económica y judicial contra medios
El informe también describe una estrategia de presión financiera y legal contra medios de comunicación. Según el CPJ, instituciones estatales han recurrido a auditorías fiscales, demandas civiles y procesos administrativos para debilitar económicamente a redacciones independientes.

Otro de los aspectos abordados es el uso de herramientas tecnológicas para la vigilancia de periodistas. El CPJ retoma hallazgos de investigaciones realizadas por Citizen Lab y Amnistía Internacional, que documentaron el uso del software espía Pegasus en dispositivos de al menos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil en El Salvador.

El spyware, de fabricación israelí, habría sido utilizado entre 2020 y 2021 para monitorear comunicaciones privadas. En respuesta, El Faro presentó una demanda en tribunales estadounidenses contra la compañía.

El CPJ también critica el discurso de altos funcionarios salvadoreños, incluyendo al presidente Bukele, quienes —según el informe— han desacreditado públicamente a medios independientes, calificándolos de “panfletos” o acusándolos de difundir información falsa.

Para la organización, este tipo de declaraciones contribuye a generar un ambiente hostil que legitima ataques contra periodistas tanto desde el aparato estatal como desde la ciudadanía.

En paralelo, el informe denuncia restricciones al acceso a la información pública. Señala que durante la pandemia de COVID-19 se clasificaron datos clave sobre salud y gasto público, y que posteriormente se eliminaron mecanismos de supervisión de contratos estatales durante el estado de excepción.

Según el CPJ, estas medidas han derivado en un “apagón informativo”, obligando a los periodistas a depender de fuentes no oficiales o filtraciones ante la falta de transparencia institucional.

Recomendaciones al gobierno estadounidense
En su declaración, el CPJ no solo expone la situación, sino que también plantea una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno de Estados Unidos, incluyendo al Congreso y a la administración del presidente Donald Trump.

Entre las principales medidas sugeridas se encuentran:

• Garantizar la seguridad y libertad de los periodistas salvadoreños, creando condiciones para el retorno de quienes se encuentran en el exilio. Poner fin a la persecución, vigilancia e intimidación contra comunicadores y sus familias.
• Detener el uso de instituciones estatales con fines de censura o presión económica.
• Restablecer el acceso público a la información gubernamental mediante la desclasificación de datos y el fortalecimiento de la transparencia.

La presentación del CPJ ante la Comisión Tom Lantos representa un nuevo capítulo en el seguimiento internacional a la situación de derechos humanos en El Salvador. El organismo concluye que, sin medidas correctivas, el país corre el riesgo de consolidar un entorno donde el periodismo independiente se vea cada vez más limitado.

En este contexto, la organización hace un llamado a los responsables de políticas públicas en Estados Unidos para que impulsen acciones que contribuyan a restaurar la rendición de cuentas democrática en El Salvador.

Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades continúa marcando la agenda nacional, con la libertad de prensa en el centro de la discusión.

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