Tribunal frena proceso por desacato contra administración Trump por vuelos a El Salvador
Desde la parte demandante, el abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles, anunció que solicitarán una revisión del caso ante el pleno del tribunal
Más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador por Estados Unidos, el 31 de marzo de 2025. Oficina de Prensa Presidencial de El Salvador / Anadolu (Foto: Oficina de Prensa de El Salvador / ANADOLU / Anadolu vía AFP)
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ordenó este martes poner fin al proceso por desacato promovido por un juez federal contra la administración del expresidente Donald Trump, relacionado con el traslado de migrantes venezolanos hacia El Salvador en marzo de 2025.
La decisión fue adoptada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, que concluyó que el juez James Boasberg incurrió en un abuso de discreción al mantener abierta la investigación penal por desacato.
En la opinión mayoritaria, la jueza Neomi Rao sostuvo que la administración tenía un derecho “claro e indiscutible” a que se diera por concluido el proceso, al considerar que la orden emitida en marzo de 2025 no establecía de forma explícita la prohibición de trasladar a los migrantes a custodia salvadoreña.
“El desacato penal está disponible únicamente cuando se viola una orden clara y específica”, señala el fallo, que considera que ese requisito no se cumplía en este caso.
El origen del litigio se remonta al 15 de marzo de 2025, cuando Boasberg emitió una orden de restricción temporal para impedir la transferencia de un grupo de migrantes venezolanos a El Salvador, amparándose en una legislación del siglo XVIII. No obstante, tras la resolución, dos aviones con migrantes partieron hacia el país, donde fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad, Cecot.
El juez federal había advertido que la administración pudo haber actuado de mala fe al ejecutar los traslados pese a la orden judicial, y cuestionó que las explicaciones ofrecidas no resultaron satisfactorias.
El fallo representa un nuevo episodio en la pugna legal en torno a la política migratoria impulsada por Trump, particularmente en lo relativo a las deportaciones masivas.
Desde la parte demandante, el abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles, anunció que solicitarán una revisión del caso ante el pleno del tribunal. A su juicio, la decisión constituye “un golpe al Estado de derecho” y sostiene que la administración incumplió deliberadamente la orden judicial.
El panel estuvo integrado además por los jueces Justin Walker, quien respaldó la decisión, y J. Michelle Childs, quien votó en contra. En su disenso, Childs advirtió que el fallo debilita la autoridad de los tribunales y podría incidir en futuros procesos judiciales.
La controversia también ha tenido repercusiones en el ámbito político. Trump ha cuestionado públicamente a Boasberg e incluso ha pedido su destitución, una postura que fue rechazada por el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts.
