Un manejo integral de las migraciones involucra a países de origen, de tránsito y de destino, así como a organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales y, desde luego, a los propios migrantes.

Los países de origen dan cada vez más importancia a la protección de sus ciudadanos en los países de tránsito y de destino, pero el principio de coherencia exige que se ponga el mismo empeño al interior de cada país para mejorar la cotidianidad de sus ciudadanos y puedan ejercer plenamente todos sus derechos, incluido el derecho de permanecer. En otras palabras, el manejo de las migraciones no puede hacerse pensando solo en la protección de los ciudadanos que ya están en otros países, mientras se descuida la mejora de la vida de los que no han emigrado. Tampoco puede hacerse pensando en que las políticas económicas de los gobiernos no tienen ni vinculación ni impacto en la decisión de muchas personas de emigrar.

A la migración por imperiosas razones económicas y sociales hay una tendencia de llamarle voluntaria, considerando que la obligatoria está vinculada a los derechos civiles y políticos, por ejemplo, en el caso de los refugiados, pero cuando se piensa en que hay personas que apenas sobreviven en sus propios países por falta de oportunidades laborales, o de acceso a servicios básicos, algunos de ellos derechos reconocidos como el acceso al agua, la salud y la educación, entonces vale replantearse la noción de la voluntariedad.

En muchos países del Sur, las medidas económicas que han prescrito la reducción del Estado han resultado, inter alia, en su retiro de ciertos espacios, dejando vacíos que otros han llenado rápidamente con su propia ley y a su manera. Pero hay bastante más, porque como argumenta Jacques de Saint Victor en su libro Un pouvoir invissible: Les mafias et la société démocratique XIXe – XXIe siècle (Un poder invisible: las mafias y la sociedad democrática en los siglos XIX -XXI), la “externalización”, es decir, la delegación de funciones del sector público al sector privado ha tenido, en abundantes casos, tanto en países del Sur como del Norte, el efecto perverso de transformar al crimen organizado en simple subcontratista de las autoridades locales, porque es más fácil para un grupo del crimen organizado tomar el control de una agencia local que de un ministerio. Esto, considera el autor, debilita las instituciones y contribuye a la gangrena de la democracia porque el sistema económico está tan descontrolado que la delincuencia y las finanzas ya no conviven sino que hacen causa común.

Para el profesor Noam Chomsky en su artículo The Hight Cost of Neoliberalism: Financial liberalization undermines democracy, handing power to a “virtual senate” (El alto costo del neoliberalismo: la liberalización financiera socava la democracia, entregando el poder a un “senado virtual”), en el mundo contemporáneo de naciones con Estados capitalistas, la pérdida de soberanía puede conducir a una disminución de la democracia y de la capacidad de los Estados para gestionar políticas sociales y económicas según sus propios términos. Para él, la historia demuestra que, con frecuencia, la pérdida de soberanía conduce a una liberalización impuesta en beneficio de los poderosos, pues la liberalización financiera crea lo que algunos economistas han llamado un “senado virtual” de inversores y prestamistas que realizan “referendos puntuales” sobre las políticas gubernamentales. Ese “senado virtual” determina qué políticas son “irracionales” porque están diseñadas para beneficiar a las personas y no a las ganancias, y puede ejercer su poder de veto mediante la fuga de capitales, ataques a la moneda y otros medios.

En tal estado de cosas, es imperativo analizar los efectos de ciertas políticas económicas con su impacto directo en la realidad economía cotidiana de muchas personas, en la seguridad, y en la decisión de emigrar. También, es fundamental preguntarse sobre los derechos humanos, que hasta hace poco eran parte de la responsabilidad del Estado, pues la privatización de servicios esenciales, como señala Amnistía Internacional en su artículo Los derechos humanos y la privatización, lleva “a menudo a la falsa idea de que el Estado deja de ser responsable de [su] realización…y de que dicha responsabilidad ha sido traspasada al proveedor del sector privado. Aunque el proveedor del sector privado es responsable en la medida en que lo determina la ley, continúa siendo el Estado quien debe rendir cuentas en primer término por sus responsabilidades en relación con los derechos humanos”.

Además, dice Amnistía Internacional, “Cuando el servicio en sí es un derecho, el Estado tiene que garantizar que no existe discriminación en el acceso a servicios específicos y que no se deniega el servicio en cuestión. Algunos de los servicios que son derechos en sí son el agua, la educación y la vivienda. El derecho al agua es parte del derecho a la vida”.

En su libro What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (Lo que el dinero no puede comprar: los límites morales de los mercados), el profesor Michael J. Sandel considera que esa visión de que todo tiene un precio, de que todo puede comprarse y venderse, tiene una tendencia corrosiva y corruptora porque los mercados no solo asignan bienes, sino que también promueven ciertas actitudes y comportamientos sociales y culturales hacia el bien que se intercambia. Los economistas asumen que los mercados son inertes, que no afectan los bienes que se intercambian, pero eso no es no es así porque dejan huella y a veces desplazan los valores que verdaderamente valen la pena.

Ponerle precio a todo ha llevado a extremos inimaginables, y el profesor Michael J. Sandel proporciona ejemplos muy dicientes en su libro: mejorar la celda de una prisión en Santa Ana, California: $ 82 por noche; los servicios de una madre sustituta india para llevar un embarazo: $ 5,250; el derecho a disparar a un rinoceronte negro en peligro de extinción en Sudáfrica: $ 150 mil; alquilar espacio publicitario en la frente o en cualquier parte del cuerpo de una persona en Nueva Zelanda: $ 777; hacer cola durante la noche para guardar un lugar a un cabildero que quiere asistir a una audiencia del Congreso de los Estados Unidos: $ 15-20 por hora; pagar a un alumno de segundo grado para leer un libro: $ 2; compartir la póliza de una persona enferma o anciana, pagando las primas anuales mientras la persona está viva y luego cobrar el beneficio cuando muere, se ha convertido en una industria de $ 30 mil millones de dólares por año; y cuanto antes muera la persona, más gana el inversor. Todos estos ejemplos están en precios de 2012.