El objetivo es agilizar los trámites al eliminar requisitos que se consideren innecesarios en trámites de comercio
El objetivo es agilizar los trámites al eliminar requisitos que se consideren innecesarios en trámites de comercio

La Asamblea Legislativa aprobará en la plenaria de este martes una reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) para eliminar la exigencia de apostilla o legalización en documentos extranjeros de operaciones comerciales y aduaneras, con el objetivo de agilizar trámites, reducir la burocracia y fortalecer el comercio exterior.
Según la iniciativa del gobierno la reforma busca facilitar los trámites en las operaciones aduaneras, eliminando las exigencias «innecesarias».
El dictamen favorable se aprobó la tarde del lunes en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.
La apostilla «es un sello que certifica la autenticidad de la firma y el título bajo el que actúa la persona que firma el documento», según la definición en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Actualmente, dicha ley no contiene en su articulado disposiciones de apostillado de documentos para trámites ante la administración pública.
La propuesta consiste en agregar un artículo 4-A sobre Documentos emanados en el extranjero, que establezca: «Cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero, la Administración Pública no exigirá su legalización o apostilla, ni requerirá copias autenticadas, copias impresas o con firma manuscrita cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos».

Agrega que Administración Pública tampoco exigirá la legalización o apostilla de esos documentos cuando se cuente con «mecanismos de verificación electrónica u otros medios de validación establecidos por la entidad emisora, o cuando la institución pública pueda verificar su autenticidad mediante mecanismos previstos en normativa aplicable o con base en convenios, acuerdos u otros instrumentos de cooperación suscritos con las entidades extranjeras correspondientes».
La propuesta de modificación incluye que, en los casos que sea necesaria la apostilla en otros trámites, la Administración pública podrá emitir resoluciones provisionales para agilizar trámites mientras se presentan los documentos, otorgando un plazo de diez días hábiles para subsanar, tras lo cual la resolución será definitiva.
Según la Convención de La Haya sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, la apostilla no aplica a documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.
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