La Corte Suprema de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo dominado por conservadores le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.

En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

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Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo.

En su opinión, los tres jueces consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones pues consideran que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplica en este caso.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China por los flujos de drogas ilícitas y la inmigración.

«Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la IEEPA, «lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios», explica el alto tribunal.

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.

Trump ha insistido en que sería «muy decepcionante» que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones.

También ha reconocido que sería «prácticamente imposible» devolver los cantidades cobradas a los importadores.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados «aranceles recíprocos», que oscilan entre el 50 % que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.