El Salvador ha experimentado en los últimos siete años una reducción en la cifra de permisos autorizados para las unidades del transporte público colectivo de pasajeros y transporte especial de pasajeros; lo que contrasta con el crecimiento en general del parque vehicular el cual experimenta una variación anual de hasta un 7.9 %, como la del 2025.

El parque vehicular vigente en el país es de 2,034,482, que son 674,920 unidades más que las reportadas en el año 2020, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

En contraste, en dicho año habían 10,553 unidades del transporte público colectivo de pasajeros, autobuses y microbuses, que son 1,461 unidades menos para el 2026, de acuerdo al Viceministerio de Transporte (VMT).

Mientras que en el rubro de transporte especial de pasajeros (autobuses y microbuses) había 3,428 unidades en 2020. En la actualidad hay 476 unidades menos que entonces.

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Es decir que en los últimos siete años dejaron de circular 1,937 unidades que prestaban el servicio como transporte público colectivo y especial de pasajeros.

La mayor reducción de los permisos de transporte público colectivo de pasajeros fue en el 2025 respecto al 2024, con 738 permisos menos. 

Igual situación ocurrió con el transporte especial de pasajeros, durante el mismo periodo, con 790 permisos menos.

¿Alivio?

La Asamblea Legislativa aprobó el 23 de diciembre de 2025 una reforma a las Disposiciones Transitorias para la Sustitución de Vehículos, Refrenda de Permisos, Cambio de Concesionario y Permisionarios, Ampliación de Plazo de Contratos de Concesión y Adopción de Medidas Provisionales.

Esta otorga 18 meses para la sustitución de las unidades de transporte público de pasajeros que cumplieron 20 años en 2024 y 2025 o los cumplen en 2026.

Este tipo de beneficios se otorga desde el 20 de junio de 2023 y se debe a que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que las unidades de transporte colectivo de pasajeros deben salir de circulación al cumplir 20 años de fabricación.

Pero la medida no ha logrado recuperar las cifras de unidades que tenía el país en el año de la pandemia por el coronavirus, que fue cuando comenzó a registrarse una disminución.

Aunque probablemente fue un alivio para los transportistas, porque las 9,092 unidades del transporte público colectivo de pasajeros que circulaban para enero de 2026, representaron un aumento del 2.19 % respecto a las que lo hicieron en el 2025, cuando fueron 8,897.

“Según las causas determinables por esta Dirección General (de Transporte Terrestre) existen diferentes motivos (en la reducción de unidades) como la no refrenda de permisos de línea de las unidades por parte de los concesionarios y permisionarios del transporte público de pasajeros, lo cual puede ocurrir a causa de la antigüedad de los vehículos y no sustitución de los mismos”, indicó el Viceministerio de Transporte (VMT) a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

En la solicitud se consultó sobre el parque vehicular del transporte público colectivo de pasajeros y del transporte especial de pasajeros; además si hubo una disminución de los mismos.

En respuesta a lo solicitado, la dependencia gubernamental reconoció que “sí” ha habido un descenso en este tipo de unidades.

Buses fuera de circulación

Lucio Vásquez, quien es parte de la Mesa Nacional de Transporte, reconoció que el alto costo de las unidades usadas les impide la sustitución exigida por la ley. Una unidad usada importada de Estados Unidos cuesta hasta $57,000 cuando anteriormente valían $30,000.

Aunque el VMT reportó, para este año, un incremento en las unidades del transporte público colectivo de pasajeros respecto a 2025, Vásquez dijo que a partir de enero de 2026, unas 300 unidades salieron de circulación luego que empresarios no lograron renovar los permisos.

Analizó que por cada unidad que es sacada de circulación se dejan de dar 500 movilizaciones cada día.

“Estamos hablando que ya cerca de 750,000 movilizaciones se perdieron en el país (tomando en cuenta las casi 1,500 unidades sacadas de circulación). Por eso vemos una saturación de otros servicios que vienen, incluso, a impactar negativamente también al sector”, dijo el empresario.

Esto último en referencia a la circulación de vehículos que trabajan en el traslado de personas en función comercial sin contar con la debida autorización; situación que también fue reconocida por el VMT.

“Adicionalmente, existen vehículos que circulan sin la debida autorización”, indicó el Viceministerio.

La cifra de vehículos que son utilizados como transporte alternativo en algunas zonas del país ya supera en cinco veces a las unidades del transporte público colectivo de pasajeros.

A nivel nacional circulan 47,534 unidades de este tipo de vehículos (de tres y cuatro ruedas), lo que representa el 2.34 % del parque vehicular, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Impacto ambiental

Aunque el parque vehicular asciende a más de dos millones no significa que su tendencia sea equitativa en los 1,890,571 hogares que hay en el país, de acuerdo a datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024 del Banco Central de Reserva (BCR).

El estudio consigna que 530,147 de los hogares reportaron la tenencia de automóviles, es decir el 28%; además que el 17.5% (330,929 hogares) cuenta con una motocicleta. 

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, señaló que El Salvador no tiene un sistema fiable de transporte masivo, como sucede en otros países. A lo que se suma que la planificación urbana no existe en el país.

“Las autoridades deberían de actuar con mayor responsabilidad; necesitamos un transporte masivo porque continuar incrementando los vehículos particulares genera grandes congestionamientos y la movilidad se vuelve más ineficiente”, dijo.

Navarro dijo que el transporte es un tema que no se ha planificado adecuadamente en el país y que, además, contamina el medioambiente ya que buena parte de los gases de efecto invernadero, que son los que ocasionan el cambio climático, son generados por las fuentes móviles, como los vehículos.

El coordinador del programa Sin Bicicleta no hay Planeta del CESTA, Jesús López, señaló que se requiere una campaña de educación vial donde se promueva el transporte colectivo; pero que este debe de ser seguro y accesible porque se reportan casos donde el traslado, en la teoría, debe de tardar 30 minutos pero se prolonga hasta tres horas.

Que el 28% de los hogares cuente con un automóvil y el 17.5% con una motocicleta “es una brecha demasiado grande” considerando lo “ineficiente que es el transporte público”, generando un “problema de movilidad serio”.

“Se necesita una campaña y regular el sistema de movilidad que tenemos en el país”, indicó López.

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Alternativa

El gobierno impulsa varios proyectos de ampliación y construcción de carreteras, entre otros, con la finalidad de disminuir los tiempos de traslados.

Una de las iniciativas es el Metrocable, en Mejicanos, que forma parte de un proyecto integral que a futuro conecte con otras líneas de transporte, como un metro o tranvía, indicó el titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez Herrera, en una entrevista de televisión.

El Metrocable tendrá una longitud de 3.5 kilómetros, contará con 153 góndolas y su inversión sobrepasa los $110 millones.

Cada góndola tiene la capacidad de trasladar a 10 personas -incluyendo a dos o tres con movilidad limitada- y se prevé que reduzca los tiempos de traslados, pasando de más de una hora en vehículo particular a 15 minutos a través de dicho sistema que viajará a una velocidad de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Gobierno adeuda ocho meses de compensación a buses y microbuses

Miembros de la Mesa Nacional del Transporte afirman que el gobierno les adeuda ocho meses de compensación económica a los transportistas, lo que equivale a $25 millones.

Lucio Vasquez, de la Mesa, lamentó que la tarifa que pagan los usuarios está congelada desde hace casi dos décadas, pues corresponde a la de 2009.

Analizó que la compensación económica busca mantener la tarifa estable y darle al transportista la capacidad de mantenimiento y sostenibilidad de la unidad.

“Pero cuando nosotros vemos que no hay seriedad en los depósitos que se tienen que hacer mes con mes, entonces el funcionario decide no darle movilizaciones a la población salvadoreña”, dijo Vásquez.

Se intentó conocer sobre cuántos meses el gobierno no ha cancelado la compensación económica a los transportistas; pero no fue posible debido a que existe una Declaratoria de Reserva relacionada a las operaciones de ingresos, egresos y pagos de la Contribución  Especial para la Estabilización de las Tarifas del transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo.

La reserva es por tres años a partir del 23 de diciembre de 2025.

El 3 de mayo de 2024 ya se había clasificado como reservada dicha información; medida que terminó el 31 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, el ingreso estimado del COTRANS para 2026 es de $60 millones.