El abogado Jaime Ramírez Ortega sugirió que el nuevo Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR) sea “regido por un Consejo Académico”, más allá de la figura del fiscal general. Así lo mencionó en una entrevista televisiva, este 12 de febrero.

De acuerdo a la Ley de creación del Instituto que fue aprobada el miércoles por la Asamblea Legislativa, el fiscal general, actualmente Rodolfo Delgado, fungirá como el representante legal de este centro de educación superior, el cual estará “orientado a elevar la calidad de la investigación criminal y robustecer el sistema de justicia”.

Aunque el Instituto tiene autonomía técnica y académica, el abogado señala que “le falta una autonomía docente”, que es fundamental para una institución de educación superior, según la Constitución.

“El Fiscal General es el representante legal, pero las decisiones académicas deberían descansar en ese cuerpo académico, el cual debería nombrar un rector que dé la línea académica de cómo será la investigación científica ”, agregó Ramírez.

El instituto fue presentado como una apuesta para modernizar y profesionalizar la formación de fiscales ante delitos más complejos, mediante una currícula actualizada en ciencias jurídicas, forenses, criminología e investigación criminal.

“Ya no tenemos ese clima pandilleril de violencia, zozobra, miseria, violaciones; sin embargo, el crimen no descansa, está mutando constantemente. Las estafas han aumentado en El Salvador, el hurto informático, estafas desde el extranjero”, señaló Ramírez.

El Instituto Especializado impartirá cursos, diplomados, maestrías y doctorados. Estará adscrito a la Fiscalía, pero responderá a la Ley de Educación Superior y a las normas del Ministerio de Educación y por tanto los títulos serán oficiales.

Carga fiscal en el régimen de excepción

De acuerdo a apreciaciones del abogado, la carga (de investigaciones) ha cambiado debido a que ya no se registran cifras altas de homicidios diarios, pero ahora los fiscales deben resolver los casos de personas detenidas en el contexto de régimen de excepción, “que supera por mucho lo que antes se cometía en crímenes”.

“Si hay pruebas de descargo, en manos de la Fiscalía, para desvincular a personas que no tienen nada que ver con el accionar pandilleril, bien haría la Fiscalía en tratar de que, si hay evidencia clara de que no han cometido crimen, puedan salir en ese proceso”, puntualizó Ramírez.