El Salvador con leve mejora en Índice de Corrupción, pero experimenta «declive» en transparencia
Transparencia Internacional su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025. En el caso de El Salvador, la puntuación fue de 32, dos puntos más que el IPC de 2024.
Human Rights Watch señaló en su informe que en 2025 se profundizó la represión contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, y menciona las capturas de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, realizadas en mayo y junio de 2025. | Foto EDH/Archivo
Por: EFE/Susana Peñate
El Salvador experimenta un «declive» en la transparencia y en las libertades cívicas, según reveló este martes 10 de febrero el informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional (TI).
El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público con una escala de cero (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción).
En el caso de El Salvador, la puntuación fue de 32, dos puntos más que el IPC de 2024. El informe señala que las «restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno».
El Salvador se ubica en la posición 120 de 182 países evaluados por TI. En la edición de 2024 estaba en la posición130.
La calificación del país no ha llegado ni cerca de la mitad del puntaje en más de diez años. La calificación más alta la obtuvo en 2014, con 39 puntos, y desde entonces fue en descenso en los años siguientes. Para 2020 fue de 36 puntos y 34 en 2021. La más baja fue en 2024 cuando obtuvo 30 puntos.
Diversas organizaciones han rechazado la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y han señalado que «es una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas, pues, abre la puerta a la imposición de sanciones discrecionales, establece un impuesto punitivo y es un marco para la vigilancia estatal, la censura y el castigo».
«Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas», apunta TI en su informe.
Además, señala que «las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno».
«La sociedad civil en general, ante los diferentes temas sociales o políticos, ofrece una visión alternativa, una visión complementaria de los fenómenos o hechos políticos, sociales y económicos. Y obviamente, esas diferentes visiones van orientadas a mejorar los diferentes ámbitos», comentó Acción Ciudadana.
En temas de corrupción la sociedad civil juega un rol importante, porque al no ser ni partido político ni ser parte del gobierno, «tienen una mayor independencia de criterio» para evaluar, por ejemplo, el cumplimiento de las leyes y exigir rendición de cuentas.
«Sin duda, el rol de la sociedad civil en temas de combate a la corrupción es importante porque es un actor que puede incidir en que el poder político sea transparente, en que sea honesto y rinda cuentas», agregó.
Expertos señalan que se ataca a la sociedad civil por su labor técnica en diferentes ámbitos y su capacidad de exigir rendición de cuentas.
«Cuando se encarcela a personas como Ruth López, una defensora reconocida a nivel internacional por su trabajo anticorrupción, el mensaje es claro para la ciudadanía: denunciar tiene un costo. Restringir a la sociedad civil no reduce la corrupción; reduce la vigilancia sobre el poder», comentó Jonathan Sisco, experto en anticorrupción.
Pero destaca que hay algo que «no ha desaparecido» y es la convicción de muchas personas «de que la transparencia y la decencia valen la pena. La transparencia nunca fue un regalo desde el poder, sino una conquista desde la sociedad».
Marcha 2025.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público.
El índice asigna una puntuación a 182 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, no del público.
