El plazo para que se conozca la nueva propuesta de reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones está a punto de vencer, pues el gobierno, a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene hasta el próximo 10 de febrero para presentarla y, con ello, definir el camino que tomará para sanear las finanzas públicas, las cuales se han venido deteriorando en los últimos años debido al fuerte endeudamiento público

Esta reforma no solo es importante para la caja estatal, pues la misma podría afectar o beneficiar directamente a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que forman parte del sistema y que ven, con incertidumbre, lo que podría pasar con los ahorros para su vejez, los cuales se encuentran, a la fecha, comprometidos debido a la posibilidad de que no exista liquidez para pagar esas pensiones en el futuro, lo que se suma a que casi un 73% (más de $11,241 millones) del total de ahorro previsional ha sido tomado a modo de préstamo por el gobierno.

Pero, de entrada, lo que podría contener la nueva propuesta de reforma, según el economista e investigador Mario Montesino, es la modificación en los coeficientes previsionales, es decir, “el aumento de las edades de jubilación o de las contribuciones por ley de trabajadores y empresarios”, lo que se traduce en que esta reforma podría enfocarse más en restablecer la sostenibilidad fiscal y no tanto en mejorar las condiciones actuales de los cotizantes.

En este sentido, si se analiza la reforma que se aprobó en 2022, y que está vigente, puede observarse que, aunque la pensión mínima se incrementó en un 30%, en la práctica ese porcentaje beneficia más a las personas con más ingresos y que se jubilaron con mayores salarios, gracias a la denominada tasa de reemplazo, o sea los ingresos a través de la pensión que sustituyen al salario que la persona percibía antes de jubilarse.

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Esta desigualdad en la asignación de las pensiones es lo que convierte a la Ley de Pensiones actual en un sistema regresivo pues, como lo explica el estudio Cálculo del impacto redistributivo de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe, publicado en la revista Oxford Open Economics en 2025, en países como El Salvador, Colombia, Paraguay o Uruguay, esto ocurre porque “los trabajadores de bajos ingresos, que contribuyen de forma intermitente, normalmente no reciben pensión porque no alcanzan los niveles mínimos de contribución”, lo que significa que muchas personas que no lograron cotizar la cantidad mínima de años, aunque sí lo hayan hecho por mucho tiempo, ni siquiera logran pensionarse.

Y la mayoría de los que sí se pensionan, lo logran, pero con ingresos insuficientes. Según Montesino, “la crisis en el sistema actual, por el momento, se experimenta en las bajas e insuficientes pensiones de los actuales pensionados de las AFP para hacer frente al costo de la vida”.

Por lo anterior es que la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna cuestiona si la nueva reforma que se espera será para “cumplir técnicamente las exigencias del FMI” o si “significaría un abandono generacional en el Sistema de Pensiones”.

Ante ello, la organización señala que hasta el momento “se le ha dado mayor énfasis al tema de la deuda previsional por encima del déficit previsional”, por lo que las causas estructurales que amenazan la sostenibilidad del sistema, a largo plazo, aún no han sido abordadas y tampoco se sabe si la nueva propuesta incluirá acciones al respecto. Sin embargo, la Mesa espera que incluya medidas como “ampliar las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones, incrementar la densidad de cotización entre los trabajadores o reducir la dependencia del sistema de pensiones respecto a la deuda estatal”.

“Los problemas previsionales no pueden resolverse adecuadamente sin impulsar una reactivación de la economía a través de una mayor regulación económica concertada (con la sociedad) que permita una reestructuración de las inversiones que el país realiza en una ruta más eficiente”.

Mario Montesino, economista e investigador

No obstante, Montesino agrega que la propuesta sí podría implicar “una estrategia con incentivos hacia el sector informal con el fin de elevar sus capacidades y formalizarlos para incorporarlos al sistema como cotizantes”, esto con el fin de incrementar aspectos como la edad de jubilación o la cantidad de años trabajados. Sin embargo, también cuestiona cuál sería la estrategia, pues “no existe evidencia hasta el momento de que el problema de las pensiones se esté tratando en conjunto con los problemas productivos del país, ni a través del diálogo con los sectores afectados y los favorecidos”.

¿Es posible restablecer la sostenibilidad?

Cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la reforma a la ley actual, en noviembre de 2022, el comunicado oficial señalaba que el aumento del 30% a la pensión mínima era para mejorar los ingresos de las personas pensionadas y en edad de jubilación que seguían laborando, sin embargo, los análisis económicos del momento señalaban que el aumento era en detrimento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), es decir, ese fondo común que se alimenta con las aportaciones de los trabajadores actuales y que sirve para subsidiar las pensiones de aquellas personas que ya agotaron sus fondos previsionales individuales.

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Es precisamente sobre este punto que el FMI puso especial atención y solicitó al gobierno reformar la ley para evitar que el sistema caiga en la insostenibilidad, pues el mismo organismo expresó en su informe de hace un año que la CGS podría agotar su liquidez para 2027, por lo que, por defecto, podría descartarse un nuevo aumento de la denominada pensión mínima, ya que agregaría nuevas presiones a los fondos existentes.

Pero, ¿cómo podría solucionarse la crisis en el sistema y, a la vez, mejorar las condiciones para los y las cotizantes? Según Montesino, “los problemas previsionales no pueden resolverse adecuadamente sin impulsar una reactivación de la economía a través de una mayor regulación económica concertada (con la sociedad) que permita una reestructuración de las inversiones que el país realiza en una ruta más eficiente”.

Asimismo explica que, aunque el acuerdo de asistencia ampliada de $1,400 millones con el FMI se centra en restablecer la sostenibilidad fiscal, los colchones de liquidez o mejorar la gobernanza, sin hacer mención específica sobre mejorar las pensiones, “evidentemente la solución al problema de las pensiones se consideraba con un efecto por añadidura (de estas medidas) que, sin embargo, no ha ocurrido debido a que el desempeño productivo sigue siendo ineficiente, porque los diversos factores que provocan esto, como la migración y la informalidad o el trabajo por cuenta propia de bajos ingresos, prevalecen en el país”.

Por su parte, el artículo de Oxford Open Economics apunta que una posible solución a la regresividad de los sistemas de pensiones en Latinoamérica es que “los países pueden reducir o eliminar el número mínimo de años requeridos para acceder a prestaciones y proporcionar una prestación proporcional” lo que evitaría que trabajadores con pocos años cotizados o con bajos ingresos puedan estar también bajo la cobertura del sistema.

En este sentido, la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna también señala que evaluar incentivos para promover la formalización laboral, ampliar la cobertura previsional para trabajadores independientes o revisar los parámetros de cálculo de las pensiones sería lo ideal, o lo esperado, para la nueva reforma que se avecina. Sin embargo, será en los próximos días que se conocerá la verdadera apuesta de la nueva ley.