Pastores evangélicos, comerciantes, taxistas y sindicalistas son parte de un listado de 470 privados de libertad que murieron entre el 27 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, según consigna el informe reciente publicado por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH). 

Esta es una de las organizaciones que ha mantenido un monitoreo constante sobre los privados de libertad que han fallecido bajo custodia del Estado mientras el régimen ha estado vigente en el país, desde el 27 de marzo de 2022. 

Una de las cifras reveladas por SJH es que el 94 % de los reos fallecidos bajo custodia del Estado no tenían pertenencia a una pandilla, es decir, 442 de estos murieron sin ser pandilleros. 

Entre los fallecidos que no tenían vínculos con pandillas está el sindicalista José Leonidas Bonilla, quien murió en julio de 2022 a causa de torturas físicas y falta de tratamiento médico en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. 

También mencionan la muerte del profesor Manuel Mira, de 55 años, quien falleció el 25 de septiembre de 2025 por complicaciones médicas y falta de tratamiento. Era directivo de un sindicato de maestros. 

Según detalló la organización, un pandillero es una persona que ha pasado por un proceso de reclutamiento para entrar a una de estas estructuras criminales. Al interior de estos grupos, según SJH, existen “paros”, “postes” o “chequeos” que al ser “brincados” -que es una especie de prueba en las pandillas- se convierten en pandilleros. 

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Sin embargo, según describe la organización en el informe, la mayoría de fallecidos en las cárceles del país durante el régimen de excepción han sido clasificados por las autoridades como “bases de apoyo”, es decir, personas que probablemente se vieron obligadas a colaborar con las pandillas por temor o fueron forzados. 

“El 94 % de los fallecidos no eran pandilleros, en la mayoría de casos no tenían antecedentes o récord criminal y algunos casos tenían antecedente; pero no relacionado con pandillas”, describe el informe. 

El resto, un 6 % (28) eran personas que sí pertenecían a pandillas o que en algún momento pertenecieron a estas. Para el caso, citaron el ejemplo de Francisco Manuel Cañas Serrano, un pandillero criteriado, que fue enviado al Centro Penal de Izalco el 28 de abril de 2022 y fue asesinado siete días después. 

Cañas Serrano fue uno de los criteriados en el proceso judicial en contra de una estructura del barrio 18 que fueron declarados culpables por la masacre de 11 personas en San Juan Opico, en marzo de 2016. 

Otro de los pandilleros asesinados bajo el régimen de excepción fue Saúl Antonio Turcios Ángel, alias “El Trece”, quien fue atacado a puñaladas al interior del Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca.

El Diario de Hoy consultó a la unidad de prensa de la Dirección General de Centros Penales sobre la cantidad de reos fallecidos y si la mayoría de estos no pertenecían a una pandilla. Pero hasta el cierre de la nota no hubo respuestas a las consultas enviadas. 

El 60% en Izalco y Mariona

El informe de SJH publicado recientemente reveló que un 60 % del total de muertes de reos, documentadas por esta organización durante el régimen de excepción, se encontraban recluidos en los centros penitenciarios de Izalco, en Sonsonate y Mariona, en San Salvador. 

Las cifras recopiladas por SJH demuestran que desde la entrada en vigencia de esta medida, hasta el 31 de diciembre de 2025, al menos 470 personas bajo custodia del Estado han fallecido al interior de un centro penal, en un hospital o a los pocos días de haber recuperado su libertad. 

Sin embargo, la organización advierte que la cantidad de muertos podría ser mayor a las 1,300; pero solamente han podido documentar menos de 500 casos. 

Al analizar los centros penitenciarios en los que se encontraban recluidos los privados de libertad, la mayoría de estos estaban en el Centro Penal de Izalco y en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. 

“Los centros penitenciarios destinados por el Gobierno para albergar detenidos del régimen de excepción (no pandilleros) están: penal de Izalco, Mariona, Apanteos, Granja Zacatecoluca, Granja Santa Ana, Quezaltepeque. Por tal razón son los centros penitenciarios que más fallecidos reportan”, añade en el informe. 

Las estadísticas reportadas por Socorro Jurídico demuestran que en los primeros dos penales acumularon, hasta diciembre del año pasado, un total de 281 reos fallecidos, es decir, el 60% de todos los documentados. 

Le siguen el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana con 49 muertes; y el Centro Penal de Quezaltepeque, en La Libertad con 34. En esta última cárcel se encuentran principalmente la mayoría de reos con enfermedades crónicas.

Ingrid Escobar, vocera de Socorro Jurídico, afirmó que la mayor cantidad de muertes son en estos penales porque fueron las primeras prisiones en recibir a procesados bajo el régimen de excepción. 

“Lo cierto es que a los inocentes no los sacaron hacia el CECOT, a la gran mayoría los mantuvieron en estos centros penales (Mariona e Izalco) y son los que menos resisten, ya que no están acostumbrados a estar encerrados tanto tiempo, a estar expuestos a tantas enfermedades. El hacinamiento hace que haya más enfermedades y por lo tanto que de ahí salen las muertes”, mencionó Escobar. 

“Mi proyección es que 2026 va a ser el año más mortífero de los cuatro (que cumplirá el régimen) y será el más alto en muertes”, añadió. 

Por su parte, Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), 

lamentó que la mayor parte de los fallecidos en las cárceles provengan de Izalco y Mariona y cuestionó que el Gobierno salvadoreño no tome medidas para ampliar espacios en estas prisiones.

“Hay una saturación impresionante y tenemos entendido que Izalco, por ejemplo, es un penal que llevan a todas las personas que van recién capturando. Es repudiable y denunciable que el régimen no haya ampliado espacios para que quepa la gente”, dijo Ramírez. 

“Hay negligencias, arbitrariedades y pareciera que es una política premeditada para que la gente se muera en la cárcel”, agregó el vocero de este movimiento. 

El informe también analiza las causas de las muertes, en un tercio de casos fue por “causa desconocida” al no brindarse información y el otro tercio fue una muerte violenta. En muchos casos se atribuía a “edema pulmonar”.

Muertes en Izalco casi igualan a homicidios de dos años

Las 192 muertes reportadas en el penal de Izalco bajo el régimen de excepción casi igualan a las cifras de homicidio oficiales que ha confirmado el Gobierno de El Salvador en los últimos dos años. 

Las autoridades de Seguridad Pública y Justicia informaron el pasado 5 de enero que en 2024 ocurrieron 114 homicidios a nivel nacional; mientras que para el año pasado hubo un total de 82. Es decir, en los últimos dos años se han reportado 196 homicidios en todo el país. 

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Sin embargo, en los registros oficiales de las autoridades no aparecen posibles los asesinatos cometidos al interior de las cárceles. 

La Policía Nacional Civil (PNC) ha puesto en reserva desde el año 2024 toda la información o estadística vinculada con los fallecidos en centros penales. Además, la Fiscalía General de la República dijo el mismo año que no posee datos sobre estas muertes. 

Lo anterior a pesar que el fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó el 13 de junio de 2023 la muerte de 142 personas detenidas en el marco del régimen de excepción. Agregó en esa ocasión que los casos fueron archivados debido a que no constituían delitos luego de realizar las respectivas investigaciones. 

Una de las pocas muertes anunciadas por las autoridades al interior de Centros Penales fue la de alias “El Trece”, un cabecilla de la MS-13. 

La Policía Nacional Civil (PNC) contabilizó en sus registros diarios el homicidio de Saúl Turcios Ángel en agosto de 2024. Un año y tres meses después, en noviembre de 2025, la Fiscalía informó que dos pandilleros de la misma pandilla fueron condenados a 30 años de cárcel luego de asesinar a un reo al interior de la cárcel de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. 

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Sin embargo, este es de los pocos casos que son investigados y que derivan en un proceso judicial. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en los últimos años que sus familiares han sido asesinados en las cárceles, ya que los cuerpos presentan signos de violencia, pero en su mayoría no fueron investigados.