Cuando las medidas se sienten como persecución —por el despliegue, por el tono y por sus efectos— la gente no espera comunicados: se organiza. Y eso es exactamente lo que hemos visto.
En estos días, un líder comunitario de Chicago escribió en redes sociales una frase que, sin proponérselo, terminó describiendo el momento histórico que vive la población migrante en Estados Unidos: «La protección más fuerte que tenemos lxs migrantes en este momento es la comunidad organizada». No es una consigna. Es un diagnóstico.
Lo que se está imponiendo no es solo una política migratoria más severa; es un clima social donde el miedo se vuelve rutina y la incertidumbre se instala en hogares, escuelas y lugares de trabajo.
Cuando las medidas se sienten como persecución —por el despliegue, por el tono y por sus efectos— la gente no espera comunicados: se organiza. Y eso es exactamente lo que hemos visto.
Minnesota, por ejemplo, se convirtió en un espejo de esta nueva etapa. Miles de personas salieron a protestar, se promovieron cierres de negocios y un «apagón económico» para cuestionar el incremento de operativos y exigir límites claros al uso del poder estatal.
Reuters reportó movilizaciones masivas en Minneapolis, en medio de temperaturas extremas, con una narrativa contundente: «ICE fuera» y rendición de cuentas. Time describió la jornada como una acción coordinada —con participación de líderes religiosos, sindicatos y organizaciones comunitarias— que buscaba impactar la economía para llamar la atención del país. Y The Guardian retrató la dimensión política del mensaje: no era una protesta aislada, sino una forma de defensa civil ante lo que muchas comunidades perciben como un abuso sostenido.
Esta reacción tiene una lectura central: la comunidad se está convirtiendo en la primera línea de protección. ¿Qué significa eso en la práctica? Redes de «respuesta rápida» que verifican detenciones; acompañamiento a audiencias migratorias; colectas para asesoría legal; iglesias y organizaciones barriales que hacen de escudo; sindicatos que asumen que defender al migrante es defender al trabajador; y ciudadanos que, sin ser abogados ni diplomáticos, deciden que no se puede normalizar el atropello.
Aquí aparece la pregunta inevitable: ¿dónde están los actores que, en teoría, fueron creados para responder cuando hay vulneración de derechos? El sistema multilateral existe, precisamente, porque el poder sin límites es peligroso. Sin embargo, cuando la crisis baja al barrio, el multilateralismo suele llegar con una voz tardía o insuficiente, más útil para el registro histórico que para la protección inmediata.
En justicia, hay pronunciamientos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Estados Unidos respetar el derecho internacional, el debido proceso y evitar prácticas que deshumanicen a personas migrantes y refugiadas. Ese mensaje tiene valor. Pero también desnuda una debilidad estructural: la distancia entre denunciar y proteger; entre alertar y detener el daño; entre hablar y garantizar.
Y luego está el otro silencio: el de los países de origen. Centroamérica —y El Salvador en particular— no puede tratar a su diáspora como una estadística útil solo cuando llegan remesas. Cuando se endurecen las medidas, cuando crece la presión y se multiplican los riesgos para familias enteras, la responsabilidad consular y política debería ser visible, activa y persistente. No se trata de pelear con Estados Unidos; se trata de exigir estándares mínimos: debido proceso, trato digno, protección de la niñez, acceso a defensa y protocolos transparentes.
La prensa internacional también ha advertido que incluso quienes documentan y acompañan a las familias están siendo hostigados. El País reportó una campaña de acoso contra activistas que vigilan operativos, describiendo cómo su trabajo se volvió «necesario», pero cada vez más delicado. Y cuando la defensa de derechos empieza a implicar intimidación, el mensaje es escalofriante: se busca que la comunidad no mire, no registre, no denuncie.
En paralelo, organizaciones civiles han intentado llenar el vacío institucional. La ACLU, por ejemplo, impulsó un «fin de semana de acción» con protestas y vigilias en múltiples ciudades, como una forma de visibilizar el costo humano de las políticas y exigir límites. Es decir, la sociedad civil se mueve porque entiende que, si no se mueve, nadie lo hará con la misma urgencia.
Aquí está el punto de fondo: lo que llamamos «crisis multilateral» ya no es una discusión de expertos en foros internacionales. Es una experiencia cotidiana. Se siente cuando una madre no sabe si volverá a casa. Cuando un niño aprende a callar por miedo. Cuando una comunidad descubre que la protección no viene de arriba, sino de al lado.
Por eso la frase del líder comunitario de Chicago golpea con tanta fuerza: hoy la comunidad organizada es protección real.
Pero cuidado: que la comunidad resista no significa que deba resistir sola, ni que sea aceptable que la defensa de derechos dependa de voluntades agotadas, donaciones y valor ciudadano.
El Salvador —y la región— deben asumir una postura clara: más acompañamiento consular, más incidencia diplomática, más alianzas con redes legales y comunitarias, y una narrativa pública que defienda a la persona migrante como sujeto de derechos, no como pieza de negociación. Porque si el Estado calla y el multilateralismo titubea, la comunidad seguirá protegiendo. Sí. Pero el costo humano de esa soledad será imperdonable.
